Allanamientos en Rafaela y Rosario por una causa de corrupción que involucra al juez federal Bailaque

Este viernes por la mañana, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron allanamientos simultáneos en las ciudades de Rafaela y Rosario, en el marco de una causa judicial que investiga presuntos delitos de corrupción estructural, lavado de dinero, extorsión y enriquecimiento ilícito.

Los operativos fueron dispuestos por el Ministerio Público Fiscal y tienen como principales apuntados al juez federal rosarino Marcelo Bailaque y al exfuncionario de la AFIP, Carlos Vaudagna.

En Rafaela, los procedimientos se llevaron a cabo en pleno centro de la ciudad (calle Lavalle), mientras que otros operativos se desplegaron en calle Rivadavia. Paralelamente, en Rosario los operativos tuvieron lugar en Santiago al 800 y en Sarmiento y Santa Fe. Los efectivos intervinieron un estudio jurídico vinculado a las maniobras investigadas.

Caso Vaudagna

La causa se desprende de la declaración de Vaudagna como imputado colaborador. El exjefe regional de la AFIP reconoció haber participado en una red de asesoramiento paralelo a grandes empresarios, con maniobras irregulares ocurridas entre 2015 y 2024. También confesó haber canalizado pagos ilegales a través de mutuales controladas por su entorno.

Uno de los puntos más graves de la investigación apunta al juez Bailaque, acusado de dictar resoluciones judiciales favorables a empresarios involucrados, a cambio de contraprestaciones. En particular, se lo vincula con el presunto encubrimiento de integrantes de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, intervenida durante la gestión de Mauricio Macri.

Otras repercusiones

El caso ya provocó el apartamiento del juez Gastón Salmain, quien fue recusado por los fiscales tras revelarse una relación directa con Vaudagna. El expediente se encuentra ahora bajo la órbita de la jueza Sylvia Aramberri, que tramita las causas desde Rosario y Santa Fe.

La investigación continúa con recolección de pruebas, y no se descartan nuevas imputaciones a funcionarios judiciales, empresarios y operadores del ámbito privado que habrían formado parte de la red.