Qué revelaron los allanamientos en los hogares clandestinos en Venado Tuerto

Dos domicilios particulares fueron allanados y clausurados este miércoles en Venado Tuerto, luego de comprobarse que funcionaban ilegalmente como alojamientos para adultos mayores en condiciones alarmantes.

El procedimiento fue realizado por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), personal médico del SIES, la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano.

La intervención surgió por un oficio del fiscal Iván Raposo, tras una denuncia anónima que advertía la existencia de personas mayores hacinadas en dos viviendas: una en calle Garbarino, casi Rivadavia, y otra en Sigal 566. "Cuando fuimos el martes, nos encontramos con evasivas y se nos negó el ingreso, pese a las evidencias que ya teníamos por comentarios del vecindario", relató Silvia Rocha.

Tras la negativa inicial, el fiscal dispuso órdenes de allanamiento, ejecutadas al día siguiente. El ingreso a la casa de Garbarino reveló un panorama crítico: ocho personas mayores, entre ellas una con discapacidad y otra con problemas de salud mental, se encontraban hacinadas en una sola habitación sin baño, sin agua caliente ni cocina.

Hogares de convivencia

Silvia Rocha, con miembros del equipo de Hogares de Convivencia.

"Había cinco camas para ocho personas. El baño era externo, precario, sin ducha ni agua caliente. El sistema de calefacción era casero y peligroso. Era un galpón improvisado como dormitorio", describió Rocha. Las pertenencias de los residentes estaban apiladas en el patio, y un lavarropas obsoleto ubicado en el único sector de higiene disponible.

Uno de los adultos mayores fue hallado postrado en una cama metálica oxidada, en grave estado de salud. Presentaba deshidratación, desnutrición, escaras y un posible cuadro de abandono. Fue trasladado de urgencia al hospital regional Dr. Gutiérrez, donde quedó internado en la guardia.

Además, no se encontraron legajos, teléfonos ni ningún tipo de información sobre los alojados. "No sabíamos sus nombres completos ni cómo ubicar a sus familiares. Fue una tarea casera, lenta, donde la trabajadora social tuvo que reconstruir vínculos desde cero", expresó Rocha.

Reubicación

El equipo de Desarrollo Humano del municipio asistió en la contención y reubicación. Cuatro adultos mayores fueron trasladados a instituciones habilitadas, y otros tres fueron retirados por familiares luego de ser localizados tras una intensa búsqueda.

“Muchos familiares ni sabían que sus familiares estaban ahí. Otros, sí sabían, pero quizás nunca se acercaron a ver cómo vivían. Eso también nos interpela como sociedad”, reflexionó la funcionaria.

El caso de calle Sigal

El segundo operativo se realizó en una vivienda de calle Sigal 566. Allí se encontraron seis personas: cuatro mujeres mayores que compartían una misma habitación —algunas dormían juntas en camas individuales— y dos hombres bajo régimen de prisión domiciliaria, que dormían en sillones.

"Era una casa de familia, con desorden, falta de higiene, sin camas suficientes ni condiciones adecuadas. No había organización alguna", señaló Rocha, añadiendo que allí se labraron las actas correspondientes.

Relación con una pensión clausurada

Según detalló la titular de la cartera de Control y Convivencia, ambos domicilios estarían vinculados con una pensión previamente clausurada por el Juzgado de Faltas, ubicada en calle Argonz. En este sentido indicó que, la responsable de aquella pensión —al verse obligada a cerrar— derivó rápidamente a los residentes a estas dos casas, una perteneciente a su hermana y otra a su madre.

“El juez había otorgado un plazo prudencial para que se buscara la reubicación de los abuelos, pero esa persona no lo aprovechó. Actuó a las apuradas, sin medir consecuencias, y los alojó como pudo, en casas particulares sin habilitación ni condiciones mínimas”, subrayó la funcionaria.

Inhabilitación definitiva

El municipio ya presentó las denuncias correspondientes ante el Juzgado de Faltas y la Fiscalía. “Nosotros queremos que esta persona sea inhabilitada para volver a estar al frente de un hogar. No puede seguir prestando este tipo de servicios”, afirmó Rocha. La Defensoría General también se sumó a la causa.

Por último, desde la Municipalidad recordaron que existe un registro público de hogares habilitados en la página oficial del gobierno local. “Invitamos a las familias a consultar siempre antes de alojar a un ser querido. La responsabilidad también es compartida: no alcanza con pagar una cuota, hay que visitar y saber cómo viven”, concluyó Silvia Rocha.