El procurador de la Corte pidió un jury para juez Civil de Rosario

De la Redacción de El Litoral
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Este miércoles el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, presentó un dictamen solicitando la apertura del jury de enjuiciamiento contra el juez rosarino Alejandro Pedro Martín, hasta hace poco al frente del Juzgado Civil y Comercial N° 17. Dos semanas después de asumir en el cargo, el ex fiscal del Estado provincial durante la gestión Binner cargó contra el magistrado, que un mes atrás fue apartado por la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, la Dra. Angélica Gastaldi.

Aunque la ley de enjuiciamiento para magistrados prohíbe ventilar las causas del proceso, al menos en una primera instancia, es de público conocimiento que la medida fue como derivado de una denuncia radicada el 31 de octubre por las autoridades del Banco Municipal de Rosario, tras detectar serias irregularidades en el manejo de cuentas judiciales inmovilizadas.

Dicha situación dio lugar al inicio de un proceso penal a cargo de la jueza de Instrucción N° 12, Mónica Lamperti, e impulsado por el fiscal N° 3, Carlos Covani.

La maniobra

Los imputados, además de Martín, son el secretario del juzgado, Ricardo Lavaca, los abogados Martín Sugasti, Luciano García Montaño y Jorge Heter y el martillero Oscar Kovalevski.

Los seis están siendo investigados en 57 casos en los que, a través de juicios ejecutivos falsos, se realizaban cobros de cuentas judiciales inmovilizadas, que eran embargadas por el juzgado de Martín y luego cobraban los abogados. La maniobra cuestionada se habría producido durante el período julio de 2010 hasta agosto de 2012.

En términos generales, los delitos que se imputan abarcan la defraudación, falsedad ideológica y asociación ilícita, en distintos grados de actuación a cada uno de los involucrados.

Jury y sumario

Si bien los respectivos colegios de Abogados y Martilleros de Rosario deberán tomar cartas en el asunto por sus matriculados, en el caso de magistrado y funcionario el procedimiento es otro.

El juez Martín se encuentra sujeto a la Ley N° 7050 de enjuiciamiento, que regula el procedimiento de remoción de magistrados en la provincia de Santa Fe.

Tras la presentación del dictamen del procurador Barraguirre, el próximo paso será fijar fecha para que se reúna el tribunal de enjuiciamiento, compuesto por un senador, un diputado, dos abogados de la matrícula en representación de los colegios de abogados de las 5 circunscripciones y la Corte en pleno.

En cuanto al secretario Lavaca, su rol de funcionario lo exime de un proceso tal como lo es el jury, pero se encuentra bajo sumario administrativo comprendido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 10.160), sin perjuicio del devenir del proceso penal en marcha. En caso de ser considerados responsables por los hechos que se les atribuyen, el juez podría ser destituido y el secretario dejado cesante.