Condenan a un jefe policial y requieren un plan de abordaje de violencia de género dentro de la fuerza

Un reciente fallo judicial mediante el cual un jefe policial de la provincia de Santa Fe resultó condenado por abuso sexual simple de una subalterna, trajo a colación un comentario de la presidenta del tribunal, que requirió al Poder Ejecutivo la implementación de “un plan integral” (...) “que busque prevenir nuevos hechos de victimización y estigmatización de las mujeres en función pública”.

La jueza del Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Santa Fe, María Celeste Minniti, impuso una pena de 6 años de prisión para el policía Jorge Mario Rojas (49), quien se desempeñaba como Jefe de la 4ta. Zona de Inspección en la Unidad Regional XVI, en el departamento San Justo.

Aunque todavía resta conocer los fundamentos, Rojas fue declarado “autor de abuso sexual simple, calificado por ser cometido por personal policial en ejercicio de sus funciones” en tres oportunidades y en perjuicio de una subalterna que se desempeñaba en la Comisaría 8° de Vera y Pintado.

Condenado pero libre

Si bien la pena de 6 años de prisión es de cumplimiento efectivo, Rojas continuará en libertad hasta que el fallo quede firme. El bloque acusador había solicitado la prisión preventiva, pero la jueza rechazó el pedido.

Mientras tanto, el condenado deberá respetar las medidas impuestas por la justicia, entre las que cuentan:

1. fijar domicilio;
2. designar a un guardador;
3. presentarse una vez por mes ante el MPA;
4. prohibición de salir del país;
5. medida de distancia respecto de la víctima y sus allegados de 1.000 metros;
6. prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio; y
7. prohibición de portar armas.

“Obiter dictum”

Además, y como parte de la resolución, la jueza Minniti dejó plasmado, a modo de comentario -obiter dictum- un pedido al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe para llevar adelante medidas ante situaciones de violencia de género hacia el interior de la fuerza policial.

El punto 9 requiere al Gobierno “efectúe un plan integral a los fines de adoptar medidas eficaces y concretas para llevar adelante el abordaje de situaciones y denuncias de violencias en función del género por parte del personal policial, que busque prevenir nuevos hechos de victimización y estigmatización de las mujeres en función pública”.

Fundado en el artículo 7, inciso b de la Convención de Belém do Pará, la magistrada dejó plasmado el planteo que podrá implementarse “a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y/o la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y/o la dependencia que estime correspondiente”.

Proceso judicial

Jorge Mario Rojas llegó a juicio oral tras una denuncia realizada el 30 de mayo de 2022 por la víctima, a través del Sistema de Atención Ciudadana 0800-444-3583 de la Agencia de Control Policial.

Los tres hechos delictivos que se acreditaron durante el juicio se remontan a abril y mayo de 2020 y se extendieron hasta el 18 de febrero de 2022.

La acusación fue desarrollada por el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, quien solicitó se imponga a Rojas una condena de 5 años de prisión.

Hernández indicó que “el comisario fue condenado por tres abusos que, lejos de ser hechos aislados, fueron el corolario de acosos sistemáticos a los que él sometía a la víctima”, subrayó el fiscal. “De esa forma, ejercía poder y dominación en el contexto de la institución policial, cuya tradición es verticalista y patriarcal”, especificó.

A su vez, planteó que “con su accionar, el condenado violentó la autodeterminación sexual de su subalterna”.

Pedido de la querella

Por su parte, los abogados de la querella, Matías Pautasso y Carolina Walker Torres, habían reclamado 10 años de cárcel por los mismos delitos. “La sentencia reconoció lo que este proceso evidenció con claridad: Que los hechos existieron. Que hubo abuso. Que hubo poder. Que hubo silencio institucional”, expresaron al término del debate.

“En juicio quedó demostrado que el acusado utilizó su posición jerárquica para violentar, en un entorno profundamente estructurado por relaciones de poder y mandatos patriarcales”, destacaron los representantes de la víctima. “Un contexto donde el silencio fue, por años, la única estrategia posible para resistir y sobrevivir”.

“No estamos hablando de un vínculo sentimental o de una relación consentida: estamos frente a una clásica expresión de violencia sexual ejercida desde el poder, que encontró amparo en una institución que no sólo no protegió a la víctima, sino que la expulsó, la desacreditó y la estigmatizó”, esgrimió la querella.

Durante el juicio, que se realizó en tres jornadas, declararon una docena de testigos, entre los que se encontraba la víctima, su pareja y otros funcionarios policiales que conocieron la situación.

El comisario Rojas fue asistido por los abogados Enrique Müller y Carlos Chena, quienes sostuvieron la inocencia de su pupilo y se opusieron al pedido de prisión preventiva.