Empresarios a un paso del juicio por el colapso de la Ruta 1

La causa que investigó el colapso de parte de la Ruta Provincial N°1, ocurrido en enero de 2019, avanza camino al juicio oral y público. La cúpula de una empresa dedicada a la producción y comercialización de arroz está acusada de haber construido -y mantenido- un terraplén y canales irregulares en su campo ubicado a la vera de la autovía, los que habrían causado el derrumbe.

Las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza presentaron la acusación formal contra Rubén Arnoldo Carlen, Raúl Francisco Carlen y María Ángela Nini, por los delitos de "estrago doloso", "daño" y "daño calificado". Se trata del presidente y vicepresidentes -respectivamente- de la empresa "Los Cerrillos S.A.", propietaria del terreno ubicado en zona rural de Colonia Teresa, en el departamento San Javier.

El lunes 21 se realizó la audiencia preliminar, ante el juez Gabriel Candioti, en la que se acordó un embargo preventivo por 34 millones de pesos (monto de los gastos presupuestados originalmente por la Provincia). Las funcionarias del MPA señalaron que solicitarán la condena a 5 años de prisión para los empresarios, más una multa de $ 90.000.

Del acto participaron la fiscal Urquiza y su colega Bárbara Ilera, los defensores Néstor y Mariana Oroño y los tres querellantes presentados en la causa: los Dres. Rubén Weder y Cecilia Renna -en representación del Estado provincial-, y por los particulares damnificados la Dra. Luciana Engler (por Fernando Baumgartner) y el Dr. Sebastián Gervasoni (por la familia Coulchinsky).

Desviar el arroyo

Según el escrito presentado, los hermanos Carlen y Nini están acusados de "haber construido -desde 2007- terraplenes de más de 6 km. de extensión y de una altura que, en algunos tramos, supera los 2 metros y medio, alrededor de la explotación arrocera" ubicada al oeste de la Ruta 1, a la altura del km 190.

También de haber mandado a hacer "canales de riego y desagüe y un canal de derivación de aproximadamente 3 km. de longitud que desemboca en la cuneta oeste de la ruta". Esto, sin la autorización de los organismos públicos competentes. Las obras "obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación y generaron la desviación de los caudales de agua hacia el río San Javier".

Con las grandes lluvias registradas a principios de 2019, estas construcciones irregulares generaron un "endicamiento" de las aguas al norte de los terraplenes, inundando los campos allí ubicados. El único drenaje posible era la alcantarilla ubicada debajo de la ruta, que no estaba construida para soportar semejante caudal, y el 19 de enero se derrumbó, provocando el colapso de una parte de la cinta asfáltica.

Este corte de la ruta no fue la única consecuencia, ya que la situación causó pérdidas millonarias a los productores agropecuarios de campos linderos, daños en una vivienda cercana y también puso en peligro el casco urbano de Colonia Teresa.

"Rédito económico"

Durante la audiencia preliminar, las partes expusieron las pruebas con las que esperan contar en el juicio. La defensa planteó la posibilidad de realizar un procedimiento de suspensión del juicio a prueba, pero tanto la fiscalía como las querellas se opusieron enfáticamente alegando la magnitud de los daños causados.

Además, señalaron que la realización de esas obras no autorizadas fue "para obtener un rédito económico, al obtener mayor superficie para sembrar", y que los acusados se aprovecharon de esto durante más de 10 años, ya que si bien la empresa adquirió el campo en 2013 lo alquilaba desde 2007.

Otra de las cuestiones controvertidas fue el ingreso de un informe técnico aportado por la defensa, que presentó un resumen y solicitó un plazo de 60 días para entregar el escrito completo, ya que aún no se encuentra terminado. Las funcionarias de la Unidad de Delitos Complejos y los abogados de la Provincia se opusieron, calificándolo de "sorpresivo".

"Conocimiento certero"

La fiscalía señaló que los empresarios tenían conocimiento de las consecuencias de estas obras, basándose en una serie de expedientes administrativos que se remontan a 2010. En enero de ese año uno de sus vecinos inició un expediente en el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, denunciando las construcciones irregulares y los efectos negativos que tenían en sus tierras.

En 2017 se abrió otro expediente, este en el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia, en el que se solicitaba la intervención de organismos públicos para resolver "cuestiones de gravedad" en el tramo de la ruta que dos años después terminaría desmoronado. Allí también se indicaba que los problemas eran "ocasionados por obras privadas no autorizadas".

De hecho, en el marco de ese legajo consta que el presidente de la empresa ofreció "restituir el desagüe a su estado original" en julio de 2017, aunque no se hizo cargo de haber realizado las modificaciones en el terreno.

"Las intimaciones efectuadas a Los Cerrillos S.A. y las contestaciones por parte de ésta dan cuenta del conocimiento certero de los peligros que existían, los daños ya ocasionados (inundaciones de campos vecinos, muerte de animales, etc.) y los que podían ocasionar", señala el escrito acusatorio. La misma documentación refiere al "reconocimiento expreso de que las obras se encontraban prohibidas, en violación a la normativa que regula la materia".

Resta esperar la resolución del juez Candioti, y el posterior dictado de apertura a juicio, para que la causa sea analizada por un tribunal.

Reclamo millonario

Además de la causa penal, los productores agropecuarios damnificados iniciaron un reclamo en la justicia Civil y Comercial, por las millonarias pérdidas de sus cosechas. Según pudo saber El Litoral, la instancia de mediación prejudicial obligatoria concluyó sin ningún ofrecimiento por parte de "Los Cerrillos S.A.", por lo que se procederá a iniciar la demanda.

Otra acusación

La fiscalía realizó una acusación alternativa, modificando la calificación penal a "estrago culposo", "daño" y "daño calificado" para el supuesto caso en el que el juez considerara que no se encuentra probado el accionar doloso. Bajando la pretensión de pena a 4 años de prisión, y metiendo el monto de la multa.

Socavón y denuncia

La intensas lluvias ocurridas a principios de 2019, y la extraordinaria acumulación de agua, provocaron que el sábado 19 de enero la alcantarilla ubicada en el kilómetro 190 de la Ruta Provincial N° 1 colapsara y, con ella, el tramo de la autovía que pasaba por encima. Se hundieron más de 50 metros de asfalto, y el lugar permaneció intransitable durante más de una semana.

Personal de Vialidad Provincial realizó trabajos de relleno en las cabeceras erosionadas por el agua, tras lo cual unos 80 soldados del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 del Ejército Argentino construyó e instaló un puente "Mabey" (provisorio). El 28 de enero comenzaron a circular los vehículos por encima del socavón.

La Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, denunció la existencia de los canales clandestinos el mismo día del derrumbe.