Votación dividida en la Cámara de Diputados para sumar a Santa Fe a la Ley Antimafia

La Cámara de Diputados dio el primer paso para sumar a la provincia a la Ley N° 27.786, llamada Ley Antimafia, sancionada en marzo de este año por el Congreso. Lo hizo al votar un proyecto de ley impulsado por Ximena Sola (Pro - Unidos) que fue dictaminado por las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El interbloque justicialista y el Frente Amplio Progresista sumaron votos en rechazo mientras que Amalia Granata de Somos Vida se abstuvo.

El dictamen girado al Senado hace reserva de la jurisdicción provincial para entender en el tratamiento de casos, hecho que la norma nacional reserva para la justicia federal.

"La decisión de ir contra las mafias no admite ambigüedades" afirmó Sola al fundamentar el proyecto. "Es un paso hacia adelante, la posibilidad de coordinar la tarea entre estado nacional y provincial en un marco institucional" señaló el socialista Joaquín Blanco.

Con disidencias parciales, Juan Argañaraz (Inspirar) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) también apoyaron mientras que Beatriz Brouwer (Unite) pidió sumar su firma al proyecto original de Sola.

La Ley Antimafia o Ley de Organizaciones Criminales, tiene como principal objetivo brindar al Estado herramientas útiles y robustas en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales y el crimen organizado. Entre los objetivos están los fortalecer la investigación y persecución penal. En los diferentes capítulos define lo que se considera una organización criminal, da mayores facultades para la investigación estatal, incorpora nuevos títulos penales y federaliza la investigación.

La norma permite para combatir el poder económico de las organizaciones criminales, el decomiso anticipado y la extinción de dominio así como la inmovilización de activos. Entre otras cosas, permite la declaración de "zonas sujetas a investigación especial" en áreas donde la actividad criminal es persistente, con el objetivo de restablecer el control estatal y reducir el amedrentamiento a la población y a las autoridades. Uno de los primeros lugares seleccionados fueron tres barrios de la ciudad de Rosario.

"Sabiendo las diferencias, hemos logrado el mayor consenso posible" destacó Sola a la hora de exponer los alcances de la iniciativa y los objetivos. "Se trata de una herramienta de última generación en la lucha contra el crimen organizado, diseñada para atacar de forma directa los niveles económico, operativo y territorial de las mafias que por años pusieron en jaque la vida de los santafesinos de bien en la provincia", indicó la legisladora.

"La Ley Antimafia es un paso fundamental en la lucha contra el delito: vamos a fondo hacia un modelo de ley y orden. La Ley 27.786 no es una medida autoritaria, es un nuevo marco legal, con controles y respaldo judicial, que aplica criterios de verosimilitud, donde el Ministerio Público Fiscal debe fundar cada intervención, informar de urgencia a un juez y actuar dentro del derecho procesal vigente", prosiguió Sola.

La adhesión permitirá que las fuerzas de seguridad provinciales y federales, en coordinación con la justicia provincial y la justicia federal, puedan actuar de forma articulada para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción estructural. Se trata de un enfoque integral para atacar el entramado mafioso que se había instalado en la región con una lógica de ocupación territorial y disputa barrial.

La diputada del Pro destacó la seriedad con la que Santa Fe encaró este proceso, recordando que el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "fueron partícipes del debate de esta ley exponiendo en el Congreso de la Nación, involucrándose y proponiendo elementos concretos. No miramos desde afuera, estuvimos sentados en la mesa donde se discutieron estas herramientas. Por eso hoy traemos una adhesión que no es declamativa, es el resultado de haber peleado por instrumentos concretos que sirvan en la calle."

Blanco, a la hora de remarcar el apoyo, dio cuenta del abandono del gobierno nacional durante años a Santa Fe en materia de seguridad y negó la posibilidad de coordinar tareas. En cambio, el socialista destacó la mejora que se dio en esta última etapa con la coordinación de tareas y el cambio en el sistema procesal penal federal donde los fiscales tienen a su cargo la investigación.

Corach, en tanto, advirtió que la ley criminaliza la pobreza y advirtió sobre el recorte de garantías constitucionales y allanamientos sin orden judicial.

Claves

Entre los instrumentos clave que prevé la ley antimafia, se destacan:

* Zonas de investigación especial, delimitadas por resolución judicial, con intervención federal y despliegue de fuerzas nacionales.

* Facultades de urgencia para allanamientos exprés, escuchas, incautación inmediata de bienes y medidas cautelares bajo control judicial.

* Decomiso anticipado de activos provenientes del delito, para debilitar la estructura económica de las bandas antes de una condena.

* Penas agravadas (8 a 20 años) para quienes integren organizaciones criminales y la posibilidad de caerles con la máxima condena a todos los integrantes de una banda, sin importar su rol. Para todos, el máximo castigo.

"La Ley 27.786 busca dotar al Estado argentino de un marco legal más riguroso y herramientas procesales más expeditas para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, basándose en principios de combate a la estructura y los recursos económicos de estas organizaciones", dijo Sola.

Cambios

Un recinto donde sobraron bancas marcó el regreso a las sesiones de la Cámara de Diputados tras el receso invernal y la constitución en el ámbito de la Legislatura de la Convención Reformadora. Es que ahora el recinto de la Cámara Baja tiene 69 butacas para otros tantos convencionales. Habitualmente eran 51 las bancas de Diputados, cuerpo integrado por 50 legisladores, uno de los cuales ejerce la presidencia.

Hasta el 12 de septiembre, final de la Convención, la Cámara tendrá el nuevo escenario.

La sesión de ayer se realizó con bandera a media asta por el duelo provincial debido al fallecimiento de Alejandra Oliveras, convencional electa. Tras la bandera hubo un minuto de silencio solicitado por el socialista Pablo Farías, homenaje que terminó con un aplauso.

En la sesión, Fabián Palo Oliver (Fap) ingresó un proyecto donde solicitó al gobierno provincial que arbitre, a través del área competente, las gestiones necesarias para el emplazamiento de un monumento en la ciudad de Santo Tomé, en homenaje a quien fuera seis veces campeona mundial de boxeo y convencional constituyente electa, Oliveras.