Rechazaron la detención de otra policía por el crimen de Lucas González

La Justicia desestimó la detención de una oficial de la Policía de la Ciudad en relación al encubrimiento del asesinato del futbolista de Barracas Central, Lucas González. Sin embargo, fue citada para declarar como acusada por su supuesta participación en este delito.

La oficial en cuestión es Daniela Yamil Lozano, quien ocupa el rango de oficial primero en la Comuna Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. El fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó su detención debido a que, según alega, "a pesar de ser consciente de los eventos reales que tuvieron lugar el día de los hechos, omitió reportar el delito que se estaba perpetrando y proporcionó una versión distorsionada con la intención de encubrir la verdad".

El fiscal argumenta que se encontraron mensajes a través de WhatsApp entre el teléfono celular de Lozano y el Principal Claudio Cuevas, en los cuales Lozano preguntó si las víctimas adolescentes tenían "una réplica como decía el poli??", a lo que Cuevas respondió: "se la pusieron".

El fiscal sostiene que, como miembro de la Policía local, Lozano tenía la obligación de denunciar o promover la acción pública para identificar a los responsables del crimen, lo cual no hizo.

Además, se alega que Lozano presenció la balacera ya que estaba en el lugar del hecho y tenía conocimiento del encubrimiento, ya que Cuevas se lo comunicó a través de los mensajes que intercambiaron el mismo día del suceso.

A pesar de la gravedad de los hechos, la jueza Vanesa Peluffo decidió que la conducta procesal de Lozano no justificaba su detención preventiva, ya que colaboró entregando su dispositivo para un análisis exhaustivo y cumplió con los requisitos legales. Sin embargo, la jueza la citó para declarar como imputada en una fecha aún por determinar.

El asesinato de Lucas González ocurrió en noviembre de 2021 a manos de tres miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad, quienes ya fueron condenados a prisión perpetua. Otros oficiales también recibieron penas de prisión de entre cuatro y ocho años por su participación en el encubrimiento. Un oficial adicional está bajo arresto y a la espera de un nuevo juicio oral.