Actualizan los aranceles del sistema de atención a personas con discapacidad

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, entró en vigencia con carácter retroactivo al 1° de octubre de 2025 y busca garantizar la sostenibilidad del sistema y la cobertura de las prestaciones en todo el país.

Un ajuste para sostener la atención integral

La Resolución Conjunta 2/2025, firmada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, establece un incremento en los aranceles del nomenclador que rige los valores de las prestaciones básicas de atención a personas con discapacidad.

Este ajuste se definió luego de que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas propusiera una actualización de los valores vigentes, considerando la necesidad de adecuarlos al contexto económico y al incremento de los costos operativos en los servicios de salud, educación y rehabilitación.

El aumento se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 601/2025, mediante el cual el presidente de la Nación intervino la Agencia Nacional de Discapacidad por 180 días y designó a Vilches como interventor, con el objetivo de reordenar la estructura administrativa y presupuestaria del organismo.

Además, la decisión se apoya en la Ley 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, y en diversas normas complementarias que regulan la cobertura de los servicios que deben garantizar las obras sociales, el Estado y otros entes prestadores.

Actualización y reconocimiento por zona desfavorable

Según la resolución, la actualización se aplica sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas, instrumento que fija los valores de referencia para los servicios de atención terapéutica, educativa y social destinados a las personas con discapacidad.

Los nuevos valores fueron aprobados mediante el Acta N° 431 del Directorio del Sistema, firmada el 28 de octubre de 2025. El incremento, cuyo detalle se encuentra en el Anexo I del documento, alcanza a todas las modalidades incluidas dentro del sistema.

Además, se ratifica la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias comprendidas dentro de la zona patagónica, en reconocimiento a los mayores costos logísticos y de desplazamiento que implican los servicios en regiones con baja densidad poblacional y condiciones geográficas desfavorables.

Este beneficio por zona desfavorable se mantiene desde años anteriores y tiene como fin equilibrar las posibilidades de acceso a la atención en todo el territorio nacional.

Antecedentes y marco presupuestario

La última actualización general de aranceles se había dispuesto en noviembre de 2024, cuando el Ministerio de Salud y la ANDIS acordaron aumentos escalonados del 1% en octubre, 0,8% en noviembre y 0,5% en diciembre de ese año.

En 2025, la situación económica llevó a revisar nuevamente los valores. La Decisión Administrativa N° 24/2025 había readecuado los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, incrementando los fondos asignados a la Agencia Nacional de Discapacidad para afrontar la actualización.

Con esta nueva medida, se espera dar respuesta a los reclamos de instituciones prestadoras, profesionales y familias que venían advirtiendo sobre las dificultades para sostener la atención debido al desfasaje entre los costos reales y los aranceles vigentes.

Un sistema clave para miles de familias

El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral abarca un conjunto de servicios destinados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud, educación, rehabilitación y asistencia social. Incluye terapias, centros de día, transporte adaptado, apoyo educativo y asistencia domiciliaria, entre otras prestaciones.

La Ley 24.901 establece que estas prestaciones deben ser cubiertas de manera integral por las obras sociales, las prepagas y el Estado, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cada actualización del nomenclador tiene un impacto directo en la vida de miles de personas y familias que dependen de estas coberturas para acceder a tratamientos, acompañamientos terapéuticos y servicios especializados.

En los últimos años, el sistema ha enfrentado tensiones derivadas de los atrasos en los pagos, los incrementos de costos y la falta de actualización de los aranceles, lo que generó dificultades para sostener la red de prestadores y la continuidad de la atención.

Continuidad

La resolución conjunta aclara que la Secretaría de Gestión Sanitaria prestó conformidad a la medida y que los servicios jurídicos de ambos organismos participaron en la revisión final del texto.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial, la normativa comenzó a regir con efecto retroactivo al 1° de octubre de 2025, lo que implica que los nuevos valores deberán aplicarse desde esa fecha en todo el territorio nacional.