Causa Cuadernos: durísima presentación del empresario que detectó adulteraciones

Mediante un escrito de 15 páginas, Loson –procesado en la Causa Cuadernos- se ofuscó por el pedido del Tribunal Oral Federal 7 al juez Marcelo Martínez de Giorgi para que deje de investigar las irregularidades denunciadas en los cuadernos.

"La decisión del Tribunal viola en todo sentido posible mis derechos como ciudadano que pretende que el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, investigue -y en su caso sancione- hechos que revisten indudable tipicidad penal", alertó Loson.

"Independientemente del comprobado y acreditado delito tras el peritaje caligráfico oficial realizado a instancias del juez de instrucción, lo cierto es que se pretende cercenar mi derecho constitucional como víctima y su específica regulación legal, lo cual redunda en una duda fundada acerca de si podré eventualmente tener un juicio justo sin opiniones preconcebidas", añadió.

Loson formuló una denuncia ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi después de que un peritaje privado encargado por su defensa detectara las anomalías en los cuadernos.

Martínez de Giorgi ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas dos peritajes oficiales, que corroboraron las adulteraciones e identificó como el autor de esas sobre escrituras al ex policía Jorge Bacigalupo, amigo del supuesto redactor de redactor de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno.

Entonces el tribunal oral, a instancias de la fiscal Fabiana León, le pidió que se inhibiera de seguir investigando.

Loson sostuvo que el Tribunal Oral "instó al Juez y al Fiscal de instrucción a que incumplan la ley e interrumpa anti- normativamente la instrucción de un proceso en trámite, sobre la premisa -cuanto menos equivocada- de que el Tribunal tiene una competencia omnicomprensiva sobre absolutamente todo lo vinculado a la causa cuadernos, incluyendo determinar si se cometieron delitos durante su iniciación e instrucción".

Loson le atribuyó al Tribunal Oral un razonamiento: "nosotros abarcamos todo y tenemos competencia única y exclusiva de investigar todo en el juicio y nadie, que no sea nosotros, puede siquiera pensar en investigar si hubo delitos en la instrucción, o no".

"Cualquier persona que, como yo, considera que fue víctima de un delito, tiene derecho inalienable a promover una investigación jurisdiccional. El Estado, a través del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación, están obligados a examinar la denuncia, su competencia, la tipicidad y en su caso investigarlos diligentemente, no como una simple formalidad, sino de modo efectivo", reivindicó.

El empresario fue lapidario al opinar sobre la Causa Cuadernos: "Este proceso alarma, huele mal y presenta enormes irregularidades, puntos muy oscuros, y graves delitos. (…) Nunca existió un proceso de estas características en la historia judicial argentina (forma de iniciación, detenciones arbitrarias, formación de causas paralelas que tramitaron ante el mismo juez, arrepentidos, etc.). Acudo a la memoria de todos".

"No pretendo –añadió- una guerra con nadie, ni con la Fiscalía, ni con el Tribunal. La causa tiene como trasfondo una guerra de intereses de todo tipo: políticos, métodos ilegales, de la prensa de una u otra tendencia, de jueces y fiscales, pero debemos recurrir al derecho respetando la Constitución y la Ley".

Loson le pidió al Tribunal Oral "que acelere la convocatoria al debate y, de paso, examine la curiosa forma que se inició el proceso, cómo eligieron al magistrado y al fiscal, su competencia, la formación de otras causas paralelas, las detenciones injustificadas, los embustes de Centeno, Bacigalupo, y otros, lo sucedido con los famosos cuadernos (su armado, y cadena de custodia), prisión o declarás, motivaciones políticas, crematísticas y personales, odios, mentiras y parcialidades".

Todo ello, pronosticó, "oportunamente se develará en el juicio y se reconstruirá lo sucedido y se llegará a la verdad. (…) No triunfan los acusadores, la defensa ni los jueces, sino la prueba", subrayó.

El Papa con Zaffaroni

El papa Francisco nombró al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en un nuevo organismo para la investigación y promoción de los derechos sociales.

Se trata del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales "Fray Bartolomé de las Casas", creado este viernes por el Sumo Pontífice.

El ex magistrado, que luego de su paso por el máximo tribunal se desempeñó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el período 2016-2022, fue designado para integrar la Junta Académica Fundadora del mencionado organismo vaticano entre 2023 y 2028.

Junto a él también fueron nombrados el profesor de globalización y educación argentino radicado en Estados Unidos Marcelo Suárez Orozco y el filósofo ítalovenezolano Alberto Filippi.

El instituto tendrá "finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo" y funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Los nombramientos fueron establecidos a través de la publicación de un quirógrafo: ese documento también dio a conocer que otros dos argentinos también ocuparán cargos en la estructura eclesiástica.

El Santo Padre estableció que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), originado en 2017 en un encuentro regional en Buenos Aires y luego creado formalmente en 2019 por el ex arzobispo primado de la Argentina, sea considerado Asociación Privada de Fieles con carácter internacional.

Rechazo para Schoklender

La Corte Suprema rechazó un pedido de sobreseimiento de Sergio Schoklender en la causa por la cual está procesado por defraudación contra la administración pública en la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El planteo había sido realizado por la defensa oficial de Schoklender, a cargo de Enrique Comellas.

"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Por ello, se desestima la presentación directa", sostuvo la Corte por unanimidad.

Schoklender había pedido el sobreseimiento ante el Tribunal Oral Federal número cinco, que tiene pendiente la realización del juicio, y luego ante la Cámara Federal de Casación.

En la causa se investiga el desvío de fondos del Estado destinados a la construcción de viviendas e infraestructura a través del programa Sueños Compartidos.

Schoklender está acusado de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", por el que podría ser condenado a una pena de hasta seis años de cárcel.

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el pedido.