Organismos del Estado se reunieron por el abuso sexual de dos menores

De la Redacción de El Litoral

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La detención de un mecánico de 43 años de la ciudad de Vera, acusado por el abuso sexual de dos hermanas de 8 y 18 años de su mismo entorno familiar, derivó en la intervención de varios organismos del Estado, que esta mañana se reunieron para delinear pautas de trabajo y lineamientos para contener y acompañar al grupo conformado por al menos 14 personas.

Participaron de la actividad representantes de la Delegación local de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia; el Centro de Asistencia Judicial (CAJ); el Ministerio Público de la Acusación (MPA); El Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual (COVVFS) de la Policía y la Delegación de Políticas de Género del nodo zona norte.

Al término del encuentro, la coordinadora de la delegación Vera de la Subsecretaría de la Niñez, la trabajadora social Janina Fernández, calificó de “intensa” a la “reunión interinstitucional que tuvimos hoy a la mañana”. La representante del organismo provincial señaló que el pedido de intervención “nos llega por parte de la Policía y Fiscalía así que fue casi inmediato” y que entre las primeras medidas adoptadas fueron citados los niños y adultos de ese grupo familiar “para escucharlos y evaluarlos a través de los equipos interdisciplinarios”.

“Nunca trabajamos solos”, destacó la TS Fernández, “siempre lo hacemos en articulación con las instituciones locales y regionales”, explicó la funcionaria.

Protección excepcional

En cuanto a la función específica de la Subsecretaría, la coordinadora indicó que en la mayoría de los casos lo primero que hacen es “evaluar la toma de medidas de protección excepcional”, precisamente cuando hay niños o niñas en riesgo. No obstante aclaró que “somos un organismo provincial que está en un segundo nivel de intervención, después de la Policía, la Justicia, la Municipalidad, el hospital, etc.”, por lo que “después de un primer intento de reparación de derechos si esto no se logra se pasa al segundo nivel, que somos nosotros, y que llegado el caso evaluamos las posibilidades de adoptar una medida de protección excepcional”.

La medida de protección excepcional implica la separación del niño de su entorno familiar; “debe estar debidamente fundamentada” y se produce “en estos casos de tanta magnitud porque hay un riesgo inminente”.

Aunque evitó referirse al caso concreto, la funcionaria explicó que “lo que hacemos es escuchar al niño” y “evaluamos si dentro de los lazos consanguíneos hay algún adulto que pueda garantizarle la protección” a los niños en peligro.

Pasos a seguir

En tal sentido, señaló que la “restricción excepcional debe ser la última medida en aplicar”, porque “a veces pueden ser hasta traumática y engrosar el padecimiento que está sufriendo el niño” que siente que es separado “como si fuera un castigo” por haber denunciado. Aunque “a veces los factores influyentes hacen que de permanecer en el mismo ámbito el riesgo persista, mucho más cuando son abusos intrafamiliares”, destacó.

Ahora bien, una vez descartada la posibilidad de que otro adulto se pueda hacer cargo del menor, la Subsecretaría intercede para generar “otro vínculo”, por ejemplo a través del “Programa Familias Solidarias, que deciden alojar y contener al niño durante el tiempo que sea requerido. Y si no se consigue ese lugar se piensa ya en los hogares” como última alternativa.

Contexto promiscuo

La investigación fiscal por el abuso sexual de dos menores se da en un contexto familiar de absoluta promiscuidad, en la que el acusado mantenía relaciones íntimas con su esposa y las dos hermanas de ésta, una de las cuales es la madre de las dos niñas abusadas. En ese ámbito viven al menos media docena de menores de edad, cuya integridad y protección están siendo cuestionadas por las instituciones públicas.

Víctimas a resguardo

Actualmente las dos víctimas de 8 y 18 años y su madre de 39, se encuentran alojadas en una vivienda separadas del resto del entorno y en manos de un equipo interdisciplinario que las asiste. Las tres abandonaron la casa de calle 9 de Julio y pasaje Bonacci de Vera el lunes, luego de que Juan Alberto Díaz fuera apresado por la policía mientras violaba a la menor de las hermanas.

Díaz fue imputado el miércoles por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por su condición de guardador y por ser la víctima menor de edad” en el caso de la más chica; y la misma figura penal “reiterada” en el caso de la mayor que dijo haber sido abusada desde los 11 años. El fiscal Martín Gauna Chapero, quien al cierre de esta edición participaba de la audiencia de prisión preventiva, también acusó a Díaz por “abuso sexual simple” por un hecho ocurrido el último sábado por la tarde, en perjuicio de la mayor de las víctimas; y “promoción de la prostitución” de ésta última.

Según indicó días pasados el propio representante del MPA, iba a solicitar la prisión preventiva sin plazos al juez penal Santiago Martelossi.
Asistencia judicial

Un equipo interdisciplinario del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Vera mantuvo el miércoles una reunión con la madre de las víctimas, en el lugar donde permanecen circunstancialmente alojadas. Del encuentro, del que participó otro pariente de las mujeres, el equipo del CAJ hizo un primer abordaje del problema, y fueron impuestos de la situación familiar.

En tal sentido, un convenio recientemente firmado con ese organismo y la División de Trata de Personas de la provincia, hace que ante cada caso de violencia familiar y/o sexual o casos de violencia de género, éstos sean notificados para salir a su encuentro, y así “romper la mecánica tradicional de esperar a las víctimas”, en cambio la directiva es “ir a su encuentro”, indicaron fuentes del caso.

Luego de esa primera intervención, “ayer la familia se acercó al CAJ” para aceptar el apoyo ofrecido. “En principio se van a presentar con “una asistencia genérica” y tras despejarse un poco más el panorama analizarán la posibilidad de constituirse en querellantes.