El Senado aprobó por unanimidad la Ley Lucio

El Senado de la Nación aprobó y convirtió en Ley, un proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron condenadas su madre y la pareja de esta.

El proyecto fue debatido en el recinto de sesiones durante poco más de una hora, ya que existía la intención entre los legisladores de sancionar rápidamente la iniciativa.

El expediente plantea capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto para luchar contra la violencia en perjuicio de los niños.

En su articulado se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una "obligación inmediata y directa" en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con "cierta experiencia acumulada".

Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.

Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad".

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.

El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio (de cinco años de edad) en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.

En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien arribó al Congreso junto a otros familiares y reclamó la aprobación de la iniciativa, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.

El debate

Diez senadores de las distintas bancadas se anotaron en la lista de oradores para exponer sobre esta iniciativa, que llevó poco más de una hora ya que los legisladores querían sancionar el proyecto lo más rápido posible.

En representación del Frente de Todos (FdT), el primer orador, el senador Daniel Bensusán (La Pampa), expresó que "la violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas".

El senador destacó "la importancia de legislar sobre el tema para evitar la violencia que se ejerció contra Lucio Dupuy", pidió que "se dejen de meter bajo la alfombra (este tipo de hechos)" y consideró que con esta ley se estará "respondiendo en forma madura como sociedad".

Por la oposición, María Belén Tapia, senadora por Santa Cruz, dijo que el abuelo de Lucio fue "un ejemplo" porque "sacó fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía" al pedir justicia y recordó que todos los espacios políticos "tienen intenciones de legislar" sobre este tipo de casos desde hace tiempo.

El debate fue cerrado por la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien mencionó que "las estadísticas son insoportables" y "una responsabilidad que debemos atacar desde lo Legislativo, lo Ejecutivo y lo Judicial".

"Necesitamos la aplicación rápida de esta ley porque creo en ella. He visto durante muchos años la falta de sensibilidad de los efectores públicos que deciden sobre la vida de niños que no tienen quién los defienda", sentenció Fernández Sagasti.