La oralidad llega a la Justicia Federal de Entre Ríos y se extiende en el país

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) comenzará a regir en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná a partir del 30 de noviembre de 2026.

La medida para la justicia federal fue adoptada mediante la Resolución 417/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco del cronograma de implementación progresiva del sistema acusatorio que lleva adelante el Gobierno nacional.

La jurisdicción de la Cámara Federal de Paraná comprende la totalidad del territorio de la provincia de Entre Ríos y cuenta con sedes judiciales en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.

Uno de los puntos que aparecen en los considerandos de la resolución está relacionado con la ubicación geográfica de Entre Ríos y su condición de provincia fronteriza.

El Ministerio de Justicia señala que el distrito federal de Paraná tiene una relevancia estratégica porque su jurisdicción comprende toda la provincia y limita, a través de su margen oriental, con la República Oriental del Uruguay.

En ese límite, la resolución menciona la existencia de tres pasos fronterizos terrestres y ocho pasos fluviales, con un importante movimiento de personas, bienes y servicios.

En ese contexto, el Gobierno nacional destaca especialmente a la Ruta Nacional 14, a la que define como un corredor vial de relevancia estratégica. Según la resolución, la ruta articula la circulación entre Entre Ríos y otras provincias del litoral y constituye una vía de conexión hacia la denominada Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay.

También aparecen mencionadas las rutas nacionales 12, 18, 127 y 174, que conectan a Entre Ríos con otras jurisdicciones del país.

El texto oficial señala que estos corredores, junto con los pasos fronterizos terrestres y fluviales, tienen particular relevancia para el tránsito de personas y mercaderías y, en consecuencia, para las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos de competencia federal.

Los pasos a seguir

La implementación requerirá la adecuación de las estructuras existentes al modelo acusatorio, oral y adversarial, además de acciones de capacitación destinadas a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, entre ellas simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques señaló que actualmente el sistema acusatorio ya se encuentra implementado en 10 distritos federales.

Y recordó que el cronograma prevé su entrada en vigencia en La Plata el próximo 21 de septiembre, mientras que para 2027 están previstas las jurisdicciones penales federal y económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y Córdoba, a partir del 8 de marzo.

La implementación del CPPF supone el abandono progresivo del modelo procesal mixto y la adopción de un sistema en el cual la investigación queda principalmente a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces asumen funciones de garantía y decisión en audiencias predominantemente orales.

Cronograma

Con la incorporación de Paraná, el Gobierno continúa el cronograma de extensión territorial del nuevo régimen procesal penal, que se desarrolla de manera progresiva en las distintas jurisdicciones federales del país.

Con la entrada en vigencia en Misiones el 24 de agosto pasado y la fecha ya fijada para La Plata, el nuevo esquema procesal alcanza actualmente a diez distritos federales y 17 provincias, además de parte de la provincia de Buenos Aires.

La primera experiencia comenzó el 10 de junio de 2019 en Salta y Jujuy, que conforman el Distrito Federal de Salta. Fue el punto de partida de una reforma que posteriormente quedó prácticamente paralizada durante varios años y retomó impulso en 2024.

Las fechas surgen de las distintas resoluciones del Ministerio de Justicia que fueron modificando y actualizando el cronograma. En particular, la entrada en vigencia en Rosario se produjo el 6 de mayo de 2024 y la de Mendoza el 5 de agosto de ese año; luego se incorporaron General Roca y Comodoro Rivadavia, y durante 2025 se sumaron Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes y Resistencia.

En términos territoriales, esto significa que el sistema ya funciona en Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, mientras que en Buenos Aires funciona solamente en determinadas jurisdicciones federales.

Próximas fechas

El sistema acusatorio comenzará a regir en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el 21 de septiembre de 2026. El distrito comprende una parte importante de la provincia de Buenos Aires. La fecha había sido postergada en distintas oportunidades y finalmente quedó establecida por la Resolución 274/2026.

El nuevo sistema comenzará a regir en el fuero penal federal y penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero de 2027. La CABA no es una provincia, pero constituye una de las jurisdicciones pendientes más relevantes por el volumen y complejidad de los tribunales federales que concentra.

La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tenía originalmente prevista la implementación para junio de 2026, pero el Ministerio de Justicia decidió postergarla. La nueva fecha es el 8 de marzo de 2027. El distrito comprende Córdoba y La Rioja, por lo que ambas provincias quedarán alcanzadas cuando entre en funcionamiento.

Quedan además jurisdicciones para las cuales el Ministerio de Justicia todavía no estableció una fecha concreta de entrada en vigencia.

Se trata de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, que integran el Distrito Federal de Tucumán.

También la provincia de Buenos Aires, pero en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Esto porque el sistema acusatorio ya funciona en San Nicolás, Mar del Plata y Bahía Blanca, y tiene fecha para La Plata.

En transición

El proceso en marcha implica que dentro de la Justicia Federal conviven jurisdicciones que funcionan bajo el modelo acusatorio con otras que continúan bajo el régimen procesal anterior.

La propia normativa reconoce esta transición y establece que el CPPF se aplica a los procesos iniciados después de su entrada en vigencia en cada jurisdicción. Las causas previas a esa fecha continúan su desarrollo bajo el sistema vigente en ese momento.