Acosó al dueño de una importante cadena de supermercados santafesinos durante dos años

Una santafesina de 65 años fue recientemente imputada como autora de los delitos de "amenazas" y "coacciones" en perjuicio del dueño de la cadena de supermercados El Túnel, Juan Osvaldo Fabbro, y de su esposa, Eugenia Alegre . El acoso fue reiterado, comenzó en agosto de 2020 y se detuvo recién en febrero de este año con la detención de la mujer, que ya recuperó su libertad.

Isabel Lucía A. es jubilada, y puso en marcha un detallado plan para hostigar a la víctima, con quien mantuvo una relación fugaz hace más de 40 años. La primera vez que lo contactó fue en agosto de 2020, le comunicó la existencia de un hijo en común -que habría nacido en 1980- y le exigió que lo reconociera.

Pero el supuesto primogénito nunca apareció, y los mensajes que recibían tanto el empresario como su esposa a través de Whatsapp y redes sociales se intensificaban cada vez más. Según consta en la atribución delictiva, Isabel A. utilizaba el teléfono de su propia hija (nacida de la relación con su esposo) para acosarlos.

El amedrentamiento fue creciendo. La jubilada adquirió al menos 10 líneas telefónicas a nombre del empresario y las utilizó para continuar con su raid, esta vez haciéndose pasar por otras personas, algunas ficticias (un abogado, presos de la Cárcel de Coronda) y otras no. Entre estas últimas se encuentran una ex empleada de uno de los supermercados de la víctima con quién mantiene un conflicto laboral y el Subsecretario de Persecución Penal.

Papeles y chantaje

Entre febrero y marzo de 2021 la mujer simuló ser un abogado y contactó al empresario para notificarle que en una de las sucursales de su cadena de supermercados dejaría un sobre con documentos que acreditarían la existencia de su hijo ilegítimo. Pero los papeles no aparecieron, y la víctima comenzó a insistir para que le fueran remitidos.

Entonces, la delincuente redobló la apuesta. Simuló ser una exempleada de los supermercados que había encontrado el sobre en cuestión y se lo había guardado, y lo chantajeó para que le entregara $ 200.000. Insistió, advirtiéndole que si no le facilitaba el dinero haría pública la existencia de ese hijo y diría que él no lo quería reconocer.

Mientras tanto, utilizando otra identidad, la jubilada creó un perfil de Facebook desde el cual realizó publicaciones en una página de Santo Tomé e intentó tener acceso a la Cámara de Supermercados de Santa Fe, mencionando la existencia de este hijo no legítimo y aportando el supuesto nombre y apellido del mismo. También se contactó desde un nuevo número de teléfono con el empresario, diciéndole que tenía documentos que acreditaban la existencia de un hijo extramatrimonial, y comenzó a hostigar a través de Whatsapp a su esposa.

Una causa penal ficticia

En septiembre de 2021 Isabel A. comenzó a contactar al empresario, su esposa y su abogado particular, simulando ser el mismo letrado que supuestamente había remitido la documentación sobre el hijo ficticio. Durante seis meses les envió capturas de pantalla de falsas conversaciones, que supuestamente habrían mantenido la jubilada y el empresario, en las que simulaba que él la había amenazado.

Primero les advirtió que las utilizaría para denunciarlo y luego, en enero de 2022, contactó al matrimonio haciéndose pasar por el Subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional N° 1, para informarles que debían presentarse en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que de no hacerlo se les declararía la rebeldía con detención inmediata.

Dos semanas después se comunicó con la esposa del empresario y le remitió dos imágenes del sistema de denuncias online del MPA en las que se podían observar los datos de su pareja y avisó que pertenecían a causas por violencia de género. Días más tarde volvió a contactarla para advertirle que sólo faltaba la orden del fiscal para que se efectuara la detención de su marido.

Presos y mafia

Simultáneamente, a finales de 2021, a través de otra línea Isabel A. se hizo pasar por un grupo de internos de la Cárcel de Coronda que estaban "esperando" al empresario. Le exigió mercadería y cuando éste no cumplió, le envió fotografías de sus hijas y nietas para amedrentarlo. Le recomendó que las "cuidara" y también amenazó con quemar su propiedad.

Desde la línea que utilizaba para hacerse pasar por su abogado, Isabel A. envió mensajes para "apretar" al empresario, haciendo referencia a una supuesta "jefa de la banda" y a la "señora de la mafia".

La última amenaza que realizó la jubilada antes de ser detenida data del viernes 11 de febrero de este año, y tuvo como víctima a la esposa del empresario. Le envió fotografías del interior de su domicilio para intimidarla, mientras le decía: "Cómo no te das cuenta de quién soy, estoy a metros tuyo…"

Libertad con restricciones

Los hechos fueron denunciados a finales de diciembre del año pasado y la investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad de Delitos Complejos. Poco más de un mes después, se logró identificar a Isabel A., y el 14 de febrero se allanó su domicilio y se la detuvo.

Este miércoles por la tarde, ante la jueza Rosana Carrara, se le atribuyó la autoría de "amenazas simples", "amenazas agravadas", "coacciones" y "coacciones agravadas", tras lo cual la fiscalía y el defensor particular Alejandro Otte acordaron una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva. Esto debido a que la pena prevista para los delitos imputados es muy baja, por lo que la cautelar de máxima sería desproporcionada.

Entre las restricciones impuestas está la prohibición de contacto con las víctimas y de acercamiento a su vivienda, así como la prohibición de ingresar o llamar a los supermercados del empresario y de realizar publicaciones en redes sociales sobre ellos o la empresa. Además, la jueza ordenó que se dieran de baja todas las líneas telefónicas utilizadas por la mujer, que estaban a nombre del empresario.