"Crónica anunciada": el veto en discapacidad reavivó el reclamo de familias y prestadores

Manifestaciones en distintas ciudades de todo el país se realizaron en rechazo del veto contra la ley de Emergencia en Discapacidad. Familias se pronunciaron alertando por la gravedad de la situación, señalando la imposibilidad de hacer frente a los gastos en terapias, medicamentos y transporte.

A los reclamos también se sumaron profesionales y prestadores de servicios terapéuticos por mejoras en el pago salarial y condiciones dignas de trabajo en conflicto con obras sociales, una problemática que si bien se arrastra desde hace años, coinciden en señalar que ahora se recrudeció en todas las áreas vinculadas con la discapacidad.

En Santa Fe la concentración se realizó en la Legislatura provincial, mientras que a nivel nacional el epicentro fue la Plaza del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. Fue una protesta doble: contra el veto firmado por Javier Milei y también contra las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre las pensiones por invalidez laboral.

Los participantes de la convocatoria relataron que la situación es muy crítica y que más allá del veto a la ley hay un trasfondo previo que es la quita de pensiones. Ante esto, "decidimos autoconvocarnos por redes sociales y WhatsApp familias de personas con discapacidad, ONGs, asociaciones, prestadores… todos los que luchamos por el colectivo para hacer una muestra de fuerza”, dijo a este medio Mariela Peña, abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad y titular de Incluime Santa Fe.

Veto a la ley

El Decreto 534/2025 frenó la emergencia en discapacidad, que obligaba al Estado a actualizar aranceles y garantizar prestaciones. El presidente Milei había anunciado que vetaría la ley apenas fuera sancionada. Aun así, desde las organizaciones remarcan que la decisión echó por tierra la esperanza de una pronta solución a los problemas cotidianos que atraviesan.

"El veto no nos sorprendió, pero sí nos indignó. Todo se está haciendo muy complicado. En nuestro caso, hace dos meses funcionamos con el aporte de la comunidad. Pero la situación nos obliga a buscar parches permanentes y no podemos funcionar con normalidad", expresó Marianela Landzettel, tiitular del Hogar Juana Vargas de Stringhini, perteneciente a Homimen, donde viven personas con distintas discapacidades.

En tanto que desde la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad de Santa Fe manifestaron: "La emergencia no resuelve la situación, pero por lo menos evita que los prestadores se fundan y que las familias de personas con discapacidad se queden sin servicios que le son indispensables", sostuvo Mariano Perini, presidente ACDISFE.

En cuestiones operativas, la pelota quedó ahora del lado del Congreso. Para insistir con la sanción -al igual que sucede con el aumento de jubilaciones y extensión de moratoria- se necesitan los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Los bloques opositores ya empezaron a trabajar para reunir el quórum necesario para que pueda tratarse sin pasar por comisiones. En tanto que el oficialismo negocia con bancadas aliadas para sostener el veto en plena campaña electoral.

"Apelamos a la buena fe de nuestros legisladores, les pedimos que tengan empatía con la situación que estamos viviendo, que legislen pensando en lo que realmente se necesita seguir sosteniendo", pidió Landzettel.

"Es indispensable que los legisladores que tiene la provincia tomen cartas en el asunto, porque si el gobierno nacional no resuelve esta situación va a ser otro de los fardos que se les tiran a las provincias que no están preparadas para asistir a toda la población", opinó Perini.

Pensiones recortadas

El complejo panorama en discapacidad nace antes del veto, con las auditorías masivas de pensiones por invalidez laboral. Esta última semana el portavoz Manuel Adorni dio a conocer algunos datos del proceso que se lleva a cabo en todo el país desde mediados de abril. En conferencia indicó que ANDIS ya suspendió "110.522 pensiones, 8.107 correspondían a fallecidos y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión".

En Santa Fe, la Subsecretaría de Personas con Discapacidad confirmó a este medio que Nación no remitió información oficial; sin embargo, recepcionan reclamos por pensiones suspendidas debido a errores en la notificación. "De nuestra parte, sostenemos todas nuestras líneas que apuntan a quienes no tienen cobertura. Pero, que Nación se corra de las políticas sociales como lo está haciendo, presiona sobre nuestros programas", advirtieron desde el organismo provincial.

