Destrucción de legajos y más yerbas: escándalo en la Fiscalía Reconquista

Gustavo Capeletti

Agencia Reconquista

Un escándalo de proporciones envuelve por estas horas a la Justicia norteña. Específicamente, el entuerto tiene epicentro en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Reconquista, donde el fiscal adjunto Rodrigo González fue denunciado penalmente por su superior, el fiscal regional Rubén Martínez, por la desaparición y destrucción de legajos de causas en trámite. Y por la retención indebida de dineros provenientes de multas por juicios a prueba.

La novedad de alto impacto judicial e institucional surgió luego de la exposición de dos pasantes que cumplían servicios en la fiscalía de González. Ambas apuntaron ante el regional Martínez las irregularidades acontecidas con los expedientes de investigaciones en marcha, y agregaron que fueron víctimas de discriminación por parte del acusado, a quien le endilgaron llamativos y repentinos cambios de carácter.

Fue el propio titular de la sede Reconquista del Ministerio Público de la Acusación quien comunicó la noticia: “Tomé conocimiento de algunas irregularidades ocurridas en el despacho del fiscal adjunto Rodrigo González, por lo cual después de hacer una investigación con conocimiento de la auditoría de gestión y de la Fiscalía General que envió dos funcionarios a tales efectos”.

Martínez indicó que una vez que “se corroboraron las primeras manifestaciones que yo había recibido como funcionario público y en conocimiento de una situación irregular que puede configurar un delito penal, me corresponde hacer la denuncia”, que formuló finalmente.

Acreditado

El funcionario judicial reveló que “la causa principal es la destrucción o desaparición de legajos de investigaciones, aunque ahora se sumó que el doctor González habría retenido dinero en su poder que correspondía a las multas de las suspensiones de juicios a prueba”, que son pagadas por los imputados y que deben ser depositados en una cuenta a nombre del MPA y no cobrada personalmente por el fiscal.

“En este caso, lo tenemos acreditado, el fiscal González percibió dinero y no lo depositó como correspondía, reteniendo ese dinero, algo que fue reconocido por él mismo. Estamos averiguando a qué cliente corresponde, si el monto que devolvió es exactamente el que retuvo y demás circunstancias que iremos ampliando en estos próximos días”, aseguró Martínez.

Enseguida, estimó que “la desaparición de los expedientes es un tema grave porque son instrumentos públicos, son legajos de investigación donde constan las investigaciones”. Y confirmó que a raíz de eso “dicté una nueva resolución, asignándole a González otro tipo de trabajo y ordené hacer un inventario de todos los legajos que él tenía hasta ese momento, y apartarlo de esa oficina”.

Legajos a inventario

En tren de llevar algo de tranquilidad a la sociedad que asiste azorada a este bochorno judicial, aseguró que “los legajos están siendo inventariados por la secretaria de Gestión, la doctora Sonia Spessot, de la Fiscalía de Reconquista, para luego ser redistribuidos entre los otros fiscales para la continuación del trámite respectivo. Eso nos va a dar una pauta de cuántos expedientes hay y en qué estado están”.

En sus declaraciones a medios de prensa, el fiscal regional aclaró, por si hiciera falta, que “hacer una denuncia no significa una condena, sino que en mi caso significa cumplir con mis funciones como jefe del MPA de la Cuarta Circunscripción” poniendo en conocimiento de la autoridad penal un acto que tiene apariencia delictual como es la destrucción de los legajos, por ahora.

En tanto, adelantó que esa investigación va a ser llevada a cabo por un fiscal de otro ministerio, ya que es mi criterio que ningún fiscal de esta circunscripción participe en la investigación en aras de salvaguardar la objetividad.

“Además, voy a girar la causa a la Fiscalía General y voy a pedir mi apartamiento de la investigación para que funcionarios de otra jurisdicción sean los encargados de llevar la investigación adelante”, añadió.

Anómalas

Consultado sobre cómo se destapó esta suerte de olla a presión, respondió que “todo comenzó porque las dos pasantes que trabajaban con él se presentaron a mediados de octubre ante la Secretaría de Gestión donde contaron situaciones anómalas que sucedían en ese despacho que la hacía sentirse perjudicadas, discriminadas y demás”.

En tal sentido puntualizó que “tomé conocimiento del caso, las cité personalmente a cada una para tomar conocimiento directo, y allí me explicitaron, especialmente una de ellas, que había otras irregularidades como la destrucción de los legajos”.

Abordado por los medios en referencia a un supuesta adicción del fiscal cuestionado, Martínez dijo elípticamente que “los funcionarios judiciales tenemos que tener una conducta ética y moral dentro y fuera del trabajo; las cuestiones privadas en la medida que sean privadas no son materia de incumbencia nuestra”. “Pero cuando causan problemas en el trabajo, entonces sí son de nuestra injerencia. Lo que manifestaron las pasantes es que el doctor González tenía cambios de comportamiento que podrían deberse a algunas situaciones que habrá que investigarlas”, expresó.

Apartado

El fiscal adjunto Rodrigo González fue apartado de su función en base a haber sido designado al frente de la recientemente creada Oficina de Investigaciones de Incidentes de Tránsito y otros delitos contra la Seguridad Vial, dependiente de la Fiscalía Regional de Cuarta Circunscripción. Por resolución, esta dependencia comenzará a funcionar el 26 de noviembre próximo.

Certificado médico

El fiscal regional Rubén Martínez señaló que “nosotros carecemos de poder disciplinario porque en una ley votada el año pasado, la Legislatura se reservó todo el poder disciplinario, desde las faltas leves hasta las más graves como la destitución. Pero, la semana pasada Diputados modificó esa ley devolviéndonos a los fiscales regionales ciertas facultades, reservándose únicamente el poder de destitución. Como no sé si esa ley fue promulgada, lo que hice fue girar las actuaciones a la Fiscalía General que tiene poder de superintendencia para que decida qué hacer. Mientras tanto el doctor González no está suspendido y presentó un certificado médico por 30 días”.