Sanción, veto e insistencia: cómo será el derrotero de las leyes que votó el Senado nacional

El Congreso de la Nación sancionó este jueves las leyes de recomposición de haberes jubilatorios, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, y dio media sanción a las de distribución entre las provincias de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles, y remisión automática y según los parámetros de la coparticipación de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

El presidente Javier Milei confirmó minutos después que vetaría las tres normas ya sancionadas, y el mismo destino correrían llegado el caso las dos que obtuvieron media sanción y aún deben ser tratadas por Diputados. Y también que, si ambas cámaras del Congreso rechazan el veto, acudirá a la Justicia.

Unas horas después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó y pasó en limpio las intenciones del Poder Ejecutivo, aunque, conforme a los respectivos estilos, bajó el nivel de confrontación del discurso presidencial y añadió a las vías de acción la del diálogo. Tanto para intentar convencer a los legisladores (o al menos, al número suficiente dispuesto a convertirse en "héroe") para sostener el veto presidencial, como para recomponer los términos de la relación con los mandatarios presidenciales, que acordaron entre sí y a despecho del Poder Ejecutivo los proyectos de redistribución de recursos.

Todo lo cual abre distintos escenarios y posibilidades, atados a las previsiones constitucionales y el desenvolvimiento de la gestión política.

Veto

El camino del veto presidencial fue anticipado y luego confirmado por el presidente de la Nación. Consiste en el ejercicio de una atribución del Poder Ejecutivo concedida por la Constitución Nacional, a través del cual el presidente puede rechazar los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación. Esto en lugar de promulgarlos, que es el paso que sigue a la sanción en el proceso regular, en un trámite que se completa con la publicación de las normas en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia.

El Presidente puede rechazar un proyecto de ley completo o parcialmente hasta 10 días hábiles después de su sanción en el Congreso y ese pronunciamiento debe contar con la firma de uno o más ministros del gabinete.

A partir de la reforma constiticional de 1994, el primer mandatario puede objetar una parte de la norma y no su totalidad. De esta manera, el Presidente puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando esta no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por ambas Cámaras.

Vuelta al Congreso

Como establece el artículo 83 de la Constitución nacional, después del veto el proyecto regresa a la primera cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la cámara de revisión (si se introdujo en la Cámara de Diputados, la cámara de revisión es el Senado y viceversa).

En estos casos las votaciones son "nominales", por sí o por no. Entonces, si en las 2 cámaras la mayoría vota sí, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. En cambio, si las cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año.

En 2024 Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado de la Nación, a través del decreto 879/2024 publicado en Boletín Oficial y la Cámara de Diputados confirmó el veto presidencial. El Gobierno ya había vetado la ley de movilidad jubilatoria impulsada por la oposición y Diputados confirmó su decisión, incluso con el voto de legisladores que habían suscripto el proyecto inicial (y a quienes inmediatamente el gobierno ungió como "héroes").

Por eso, ahora los esfuerzos del Poder Ejecutivo están concentrados en obtener el voto de al menos de un tercio de los integrantes de alguna de las dos cámaras (en principio, Diputados, que es la de origen de las tres leyes sancionadas).

"El Gobierno va a vetar (los proyectos previsionales y discapacidad) y que tendrán que ir otra vez a las cámaras para su ratificación. Para ratificarlas necesitan 2/3 de cada Cámara (N. de la R: en realidad, no de la totalidad de los integrantes, sino de los que estén presentes en el recinto de sesiones). Trataremos de explicar por qué no son viables esas 3 leyes y confiamos en poder convencer a los diputados, por lo menos a 1/3 de los diputados o de los senadores para que no la ratifiquen", subrayó Francos.

En términos absolutos, la oposición tendrá que conseguir 172 votos para insistir con el proyecto original, mientras que Milei podrá confirmar su veto con 86 voluntades.

Esto fue lo que sucedió en septiembre de 2024: el Gobierno vetó un aumento del 8,2% para todas las jubilaciones y consiguió sostener su posición gracias a 87 diputados que lo apoyaron. En esa jornada resultó clave el respaldo de los aliados del PRO, cinco radicales disidentes (que luego pasarían a ser conocidos como "radicales con peluca"), un puñado de diputados de San Juan y Tucumán, y la abstención del bloque Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro. Justamente, en este último caso el Gobierno se vio beneficiado porque a mayor cantidad de presentes, más votos positivos se requieren para llegar a los dos tercios.

