La Justicia prohibió cremar el cuerpo de Diego Armando Maradona

La Justicia de San Isidro prohibió que el cuerpo de Diego Armando Maradona, inhumado en el cementerio privado Jardín Bella Vista, de San Miguel, sea cremado hasta que no concluya la investigación sobre muerte dudosa en el marco de la internación domiciliaria.

Esta determinación es habitual cuando se inician causas judiciales en las que se investigan circunstancias dudosas que rodean una muerte.La prohibición fue confirmada por fuentes con acceso al expediente en el que se investiga si hubo irregularidades en la internación domiciliaria de Maradona. "Es de estilo. Nunca se creman los cuerpos hasta que estén finalizados todos los peritajes complementarios", agregaron las fuentes consultadas.

Provisoriamente, la causa se investiga como un homicidio culposo, es decir una "acción en la que se causa la muerte a alguien por imprudencia, negligencia o impericia, pero sin que el autor haya tenido intención de matar". Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona creen que el control médico del exfutbolista en el country de Tigre era “totalmente deficiente” y consideraron la situación como “de un descontrol total y absoluto”, por lo que analizarán la prueba incorporada en el expediente para decidir si llaman a indagatoria al médico Leopoldo Luque.

En una ceremonia íntima, Maradona fue inhumado el jueves pasado en la cementerio privado Jardín Bella Vista, después de los graves incidentes que se sucedieron en la Casa Rosada, donde se hizo el velatorio.

La investigación, provisionalmente bajo la figura de homicidio culposo, está a cargo de la fiscal de Benavídez Laura Capra y de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. La idea de formar un equipo especial de investigadores fue decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad, que lo resolvió poco después de que se conociera la muerte de Maradona, el miércoles pasado.

Durante el fin de semana, cuatro de las cinco hermanas mujeres de Maradona, representadas por el abogado Matías Morla, pidieron ser aceptadas como particulares damnificadas. En los próximos días, el juez de Garantías de Tigre, Orlando Díaz, deberá decidir si hace lugar o no a la solicitud de intervenir en el proceso como querellantes.