Uno de los mayores problemas del proceso de auditoría fue el mecanismo de notificación. "Se mandaron más de 40 mil cartas documento al departamento La Capital. Muchas fueron devueltas porque el correo no pudo identificar los domicilios", explicó Peña. "Hay pasajes sin número o asentamientos registrados como terraplén, donde no hay cómo notificar", ejemplificó.

De acuerdo a datos aportados a medios porteños por el organismo nacional conducido por Diego Spagnuolo, solo un 30% de los citados asistieron a las auditorías. "Eso no significa que el porcentaje restante no las necesitara, sino que no pudo llegar a tiempo o directamente nunca supo que debía presentarse", opinó Peña.

Al ahorro contable, se le sobrepone un costo humano: "en muchos casos era el único ingreso de toda una familia", lamentó Peña. "Es la crónica de una muerte anunciada. Desde el comienzo alertamos por las dificultades que iba a generar este procedimiento", agregó la titular de Incluime, que inició una campaña en redes sociales "visibilizando los casos como el de Valentina, el de Milagros, el de Nazareno, el de Mariana, vecinos de nuestra ciudad, que se encuentran en esta angustiante situación".

Reclamos de prestadores

Para Mariano Perini, la suspensión de pensiones no solo significa que muchas familias hayan perdido un ingreso económico, sino “el desmantelamiento del sistema de apoyos que garantizaba derechos. Cuando se le saca la pensión a una persona, no solo se la deja sin dinero. También pierde acceso al transporte, a los centros terapéuticos, a sus tratamientos. Se desarma su red de contención”.

Los prestadores señalan que los aranceles que se pagan según el nomenclador están congelados a valores de diciembre. El titular de ACDISFE, que nuclea a transportistas de la provincia para personas con discapacidad, reclamó con números: "Hoy el kilómetro de transporte vale $541 cuando debería valer como el combustible, que ronda los $1.500".

"Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, nos ha tocado gestionar con distintos signos políticos de gobiernos nacionales y provinciales. Lamentablemente, la política de discapacidad siempre es una deuda pendiente. Pero lo que sucede ahora es que este gobierno nacional tiene una visión reduccionista que afecta directamente a las personas con discapacidad. Porque una forma de ajustar es asfixiar al sector privado prestacional, impidiendo que las personas accedan a las prestaciones mientras este tiene que dejar de prestar servicio porque no pueden sostener los costos”, describió Perini.

El efecto es doble: la quita de pensiones recorta ingresos de familias y a la vez les quita el derecho a prestaciones como transporte o centros terapéuticos. En el Hogar Juana Vargas de Stringhini, de la Asociación Homimen, viven 18 personas con discapacidad intelectual. Marianela Landzettel, su presidenta, narró la situación que atraviesan:

"Se nos pide tener detectores de humo, alarmas, luces de emergencia, certificaciones eléctricas y recolectores de residuos patológicos. Todo eso es necesario, pero imposible de financiar sin acompañamiento. Hace dos meses que funcionamos solo gracias a la solidaridad de la comunidad: donaciones, empresas que se hicieron socias y personas que colaboran como pueden", enumeró.

Landzettel relató que las obras sociales pagan por residente, pero desde diciembre no actualizan el monto: "Acá trabajan asistentes permanentes, enfermeras, cocineros, profesionales de distintas disciplinas... todo cuesta cada vez más y los aranceles no se actualizan. Hoy lo que ingresa no alcanza ni para los sueldos ni las cargas sociales. Venimos haciendo convenios de pago con ARCA, pero eso genera deudas impagables”, contó.

De las 18 personas con discapacidad que viven en el Hogar, muchas son mayores de 60 años y no tienen una familia que las contenga. "¿Quién se va a hacer cargo si cerramos? Hoy no podemos seguir sosteniendo la institución de la manera en que lo hacíamos. Por eso se necesitan políticas públicas que aborden la temática y la realidad de este sector”, remarcó Landzettel.