Los motivos por los que condenaron a los exjefes de la Policía de Santa Fe, Grau y Odriozola

El 19 de junio, en un acto que marcó un importante precedente judicial, dos exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe fueron condenados por haber comandado una red criminal que se hizo de fondos públicos entre 2015 y 2016.

Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau fueron sentenciados a cumplir penas de seis años y seis meses de prisión. Además les impusieron una inhabilitación especial de diez años para ejercer cargos públicos y una multa.

El fallo del tribunal, conformado por las juezas Celeste Minniti -presidenta- y Cecilia Labanca y el juez Sebastián Szeifert, fue unánime, y encontró a los exjefes policiales culpables de los delitos de “asociación ilícita en carácter de jefe” y “defraudación agravada en perjuicio de la administración pública”.

La sentencia no sólo castigó un esquema de corrupción de larga data, sino que en sus fundamentos desglosó la mecánica del fraude y el rol insoslayable de los condenados.

La causa judicial, conocida como “D4”, fue llevada a juicio por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Odriozola y Grau fueron representados por las defensoras públicas Virginia Balanda e Ileana Echaniz, respectivamente.

Los fundamentos

Para el tribunal se probó que existió una organización delictiva de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios policiales y particulares, con el objetivo de cometer defraudaciones en perjuicio de la administración pública. La existencia de "vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública y los implicados" fue plenamente demostrada.

La mecánica consistía en la simulación de reparaciones y acarreos de móviles policiales y la adquisición apócrifa de repuestos. La prueba reveló que "no se efectuaban reparaciones ni acarreos de automóviles, se simulaban compras de repuestos y se cobraban servicios no realizados".

Un elemento crucial fue el "dibujo" en los papeles, cuando una empresa emitía una factura en la que una parte correspondía al trabajo realizado y otra era “dibujo”, sin servicio o sin valor.

Testimonios clave, como el de Facundo Testi, señalaron que en algunos casos, "el 70% era 'dibujo' y el 30% correspondía a servicios reales", y que había una "devolución de dinero del 10% a la Jefatura de Policía Provincial". Los pagos fraudulentos, a menudo, se realizaban en sobres de color marrón.

La autoría y participación de Grau y Odriozola fue determinante. El tribunal concluyó que ambos "asumieron el rol de jefes" de esta asociación ilícita. Se verificó que "tenían responsabilidades cruciales en la administración y control de los recursos", y que sus firmas eran "indispensables para la liberación de cheques de pago y la conformación de las rendiciones de cuentas".

Mensajes interceptados, como la indicación de Grau a Testi de que "quemara todos los papeles", dejaron a la luz el intento de ocultar la evidencia de sus actos. Se comprobó una defraudación millonaria, con un monto estimado que actualizado asciende a $259.000.000.

Con conocimiento y voluntad

Los magistrados determinaron que las conductas probadas se encuadran en los delitos de “asociación ilícita en carácter de jefe” y “defraudación agravada en perjuicio de la administración pública”, y destacaron que "han sido probados no sólo los elementos típicos de dicha figura, sino también el dolo en el actuar de los acusados".

"El dolo directo, consistente en el conocimiento y la voluntad de provocar un perjuicio patrimonial al Estado mediante el uso de medios engañosos o simulados", quedó evidenciado en el accionar probado de ambos condenados. La utilización de sus "posiciones jerárquicas con capacidad de decisión y control administrativo" fue clave para perpetrar el fraude.

Tanto a Odriozola como a Grau les impusieron la pena de seis años y seis meses de prisión y una inhabilitación especial de diez años para ejercer cargos públicos. Para la determinación de la pena, el tribunal valoró las "circunstancias en que tuvo lugar, la naturaleza de los fondos afectados y el impacto institucional de la conducta desplegada".

El tribunal ponderó los motivos que los llevaron a delinquir, que no fueron más que “el propio interés codicioso de engrosar sus ingresos personales a costas de achicar la disposición del dinero público destinado al fin social”, lo que consideraron un agravante.

En esa línea, destacaron que “la función de la policía consiste en proteger el orden público, prevenir el delito y hacer cumplir la ley, por lo que su intervención como autores de una conducta delictiva constituye una grave traición a la confianza pública y una inversión inaceptable de la finalidad del cargo”.