Inmediatamente después de que se publicara la noticia "El Zar del Juego Clandestino pagó fianza para los prófugos por el robo en el country", el abogado Angelo Rossini, quien junto con su padre Luis Ernesto Rossini representan a Leonardo Andrés Peiti, solicitaron hacer una aclaración al respecto.
SUCESOS
Réplica de la defensa
Explicaron por qué Peiti pagó la fianza por el robo a una joyería
"No podemos permitir que se haga esta relación", dijo el abogado Angelo Rossini, acerca de los $ 40.000 depositados por el empresario del juego Leo Peiti, para liberar a dos asaltantes que ahora están prófugos.
14:43
"Queremos pedir derecho a réplica por esa nota", dijo Angelo Rossini a El Litoral y en breves términos explicó cómo fue que el nombre de Peiti, quien es investigado como jefe de una red de juego clandestino en el sur provincial, acabó vinculado con el pago de una fianza en favor de dos detenidos por el intento de robo a una joyería de la ciudad de Rosario, ocurrido el mes pasado.
"¿Qué fue lo que ocurrió?" se preguntó el defensor y contestó: "yo defiendo a Mirko Fuentes Olave y Ezequiel Bárcenas en un hecho en Rosario. El juez de Rosario les da la libertad tal como dice la nota y fija una fianza de 70 mil pesos por cada uno".
En el banco
"Cuando vamos al banco a pagar al día siguiente -era un viernes-, me dicen que aceptan hasta 30 mil pesos por día de depósito en efectivo, por lo tanto, si no pagábamos quedaban presos hasta el lunes", se explayó el defensor.
"Pagamos 30 mil pesos ese día y los otros 40 mil para uno de ellos, que nos había traído la plata al estudio, la íbamos a pagar por transferencia bancaria. Intentamos hacer el giro desde una cuenta nuestra pero no se podía transferir. Mi papá (Luis Ernesto) justo estaba con Peiti y él se ofreció a hacer la transferencia, pero no fue nada más que eso, no hay ninguna otra relación ni ningún asunto raro en el medio", aseguró.
"No podemos permitir desde ningún punto de vista que se haga esta relación, por eso queremos que se haga la aclaración lo antes posible", enfatizó el más joven de los Rossini, aunque aclaró que la única relación que existe es que tanto Peiti como Bárcenas y Fuentes Olave, son clientes del estudio de Cañada de Gómez.
"Peiti es cliente del estudio. Eso es público tal como surge de la causa de Rosario donde nosotros lo defendemos. Había que pagar la fianza, el banco acepta un máximo de $ 30.000 por día en efectivo. Nosotros le dimos a él la plata en efectivo para que hiciera la transferencia y eso fue todo", reiteró.
Tenés que leer
Juego clandestino
Aunque en libertad, Leonardo Andrés Peiti enfrenta cargos por juego clandestino en Melincué y varias ciudades satélites. El año pasado fue protagonista de uno de los máximos escándalos en la historia del poder judicial provincial, cuando se produjo el apartamiento y la detención del exfiscal Gustavo Ponce Asahad y el exfiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, en una trama de corrupción por el juego ilegal.
La semana pasada, el nombre de Peiti volvió a llamar la atención; esta vez asociado a dos hombres detenidos en Rosario en febrero y buscados en Santa Fe como integrantes de una banda de ladrones de cajas fuertes, acusados de uno de los últimos golpes en un country de Santo Tomé.
Robo en el country
La asociación está dada a su vez, porque el estudio cañadense de los Dres. Luis Ernesto y Angelo Rossini, se presentó en la jurisdicción local para ejercer la defensa de Damián Alejandro B., quien fue detenido el pasado 8 de marzo en una vivienda de barrio Nueva Esperanza, donde se secuestraron objetos presuntamente vinculados al robo de una caja fuerte de una casa del country Altos de la Ribera durante el feriado de Carnaval.
Junto con su representado, fueron apresados el ingeniero Germán Darío B. -con defensa de Sebastián Oroño y Sergio Martín- y un empleado de la agencia de seguridad del barrio privado, Marcelo Sebastián C. cuyo defensor es el Dr. Carlos Santiago Chena.
Los tres están acusados por asociación ilícita, en carácter de organizadores los dos primeros y miembro el tercero; y por robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda y por escalamiento -dos coautores y el tercero como partícipe-; además de los cargos de tenencia de arma de fuego de guerra y de uso civil según cada caso.
La audiencia de atribución imputativa fue realizada el viernes pasado y el juez Gustavo Urdiales fijó para este martes 16 de marzo, en horario a confirmar, el tratamiento de las medidas cautelares. La semana pasada, las fiscales María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo, adelantaron que solicitarán la prisión preventiva para los tres acusados, dado que existen serios riesgos procesales, puesto que todavía hay diligencias en marcha; resta identificar a un sexto miembro de la banda y hay dos que están prófugos, entre los argumentos más evidentes.
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