Alumnas de colegios secundarios de Salta eran explotadas sexualmente

El juzgado federal de Garantías N.º 1 de Salta extendió el plazo para la investigación de una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de alumnas de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, al menos hasta mayo de 2026.

La medida fue adoptada ante la creciente cantidad de evidencias y la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas o personas implicadas.

Origen de la investigación

El caso comenzó a tomar visibilidad a mediados de junio pasado, cuando una madre presentó una denuncia después de notar comportamientos extraños en su hija y encontrar un teléfono celular de alta gama en su poder sin explicación suficiente.

Al revisar el dispositivo, la mujer halló mensajes de contenido sexual vinculados a un hombre que luego sería identificado por la Justicia.

La causa pasó rápidamente al ámbito federal, dado que los fiscales detectaron indicios de captación y explotación de menores, clasificados penalmente como trata de personas. Inicialmente se detuvo a cuatro personas en septiembre, imputadas por su participación en la red criminal.

Con el avance de la investigación, la evidencia analizada —incluidos peritajes a teléfonos celulares, análisis de redes sociales y seguimiento de movimientos económicos— permitió ampliar la acusación y sumar a otras cinco personas a la lista de imputados.

Actualmente son nueve los investigados por su presunta participación en la red.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización funcionaba desde al menos 2024 y operaba mediante diferentes roles asignados a cada uno de los imputados.

El eje central de la investigación sostiene que el grupo se dedicaba a captar adolescentes de entre los últimos años del secundario con el objetivo de explotarlas sexualmente.

Mecanismo de captación y modalidades de explotación

Según las fuentes judiciales, las víctimas eran contactadas a la salida de sus colegios o a través de conocidos en el entorno escolar. En algunos casos se hacía uso de regalos u otras ofertas para captar la atención de las adolescentes.

Una vez que accedían a formar parte del círculo de la red, se facilitaban encuentros en hoteles alojamientos sobre la Ruta 26 y en domicilios particulares de los imputados, donde se consumaba la explotación.

La investigación reveló que existían comunicaciones explícitas en las que los organizadores de la red pedían a las jóvenes que trajeran a otras compañeras al grupo, ampliando así el alcance de la organización.

Asimismo, la fiscalía señaló que la red “descartaba” a las víctimas una vez que cumplían 18 años, lo que implica una segmentación basada en la edad para mantener la explotación dentro del ámbito penalmente agravado por minoridad.

Los fiscales detallaron que la operatoria era uniforme sin importar si las adolescentes provenían de instituciones educativas públicas o privadas, ni cuál fuera su nivel socioeconómico.

La amplitud de la red y la diversidad de las víctimas detectadas han llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que se identifiquen más casos a medida que avance la pesquisa.

Los dispositivos secuestrados durante los allanamientos, especialmente teléfonos celulares, contienen material que forma parte de la causa. Entre estos elementos se han encontrado mensajes que ofrecen servicios sexuales, fotos y videos que los investigadores consideran evidencias del accionar de la red.

En la causa también se analiza actividad financiera vinculada a los implicados, lo cual incluiría transferencias de dinero que podrían corresponder a la organización de los encuentros y pagos por los servicios de explotación. Este tipo de análisis forma parte de la estrategia fiscal para consolidar la acusación penal en contra de los imputados.

Estado procesal

En la audiencia en la que se decidió la extensión del plazo de investigación participaron el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal auxiliar Roxana Gual, junto a representantes de las víctimas y defensores de los imputados. El juez federal Julio Bavio hizo lugar al pedido de la fiscalía ante la evidencia acumulada y la complejidad del caso.

De los nueve acusados, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad y minoridad de las víctimas, por la cantidad de personas involucradas y por haberse consumado la explotación.

Cinco de ellos también enfrentan cargos por integrar una asociación ilícita destinada a facilitar y promover la prostitución.

Además, la fiscalía imputó a seis de los investigados por tenencia y distribución de material sexual de menores, uno por corrupción de menores y a dos por abuso sexual de una adolescente de 13 años, entre otros hechos.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal colabora con la investigación, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en tareas de peritajes y diligencias complementarias.

Por su parte, el Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito trabaja en la contención y acompañamiento de las adolescentes afectadas, incluidas las que han declarado en distintas entrevistas en Cámara Gesell.

La causa continúa bajo secreto de sumario en lo estrictamente necesario, y el juzgado federal mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones y medidas judiciales conforme se analice el cúmulo de material probatorio pendiente.