El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo que comenzó un proceso integral de verificación y actualización de los requisitos para avanzar en la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
POLÍTICA
Justicia federal
Mahiques promete avanzar para cubrir 200 vacantes de jueces
Representan el 37 % de todo el país. En Santa Fe, son seis juzgados sobre once. En dos años, el actual gobierno no envió ningún pliego al Senado. El nuevo ministro de Justicia promete empezar con conjueces. Se reunirá con la Corte, y adelantó que completarla “no es prioridad”.
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La medida se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 588/2003 y constituye el primer paso formal antes del procedimiento de selección y del envío de pliegos que deberá hacer el Presidente de la Nación.
“Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial. Un paso previo antes de estudiar cada una de las ternas y actualizarlas. Las ternas son un mérito. El proceso de nombramiento de un magistrado es un proceso muy complejo donde intervienen los tres poderes del Estado”, dijo Mahiques, en distintas entrevistas concedidas tras asumir el jueves pasado.
En cifras
En el Consejo de la Magistratura –el organismo que propone, sanciona y destituye jueces- hay 78 concursos en trámite y 175 vacantes informadas. A la vez, el presidente Javier Milei congeló 203 ternas conformadas en la gestión anterior.
En rigor, la cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%, ya que de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos.
En Santa Fe, de los 11 juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 6 están actualmente sin magistrado titular: los dos de esta capital (actualmente atendidos por el juez de Reconquista Aldo Alurralde, que en noviembre asumirá en la Corte Santafesina), dos de Rosario, el de Rafaela y uno de San Nicolás, que cae dentro de la misma jurisdicción.
Entre esas vacantes, descollan las dos que arrastra la Corte Suprema, sobre cinco miembros. En tanto, la Procuración General de la Nación hace 9 años que es ocupada por Eduardo Casal en forma provisoria.
Tras los fallidos intentos de ungir a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla (por rechazo del Senado, y a pesar de que hoy el oficialismo está muy cerca de los dos tercios requeridos), Mahiques inició su gestión adelantando que “completar la Corte Suprema hoy no es una prioridad”.
A pesar de su menguada composición, el Máximo Tribunal “está dando respuestas a la sociedad y a la Justicia”, consideró Mahiques, en sintonía con la estrategia libertaria de esperar, para no tener que negociar candidatos con el kirchnerismo ni los gobernadores.
En tanto, el ministro ya pidió una entrevista de presentación formal con el cuerpo que preside Horacio Rosatti. La reunión podría producirse esta misma semana y, entre otros temas, el funcionario quiere poner a consideración de los ministros el proyecto de reforma penal.
Las prioridades
En cualquier caso, Mahiques remarcó que “la prioridad es completar los juzgados inferiores. Hay provincias que tienen cámaras federales con la mitad de los miembros. Hay provincias que tienen jueces electorales vacantes”. Como paliativo, prometió enviar primero al Senado las listas de conjueces para todo el país.
Los conjueces son funcionarios judiciales o abogados de la matrícula que reemplazan jueces y sus fallos son completamente legales. Por una reglamentación establecida durante el gobierno de Mauricio Macri, los conjueces tienen que pasar el mismo filtro que los candidatos a jueces: Consejo de la Magistratura, Presidente y Senado.
Según informó la cartera de Justicia mediante un comunicado oficial, el objetivo es “habilitar” a los candidatos y candidatas para continuar con las instancias posteriores, lo que incluye controles documentales, antecedentes y cumplimiento de obligaciones legales.
Un largo camino
Dentro del proceso, el Ministerio solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de todas las personas ternadas. El organismo centraliza la información penal de todo el país y certifica la existencia o inexistencia de causas o condenas vigentes.
La actualización de antecedentes es un paso habitual en los concursos para magistrados, pero esta vez se realiza de manera simultánea y masiva sobre más de 300 postulaciones.
El comunicado también establece que se revisará la situación patrimonial; el cumplimiento de obligaciones impositivas, y el estado de aportes previsionales de quienes eventualmente resulten propuestos.
Estas verificaciones se llevarán adelante en coordinación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, para asegurar que la información económica de los aspirantes esté completa y actualizada.
En suma, el Decreto 588/2003 establece un mecanismo de transparencia y control ciudadano en el nombramiento de los magistrados federales y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La normativa garantiza que la sociedad tenga la oportunidad de revisar los antecedentes y patrimonio de los candidatos propuestos antes de la selección presidencial.
El procedimiento exige que cada aspirante forme parte de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, asegurando la revisión y el examen de cada postulación por distintos organismos y habilitando la posibilidad de objeciones fundadas por parte de cualquier persona de la sociedad civil.
Una vez concluida la revisión documental y legal, el Presidente estará en condiciones de enviar los pliegos al Senado para su tratamiento. Se trata de una deuda pendiente de la actual administración, que es la primera desde el regreso de la democracia que no logró aprobar ningún pliego en el Senado.
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