La defensa del maestro de música solicitó la invalidez del juicio

Este viernes se realizaron los alegatos finales en el juicio al profesor de música del jardín San Roque, Darío Céspedes, acusado de haber abusado de un alumno en 2018 y 2019. Durante cinco horas el tribunal conformado por los jueces Gustavo Urdiales, Rosana Carrara y Pablo Ruiz Staiger escuchó las exposiciones de las partes, tras lo cual anunció que dará a conocer su veredicto el lunes 25 de julio.

Los fiscales Matías Broggi y Alejandra Del Río Ayala repasaron los dichos de los distintos testigos y sostuvieron su pretensión de condena a 16 años de prisión, además de solicitar la identificación genética del docente para su posterior inscripción en el registro nacional de ofensores sexuales. Las querellantes Carolina Walker Torres y Agustina Taboada adhirieron al planteo y reiteraron su pedido de pena de 20 años de prisión, haciendo hincapié en el "inconmensurable" daño causado a la víctima.

La defensa, a cargo de los Dres. Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, presentó una serie de planteos de invalidez de las acusaciones contra su cliente, así como respecto a los alegatos iniciales y de clausura realizados por la fiscalía y la querella. Si los jueces resuelven a su favor, esto implicaría la invalidez de todo el juicio.

Ante la posibilidad de que el tribunal rechace sus planteos, los defensores procedieron a analizar la prueba producida, tras lo cual solicitaron la absolución de culpa y cargo (así sea por el beneficio de la duda) y, subsidiariamente, que de condenar a Céspedes se le imponga la pena mínima.

El docente decidió declarar y dijo no entender las acusaciones en su contra, afirmando que "nunca pasó nada, el nene no habló porque no le pasó nada, esa es la verdad". También le pidió a los jueces "que tengan en cuenta las pruebas y que sobre todo se escuche al chico, porque no le sirve a él ni a ningún niño que un inocente vaya a prisión. No le sirve y no le va a mejorar la vida".

Perverso

Los primeros en tener la palabra fueron los fiscales, quienes sostuvieron la acusación de "abuso sexual con acceso carnal agravado" y "promoción a la corrupción de menores agravada". Los delitos habrían sido cometidos durante 2018, cuando el menor asistía a preescolar en el jardín San Roque y Céspedes era su maestro de música, y entre marzo y julio de 2019 cuando el niño iba a la primaria en la misma institución.

Del Río Ayala y Broggi señalaron que el nene fue "sometido física, psicológica y sexualmente a la perversidad del imputado y toda la institución a la que pertenecía", y que su "mamá hizo lo que pudo por proteger a su niño y buscar justicia".

Además, indicaron que el menor "habló de múltiples formas y en distintos momentos" y plantearon tres piezas clave para poder armar el rompecabezas del caso: el relato de la madre -"la única a la que el niño pudo contarle con mayor profundidad" lo que le sucedió-, las marcas físicas -constatadas por la médica policial que dijo haber encontrado signos de abuso sexual infantil-, y las marcas psicológicas -"una huella indeleble que marcó la infancia del chico e impactó en áreas importantísimas del desarrollo del mismo"-.

"Certeza absoluta"

A su turno, la querella reivindicó la intervención estatal, que había sido calificada de "tortuosa" por la defensa. "Se trató de un acompañamiento que necesariamente implicaba algunas prácticas como la realización de una cámara Gesell -que- coincidimos puede ser una situación difícil para algunos niños", pero "tortuosos son los hechos que niños y niñas atraviesan por terminar allí", y "los abusos sexuales cometidos por Céspedes han sido claramente una tortura".

El menor "apuntó al profe Darío, al baño y a que allí pasaron 'cosas feas', que incluyeron a su amiga". Habló "con su mamá, con su hermano, con su psicóloga y con la profesional del Servicio Local de Niñez". Las Dras. Walker Torres y Taboada indicaron que tras la producción de la prueba en el juicio tienen "la certeza absoluta de que el niño fue abusado sexualmente por Darío Céspedes".

Pretenden que el tribunal condene al docente a 20 años de prisión, considerando al momento de escoger la pena que el daño producido es "enorme, inconmensurable".

El disco externo

Después del escándalo generado alrededor del disco externo que contenía los registros de las cámaras de seguridad del jardín San Roque, la fiscalía manifestó que si bien "no hay controversia" sobre que fue la directora quien lo entregó al MPA en agosto de 2019, el mismo "es irrelevante".

