Vicentín: el gobierno disconforme con la intervención

En diálogo con El Litoral, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, confirmó que la resolución judicial "no causó buena impresión" en el Poder Ejecutivo y que "estamos analizando con profundidad el tema y las decisiones a adoptar".

El juez del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1° instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, dispuso la medida por 90 días hábiles judiciales, sujeta a eventuales prórrogas.

Según el fallo, estará al frente del proceso Andrés Shocron, uno de los veedores que propuso el comité de acreedores, mientras que el subinterventor deberá ser nombrado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Hasta que se produzca su designación, la función será desempeñada por María Victoria Stratta, como directora general de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGJ) de esa provincia.

Somaglia, que en su momento suscribió en nombre del Estado el pedido de intervención, dijo que esta resolución judicial "no se ajusta a lo que había pedido la provincia" hace nueve meses, y además, por la misma razón, es extemporáneo.

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"El juez reconoce la mayoría de los defectos que en su momento planteó la IGPJ. Esos se debería haber resuelto cuando diferentes intereses multisectoriales pretendían el salvataje de la empresa en un esfuerzo conjunto entre lo público y lo privado. Hoy la situación es distinta", añadió.

Por otra parte, aclaró que "la Inspección de Personas Jurídicas tiene por naturaleza el rol de control, y por lo tanto no puede aceptar una función de cogestión".

Ante la consulta de si se va a apelar o rechazar la designación del subinterventor, consigó que "se está estudiando la situación en profundidad, para determinar las consecuencias".