Para el caso de el veto fuera rechazado por ambas cámaras, el presidente no puede vetar a su vez ese rechazo.

A la Justicia

Lo que va a hacer, según el propio Milei anticipó, es acudir a la Justicia para que impida la aplicación de las leyes. A priori, es una conducta que no tiene andamiaje insituticional: salvo graves irregularidades o vulneración de derechos, no hay manera de que el Poder Judicial deje sin efecto un pronunciamiento de otro poder del Estado.

La medida "no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano", sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez al canal Todo Noticias. Y agregó que, además, "sería absurda una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional. En la cual, además, el que promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro de la Nación".

En la misma línea opinó el abogado Diego Armesto: "Es imposible judicializar. No podés impugnar un proceso constitucional. Es más, si el Presidente dice que va a vetar, está reconociendo el acto constitucional del proceso de formación y sanción de la ley. No podés ir contra una facultad constitucional"

Al respecto, el jefe de Gabinete indicó que "el gobierno no va a iniciar una acción sin la fundamentación". Y explicó: "Está claro que el Presidente apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer, las que hacen a jubilaciones, no tienen indicado cómo se financian. Por la ley de administración financiera eso no es legal, no se puede hacer. El Gobierno va a judicializar eso".

Tomando nota de los obstáculos constitucionales, añadió que "veremos, estudiaremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y si corresponde plantear otras objeciones, que nosotros las tenemos y habrá que ver si son procedentes o no. Pero nosotros las tenemos en función de cómo se armó el tratamiento en el Senado, la autoconvocatoria a la Comisión y la autoconvocatoria a la sesión del Senado. Veremos si eso también procede. No vamos a hacer nada que no corresponda", concluyó.

Sobre la sesión

Y es que, precisamente, la condición de reglamentaria o no la sesión fue el primer tema de debate en la jornada del jueves. La reunión tuvo como particularidad que fue convocada por legisladores opositores sin el aval de la Presidencia. El oficialismo sostienía que para que la oposición pudiera autoconvocarse debía asegurar un quórum especial, con la presencia de dos tercios de los senadores. José Mayans, como cabeza de la estrategia opositora, defendió que con la mitad más 1 de los presentes podían iniciar la sesión, lo que derivó un fuerte debate. Mientras el argumento de este sector era la soberanía del cuerpo para resolver sobre su propio funcionamiento, distintas voces del Ejecutivo salieron a blandir la acusación de intento de "golpe institucional". Eso incluyó a la ministra Patricia Bullrich, lo que le permitió involucrar como cómplice de ello a la vicepresidenta Victoria Villarruel, originando un duro cruce de acusaciones.

En rigor, Villarruel no estuvo en el inicio de la sesión y fue reemplazada por la senadora kirchnerista Silvia Sapag en su rol de vicepresidenta del Senado. Una vez abierto el debate, Villarruel asumió la conducción del mismo, aunque también se retiró antes de que llegase a su término.

Por otra parte, algunos diputados adelantaron la decisión de denunciar penalmente el supuesto intento de impedir la sesión, incluyendo en esa presentación el repentino cese en el funcionamiento del sistema de votación electrónica.

"Nada roto"

Mientras tanto, Francos cifró los próximos pasos de la estrategia oficial con respecto a la puja por recursos con los gobernadores en dos planos: "Ayer en estos dos grupos de leyes hubo unas que pasaron a Diputados que tal vez sea más dificultoso conseguir que no lo aprueben. Nosotros trataremos de que no se aprueben, que son las de (giro automático de los) ATN e impuesto al combustible".

Y con respecto a los mandatarios provinciales, a los que Milei acusó de querer "destruir al Gobierno nacional", Francos aclaró que "nunca creo que esté todo roto, siempre hay posibilidades de conversar. De hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores. Incluso, con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. Las posibilidades de conversación están siempre abiertas".

"No todos los gobernadores son lo mismo. Algunos gobernadores se dedican a gastar y otros son más serios en la administración de los recursos públicos", deslindó.