"No iba a servir para dilucidar lo que la defensa pretendía", el ingreso o no de Céspedes por la puerta de la escuela primaria, "porque para abusar del menor entraba por la capilla". "Esto fue una estrategia de la defensa para generar dudas", destacaron los fiscales.

La querella adhirió, reivindicó la labor de los funcionarios intervinientes y criticó a la Fiscalía Regional que "desde el primer momento se desresponsabilizó de lo ocurrido con el disco y trajo, después de unos días, una investigación que no aportó nada y generó algo tremendo a nivel social, y en especial en las víctimas: desconfianza en la justicia".

La defensa insistió con que el contenido del disco externo sería una prueba fundamental, y utilizó su desaparición para fundar sus planteos de invalidez.

Tres motivos de invalidez

Los alegatos de los Dres. Oroño y Alfonso Garrone comenzaron con una serie de planteos. El primero se centró en "la invalidez de ambas acusaciones en virtud de la existencia de un accionar ilegítimo en el caso en concreto", es decir "la sustracción de un elemento probatorio, como lo es el disco externo".

También plantearon la invalidez de las acusaciones "porque padecen un defecto absoluto, que es la violación de garantías constitucionales, particularmente el derecho de defensa en juicio y allí el debido proceso". La desaparición del disco "no le permite a la defensa probar la inocencia, la falta de participación en abuso endilgado".

Por último, se solicitó "la invalidez de los alegatos de apertura y clausura de la fiscalía y la querella, por afectar el principio de congruencia. O, en su defecto, que se limiten las calificaciones legales al auto de apertura", eliminando las agravantes de ambos delitos acusados. Para esto se basaron en que "hay una arbitrariedad en la selección de los tipos penales", ya que cuando Céspedes fue imputado las agravantes eran "por ser encargado de la educación" y al momento de presentar las acusaciones estas fueron modificadas a "por ser encargado de la guarda".

Absolución

La defensa analizó durante más de una hora todos los testimonios brindados en el juicio, tras lo cual concluyó que "nada avala la acusación". Para los abogados toda la causa se construyó tomando como base el relato de la madre del niño, quien creyó que su hijo había sido abusado.

Plantearon que el menor terminó asimilando que fue víctima de los ataques sexuales porque su madre así lo pensaba, a pesar de nada avalaba dicha hipótesis, y esto hizo que el presentara un relato "sugestionado y contaminado".

"Es inimaginable, por las dimensiones del jardín, pensar que Céspedes podía rondar con un niño sin ser visto por nadie. ¿Y qué vamos a decir, que los demás docentes y directivos son cómplices o facilitadores del abuso sexual? Pongamos lógica, pongamos razón sobre la mesa", manifestó la defensa.

Solicitaron la absolución de culpa y cargo, así sea bajo la aplicación de beneficio de la duda. Subsidiariamente, pidieron que en caso de condena se aplique la pena mínima.

"Soy inocente"

Al terminar las exposiciones de las partes, Darío Céspedes decidió declarar. Para el maestro de música "la hipótesis -fiscal- carece de sentido". "En 2018, cuando a mi me anoticiaron de que esta señora estaba haciendo esta acusación por un grupo de whatsapp, ante la gravedad lo primero que hice fue recurrir a un abogado y hacer una presentación espontánea ante la justicia. Me puse a disposición para lo que fuera necesario", recordó.

En cuanto a lo sucedido en 2019, cuando se radicó la denuncia a finales de julio, Céspedes dijo que "si hay algo que yo pedí en ese momento es que urgente pidieran las cámaras de seguridad e hicieran la cámara Gesell al chico". A los videos "los considero una prueba vital, -porque- confirman que yo en ningún momento ingresé a la escuela".

"Nadie vio nada porque nunca pasó nada, y el nene no habló porque no le pasó nada, esa es la verdad. Yo soy inocente, cumplí con mi trabajo en el jardín y nada más". Por eso, el docente le pidió al tribunal "que tengan en cuenta las pruebas y que sobre todo se escuche al chico, porque no le sirve a él ni a ningún niño que un inocente vaya a prisión. No le sirve y no le va a mejorar la vida".

La pena

Para la defensa la pena solicitada resulta "desproporcionada". La fiscalía señaló que no es así, teniendo en cuenta que en este caso el mínimo es 10 y el máximo 40 años de prisión, ubicándose su solicitud de 16 años de condena en el primer tercio de la escala penal.