Senadores proponen que la educación inclusiva tenga presupuesto propio

Un proyecto unificado sobre educación inclusiva para niños con discapacidades o con trastornos de déficit de atención obtuvo dictamen unánime durante una reunión en conjunto de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.

La iniciativa garantiza "el pleno ejercicio del derecho a una educación inclusiva tanto en el sistema privado como en el de gestión estatal" y prevé que "el Estado Nacional contemple un presupuesto aparte para educación inclusiva".

Ese presupuesto, además, se distribuirá en las provincias que adhieran a la iniciativa "en función de la cantidad de personas que requieren apoyo".

Apoyo a la inclusión

El proyecto pretende "afianzar el derecho a la educación sin discriminación, fomentando la igualdad, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de las necesidades educativas especiales de personas, con discapacidad o sin ella, que requieran de ajustes razonables en la educación obligatoria".

La autoridad educativa de cada jurisdicción "debe conformar equipos de apoyo a la inclusión para orientar y acompañar las trayectorias escolares a partir de un trabajo conjunto con las familias y los alumnos y alumnas, con discapacidad o sin ella, que requieran de ajustes razonables, garantizándoles los contenidos mínimos del currículo escolar".

Los equipos de apoyo a la inclusión estarán conformados por "docentes, directivos y supervisores de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, equipos inter y transdisciplinarios, y demás actores vinculados al sistema educativo, según las normativas de las jurisdicciones".

Sin excepciones

El dictamen reúne los detalles tomados de cuatro proyectos de Ley presentados entre 2020 y 2021 por los oficialistas Carmen López Valverde y Roberto Mirabella; y los opositores Esteban Bullrich y Julio Cobos.

"Este proyecto resalta su preocupación por la inclusión de las personas con discapacidad. La forma en que encaramos la educación en este proyecto trata de superar a la discapacidad como una enfermedad", resaltó la sanjuanina López Valverde, quien, además, es presidenta de la Comisión de Educación.

El bonaerense Bullrich, que utilizó un dispositivo especial para poder expresarse en virtud de su imposibilidad para hablar claramente por padecer ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), argumentó que "la discapacidad debería ser una razón para que el Estado preste atención y cuidados".

"El derecho a la educación no tiene excepciones, es universal y el Estado no puede hacerse el distraído y no asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad", dijo.

La oficialista Juliana Di Tullio comentó que si este proyecto de ley hubiera estado vigente durante los años en los que fue estudiante le "hubiera resuelto muchos problemas" y "menos dolor psíquico a la sobreadaptación".

Di Tullio mencionó que tiene pérdida total de audición del oído derecho y sólo el 22 por ciento de sensibilidad del oído derecho. Al respecto indicó: "los que nos podemos sobreadaptar lo disimulamos bien, porque la escuela no nos acompaña".

Por su parte, el santafesino Mirabella sostuvo que "avanzar en la educación y en la inclusión para igualar oportunidades es central" y destacó que "siempre se aceptan las diferencias pero nunca las desigualdades".

Finalmente, el mendocino Cobos destacó que "siempre se habla de la educación como la verdadera forma de inclusión social", tras lo cual reflexionó que "la lucha contra la pobreza y el desempleo se combate con el empleo pero se la derrota con la educación".

Con agenda educativa

La legislación sobre temas educativos es una de las preocupaciones del Congreso nacional, luego de las problemáticas surgidas en pandemia. Días atrás, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.652 que establece una estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional, como el caso de la pandemia de Covid-19.

El proyecto había sido aprobado a fines de octubre por el Senado, buscando garantizar la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia de Covid-19.

Según lo establecido en la norma, el Ministerio de Educación de la Nación, en base a acuerdos federales, será el encargado de promover, en coordinación con otros organismos y a través de los programas vigentes y que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades.