Caso Román: pedirán penas de 8 y 10 años para los dueños de una jauría de Recreo

La muerte de Diego Martín Román, el chico de 12 años que fue hallado en un descampado de la ciudad de Recreo hace casi seis años tuvo un nuevo capítulo en los tribunales de Santa Fe, donde se realizó parcialmente la audiencia preliminar.

El miércoles 7 de mayo se llevó a cabo en la Sala 1 del subsuelo la audiencia preliminar, donde las partes presentaron la acusación ante el juez penal Pablo Spekuljak. El acto judicial derivó en un amplio debate que se extendió por varias horas y que finalmente se interrumpió con un cuarto intermedio.

Fuentes judiciales señalaron que todavía resta la admisión de la prueba ofrecida por las partes y que la fecha para reanudar la audiencia será el próximo martes 10 de junio, a las 11 de la mañana.

Calificación principal y alternativa

Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación, junto con una de las partes querellantes, adelantaron que pedirán penas de 8 y 10 años de prisión de cumplimiento efectivo para Iván Mercado Reyes (57) y Norma Elena Vega (49), la pareja dueña del predio donde apareció el cuerpo de la criatura y responsable por los diez perros que lo habrían atacado.

La acusación por parte del MPA estuvo a cargo de los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, quienes atribuyeron a la pareja la coautoría del delito de “homicidio doloso”, previsto en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

A su vez, y en caso de no lograr sostenerla, propusieron una calificación alternativa, como lo es el “homicidio culposo” -artículo 45 y 84 del Código Penal-, con montos de pena que se reducen a la mitad de la principal, es decir de 5 años para Reyes y 4 años para Vega.

En representación de Julio César Román, padre del niño y querellante en la causa, intervinieron las abogadas Lucrecia Fernández y Vanina Fruttero, quienes adhirieron a la acusación fiscal.

Otra teoría

Por el contrario, el abogado Dionisio Ayala Fernández, en representación de María del Lujan Cardozo, madre de la criatura y además querellante, propuso una teoría diferente del caso, sosteniendo que el niño fue asesinado por terceros -no por animales-.

No obstante, por cuestiones formales, Ayala terminó acusando a la dupla Reyes-Vega por el delito de homicidio culposo, con un pedido de pena de dos (2) años de prisión, bajo la modalidad de ejecución condicional o en suspenso.

En defensa de los acusados Reyes y Vega, el abogado defensor Néstor Pereyra, solicitó la absolución para ambos y brindó sus argumentos proclamando la inocencia de sus clientes.

El contrapunto entre la acusación abroquelada del MPA y el CAJ y la disidencia del Dr. Ayala Fernández, hizo que la audiencia preliminar se dilatara de forma tal que el magistrado a cargo resolvió pasar a un cuarto intermedio.

Invierno de 2019

El caso se remonta al invierno de 2019, cuando el 3 de julio el papá de Diego radicó una denuncia por paradero en la Comisaría 16º de la ciudad de Recreo.

La última vez que lo vieron estaba vestido con un pantalón corto de fútbol rojo; una chomba blanca mangas largas; una remera mangas cortas arriba de color negro y zapatillas blancas.

Había estado jugando a la pelota con amigos en una canchita de fútbol que queda en el barrio Comunal III. Los chicos que estaban con él contaron que se escapó para una zona de pastizales, tratando de evitar a su madrastra que llegaba a buscarlo.

Su cuerpo fue hallado cerca de las diez de la noche del 4 de julio, a unos 100 metros de la casa de la familia Reyes-Vega, dentro de su perímetro, a unos 220 metros hacia el norte de calle Menchaca.

Una jauría suelta

“La acusación principal que recae contra Reyes y Vega refiere a la falta de cuidado en la tenencia de perros peligrosos cuya consecuencia fue la muerte de Diego Martín Roman”, expresaron los fiscales.

Los acusadores expresaron una serie de “incumplimientos y omisiones” por parte de la pareja que tenía en su predio “una jauría de aproximadamente 10 canes”, uno de ellos de la raza rottweiler.

Entre los principales argumentos se les achaca la omisión de “adoptar las medidas de cerramiento necesarias en el lugar”; así como haber tenido para “vigilancia” un animal considerado “reglamentariamente como raza peligrosa”; además de la ausencia de “medidas de seguridad mediante bozales, cadenas o correas” atento a la falta de cierre perimetral.

Para la fiscalía dicho accionar “representaba un peligro concreto para los bienes, la salud y la vida de las personas”, los cuales se encuentran normados por la ordenanza municipal Nº 1952/2010 de la ciudad de Recreo.

Dos autopsias

A raíz del hallazgo, que generó una enorme conmoción en la opinión pública, hubo una primera autopsia que se realizó en la morgue judicial de Santa Fe, en la cual se señaló la presencia de “lesiones”, abonando la hipótesis tanto del “uso de armas blancas” como de “depredación de animales”.

Eso hizo que las autoridades plantearan la necesidad de realizar una necropsia que estuvo a cargo del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la intervención de Gendarmería Nacional como veedor por la Fiscalía, de la que surge que Diego “sufre el ataque de animales”.

La hipótesis se refuerza con la declaración de otras víctimas, mayores de edad, que se repusieron a los ataques de la jauría. Dos de ellos ocurridos previo al desenlace fatal e incluso uno posterior a la muerte del niño.

Las tres personas agredidas reconocieron que salvaron su vida de milagro y señalaron a los perros provenientes de la casa de Reyes y Vega.

Querella de la madre

El abogado Dionisio Ayala, querellante por la madre de Diego Román (María del Luján Cardozo), señaló en su escrito de acusación su oposición a la teoría fiscal, y por lo mismo su pretensión de apartar a los fiscales Marchi y Gioria, lo cual resultó rechazado por el Fiscal Regional Nº 1 Jorge Nessier, el 15 de abril de 2024.

Ayala Fernández parte de las declaraciones del forense que en un primer momento dijo ante los medios que “nunca había visto nada igual” para sostener la teoría de que Diego Roman fue asesinado, haciendo recaer sus sospechas sobre el círculo cercano al padre del menor.

“Es poco creíble la hipótesis de haber sido atacado por una jauría de perros”, sigue y advierte que de haber sido una jauría “los vecinos hubiesen escuchados ladridos y gritos del niño, o hubiesen advertido la presencia de perros en manadas. Nada de eso ocurrió”.