El habilitado y un mecánico aceptaron condenas por defraudación a la Policía

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Dos de los ocho miembros de una organización mixta -compuesta por policías y civiles-, dedicada a defraudar al Estado, asumieron este lunes su responsabilidad en el delito y firmaron sendos juicios abreviados, en una causa conocida como “D4”. El contador Ariel Hernán Villanueva -habilitado de la Policía provincial-, recibió 3 años de prisión efectiva, multa de 90 mil pesos y la obligación de pagar $ 790.000 en concepto de reparación del daño. En tanto, el mecánico civil Andrés Daniel Soto fue sentenciado a 10 años de prisión por la defraudación al Estado, pero también por el delito de “corrupción de menores agravada” en el marco de otra causa penal.

El juez penal Jorge Pegassano abrió la audiencia en la que se abreviaron los términos, con la presentación de los miembros del Ministerio Público de la Acusación, encabezado por los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini; y la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala. En tanto, los imputados Villanueva y Soto estuvieron acompañados por sus defensores particulares Luis Hilbert y Martín Peón respectivamente.

Al término del acuerdo, en el que no hubo contrapuntos en cuanto a la labor de fiscalía y defensas, el fiscal Hernández recordó que “hemos logrado ampliar el monto del daño atribuido”, que en un inicio de la causa era de $ 96.000 y en la actualidad supera $ 1.600.000; y adelantó que “se va a imputar a más personas” en ese contexto.

A propósito de la “integración de la banda”, el fiscal se limitó a referirse a quienes ya se encuentran imputados. En cuando a los futuros se excusó de brindar sus nombres, aunque deslizó que “son empresarios”, entre los cuales “hay dos que ya van a ser imputados” próximamente.

Respecto de los abreviados que se acaban de firmar, el Dr. Hernández reconoció que son los primeros en el marco de la causa conocida como “D4”, y que “hay otro imputado policial con el que ya se ha acordado el abreviado, se ha presentado el escrito y esperamos la fijación de la audiencia”.

Asociación ilícita

El Ministerio Público de la Acusación recordó que el acuerdo de Villanueva está enmarcado en dos hechos y que la calificación legal es la de “asociación ilícita” en carácter de miembro; y “coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública”. Para el fiscal Ezequiel Hernández, el policía y contador de 43 años, en su rol de “habilitado” de la Policía de la provincia incurrió en “un acto claro de corrupción” cuando suscribió con su firma y consentimiento la documentación que consta en la causa y que lo incrimina tanto a él, como a superiores y civiles que habrían tomado parte de la operación, que se extendió entre abril de 2015 y febrero de 2016.

Villanueva fue imputado a mediados de septiembre del año pasado por el fiscal Roberto Apullán, por entonces a cargo de la investigación; quien fuera luego reemplazado por el fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández.

Junto con Villanueva, Apullán había ordenado las detenciones del ex jefe de Policía de la provincia, el comisario retirado Rafael Grau y el jefe del Departamento de Logística (D4) de Jefatura, el comisario retirado José Mario Leiva, por las irregularidades denunciadas por el Ministerio de Seguridad provincial en la reparación de móviles policiales.

Los civiles

La lista de imputados la completan los “colaboradores externos” -cinco civiles-: Noelia Biscari, Facundo José Testi, Artemio Biscari, Rodrigo Exequiel Ruiz y Andrés Daniel Soto.

El último de ellos -Soto-, también firmó un abreviado, con la diferencia de que se le sumó otra causa penal por delitos contra la integridad sexual de una niña de su entorno familiar.

La fiscalía atribuyó a Soto cuatro hechos. Dos fueron en el marco de la causa “D4” (miembro de asociación ilícita y coautor de defraudación contra el Estado), toda vez que en su carácter de mecánico fraguó información sobre la reparación de patrulleros. Los dos hechos restantes -”autor de corrupción de menores agravado por el vínculo y la guarda” y “tenencia de arma de fuego”-, ocurrieron en su intimidad y en un contexto separado del caso de corrupción institucional.

Entre los datos salientes del abreviado, el abogado Luis Hilbert destacó que se hará “una reparación del daño” por $ 600.000 en el caso de su cliente Villanueva, que serán descontados de lo secuestrado el año pasado cuando las fuerzas de seguridad allanaron su casa.

Puntualmente la fiscalía pidió para el contador la aplicación de la pena de 3 años de cumplimento efectivo; multa de $ 90.000 y reparación del daño por $ 790.000 (cifra que está compuesta por $ 600.000 de monto genuino y $ 190.000 de intereses), además de una inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.

Por último, el defensor Hilbert solicitó además la “inmediata libertad” para su pupilo, ya que habría cumplido en prisión preventiva una porción de la pena que le habilitaría a tal beneficio, lo cual fue concedido por el juez y consentido por la fiscalía, previo al cumplimento del pago acordado.

Beneficio

Los $ 600.000 en concepto de reparación genuina del daño que deberá pagar el contador Villanueva, estarán destinados a cinco entidades educativas y benéficas, entre las que cuentan: Asociación Civil Caracol (Bachillerato en la Vuelta del Paraguayo); Escuela República de Italia (de Colastiné Norte); Cadi (Club Rincón de Chicos Humildes); Cooperadora del Hospital Mira y López y Acción Solidaria (de Ayuda a personas en situación de calle).