Sain pide investigar delitos federales tras el crimen del agenciero Oldani

El fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, recibió este lunes una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido en la agencia de viajes Oldani Turismo SRL, durante la semana que siguió al crimen de su propietario, Hugo Oldani, cometido el 11 de febrero último. La presentación fue realizada por el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, quien compareció ante la Justicia Federal, en su carácter de funcionario público, al tomar conocimiento de ciertas irregularidades en el marco del proceso.

En un escrito de unas 30 carillas, el ministro hace un relato del contexto y de los acontecimientos que lo llevaron a formalizar las sospechas que prematuramente deslizó en los medios de prensa este verano, tras ocurrido el homicidio. Entre los puntos sobresalientes, Sain consigna el levantamiento de la custodia de la denominada “escena del crimen”, atribuida al jefe de la Primera Zona de Inspección; y con ello el consecuente incumplimiento de una orden operacional (N° 1394/2) que había sido fijada a los fines de preservar el lugar.

La novedad fue descubierta el lunes 17 de febrero, cuando personal de la Agencia de Control Policial buscó los libros de guardia de la Seccional Primera, de los que surge que el 12 de febrero, es decir, al día siguiente del crimen, el comisario José Julián N. levantó sin autorización la custodia permanente dispuesto por la Fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro.

La consigna era clara en cuanto al resguardo de la faja de seguridad que había sido colocada en el ingreso a los dos locales donde funciona el comercio, ubicado en la Galería Rivadavia, con ingreso por calle La Rioja 2441. Apenas tomó conocimiento de la irregularidad, el 19 de febrero el ministro dispuso una investigación administrativa acerca de un posible incumplimiento por parte del personal jerárquico, con actuaciones en trámite.

Fajos filmados

Pero el problema no acaba allí, ya que la quita de la custodia habría facilitado la posterior “alteración de la escena del crimen”, y la consiguiente “sustracción de una millonaria suma de dinero”, expresó Sain, aunque no se precisaron montos.

También quedó plasmado en la denuncia, un informe de la División Científica Forense del mismo martes 11 de febrero, cuando una de las hijas de la víctima se opuso al ingreso de testigos ajenos a la familia y se negó a abrir una caja fuerte que estaba en la oficina de su padre. De todas maneras, el relevamiento se hizo ante la presencia de ella y su esposo y no duró más de una hora. En la filmación se ve cuando los peritos descubren en el fondo del local lo que consideran “un pequeño reducto” donde fueron hallados una gran cantidad de fajos de billetes en moneda nacional y extranjera, que desaparecieron del negocio tras el fin de semana sin custodia.

Como los ingresos a la agencia de viajes no fueron violentados, para el ministro, lo ocurrido durante esa semana “demuestran la existencia de una maniobra delictual inicial” por parte de la razón social cuyo titular resultó asesinado de un disparo. La sola presencia de una suma de dinero millonaria, luego desaparecida, abre la posibilidad de la comisión de delitos contra el orden económico, financiero, cambiario y la administración tributaria, cuya especialidad es objeto de la Justicia Federal y no la ordinaria.

“Cueva financiera”

Sumado a ello, surge de las primeras pesquisas que la razón social Oldani Turismo SRL de Hugo Daniel Oldani, tiene como actividad declarada la prestación de “servicios minoristas de agencia de viajes”, es decir, que “existen elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar del suceso bien podría haber funcionado una de las denominadas ‘cuevas financieras’ para operaciones de cambio y/o préstamo de dinero”.

A raíz de ello se solicitó el inicio de una investigación patrimonial, a través de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dirigida a las personas y empresa señalada.

El derrotero judicial es extenso en este punto. Sustracción de medios de prueba, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario, infracción a las leyes Cambiaria y Tributaria e incluso alguna modalidad del denominado “lavado de dinero”, se encuentran sobre el horizonte de la causa. En tal sentido el denunciante pide que se identifique a quienes pudieron haber tomado parte en la maniobra.

Investigación paralela

Para más detalle, Sain consigna que el oficio enviado el 14 de febrero por la Fiscalía de Homicidios e ingresado el lunes siguiente para que se designe una comisión para la realización de diligencias probatorias (inventario de la documental y efectos) tenía como fin “resguardar evidencia y a practicar diligencias probatorias que se entendían útiles y pertinentes a los fines de la investigación pena preparatoria del homicidio de Hugo Oldani, lo cual se frustró con la alteración de la escena”. Tal es así que el MPA inició una investigación en la Fiscalía de Delitos Complejos, ante las sospechas de la “sustracción de elementos destinados a servir de prueba”.

Y como la simple desaparición del dinero bajo custodia policial/judicial hace inevitable las sospechas de lavado, se solicitó una serie de medidas, y entre las más destacadas se encuentran las de identificar a las personas que retiraron el dinero; la intervención a la Delegación Regional de la AFIP Santa Fe; la declaración de testigos (policías, empleados de la firma, familiares de Oldani) y el secuestro de equipos celulares de quienes intervinieron los días posteriores a la muerte de Oldani.

Tres detenidos

El agenciero turístico Hugo Oldani fue asesinado de un disparo en el abdomen, el martes 11 de febrero de 2020. Esa tarde, cuatro delincuentes armados llegaron a las inmediaciones de la Galería Rivadavia en un Toyota Corolla blanco de vidrios polarizados. Tres descendieron en la esquina de avenida Rivadavia y La Rioja y el conductor siguió unos metros para estacionarse, en doble fila y con el auto en marcha, por La Rioja al 2400, frente a uno de los ingresos del local. Una pareja entró a la galería, mientras el cuarto hombre aguardaba en el hall haciendo de “campana”.

Para la Fiscalía de Homicidios que investiga el caso, se trata de un homicidio en ocasión de robo, dado que de las filmaciones del lugar se puede ver a los delincuentes escapando con un morral que era propiedad de la víctima. Tampoco se sabe qué es lo que había ahí dentro.

Las mismas filmaciones fueron vitales para encontrar a los responsables. El primero en caer fue Juan Manuel Ruffino, el chofer y dueño del auto en el que se movilizaba la banda. Con él fue detenido Brian Nahuel Damiani, que era el muchacho que hacía de campana; y más tarde fue apresado Cristian Bruno Figueroa, que sería quien ejecutó de un tiro a la víctima. Con éste último entró una mujer, la cual si bien se encuentra identificada, hasta el momento no pudo ser hallada y por el caso se remitieron actuaciones a la Justicia de Menores, porque habría tenido menos de 18 años el día del hecho. En cuanto a los tres varones, la justicia dictó la prisión preventiva sin plazo y la medida se encuentra firme, confirmada por el Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia.