Conceden apelación para federales condenados por proteger a narcos

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe concedió este lunes el recurso de casación reclamado por las defensas de cinco de los siete condenados el mes pasado, en un juicio oral en el que se ventilaron severas irregularidades en la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA), entre las que se destaca la connivencia con narcotraficantes barriales a los que protegían a cambio de dinero.

Así lo confirmó el abogado porteño Pablo Gómez de Olivera, quien junto con su colega Matías Maluccio, representan al ex jefe de policía, Marcelo Octavio Lepwalts, quien estuvo al frente de la delegación entre el 14 de marzo de 2018 y el 9 de mayo de 2019, cuando se produjeron múltiples allanamientos que derivaron en su detención, junto con cinco subalternos y un narcotraficante local.

Gómez de Olivera y Maluccio apelaron la sentencia del 8 de abril pasado y cuyos fundamentos se conocieron el 15 del mismo mes, por la cual Lepwalts resultó condenado a 4 años y 3 meses de prisión como autor los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad; sustracción de elementos de prueba; falsedad ideológica de documento público; y tenencia simple de estupefacientes".

Los jueces que lo condenaron, José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, impusieron multa de $ 242.000, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex titular de la delegación santafesina, así como para algunos de sus consortes de causa.

Cinco de siete

Lepwalts "fue condenado sin que existan pruebas en su cargo", argumentaron los defensores, quienes abonan la teoría de que "la sentencia es arbitraria", según se resume en el dictamen actual.

Los demás defensores fueron los Dres. Sebastián Oroño –en representación de los policías Lucas Leonel Bustos y Darío Alberto Duarte- condenados a 3 años; y Claudio Torres del Sel –en ejercicio de la defensa de Cristian Pablo Bogetti y Michael Juan Arbildo-, los cuales recibieron 4 años y 3 meses el primero y 3 años y 4 meses el último.

Los únicos que no instaron el recurso de Casación Federal fueron el policía Carlos Fernando Gómez Navarro -condenado a 3 años- y el narco Guillermo Alberto Kernc, quien al momento del allanamiento en su quinta de barrio Caima se le incautaron 250,19 gramos de cocaína, una pistola 9mm, con 70 municiones; $ 675.000 y U$ D 1.800; por lo que le impusieron pena de 4 años de prisión por los delitos de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho y tenencia de arma de fuego de guerra sin autorización".

Recurso concedido

"Debemos destacar que el recurso ha sido interpuesto en término, por quien tiene legitimación para recurrir, contra un decisorio que reviste la calidad equiparable a sentencia definitiva", expresaron desde el tribunal.

Por lo tanto, y "sin perjuicio de los fundamentos que el tribunal ha tenido para dictar la sentencia que se impugna, las argumentaciones en las que se fundan los agravios resultan suficientes para que el recurso resulte formalmente procedente", abundaron los jueces.

En tanto, las respectivas defensas aguardan la designación de Sala ante la Cámara Nacional de Casación Penal y la fijación de día de audiencia para continuar el reclamo legal en dicha instancia.

Brigada desarticulada

En los fundamentos del fallo, el TOF señaló que "las pruebas aportadas al debate que permitieron reconstruir el encadenamiento de sucesos delictivos cometidos por agentes policiales, también (…) permiten concluir que la modificación efectuada (en la Brigada de Investigaciones) por el comisario apenas meses después de su llegada, obedeció pura y exclusivamente al objetivo de armar un grupo de trabajo adecuado a su plan estratégico de beneficiarse personalmente".

Durante la investigación, surgieron videos y numerosas escuchas telefónicas en las que aparecen distintos uniformados, en trato distendido y ameno con narcotraficantes de la zona norte, así como escuchas de las que se desprende un pedido de coima para que el narco Kernc recuperara un celular que contenía información sensible y que debía ser puesto en manos de la justicia federal.

Como dato palmario del nivel de impunidad que ostentaban los miembros de la Brigada de Investigaciones de la Federal, surge que el día del allanamiento de la delegación de calle San Martín al 3300, los efectivos de Asuntos Internos hallaron una bolsa con 40 gramos de cocaína, escondido en el baño del segundo piso, de uso exclusivo de la brigada. Luego, de las escuchas aportadas a la causa, se supo que la droga guardada en dicha dependencia estaba destinada a "embagallar", término que refiere a poner droga a quienes no la tiene y así generarles una causa penal.