Juicio a los jefes: declaró el segundo de Grau durante su período al frente de la Policía de Santa Fe

Durante la jornada de este viernes en el juicio por la denominada causa "D4", el ex jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, José Luis Amaya, quien fue segundo de Rafael Grau durante su jefatura, brindó su declaración testimonial, ofreciendo detalles sobre la estructura, responsabilidades y el día a día de la cúpula policial durante la gestión.

Amaya declaró a través de una videoconferencia ante el tribunal compuesto por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert. Fue citado al juicio por la defensora pública Ileana Echaniz, quien representa a Grau y busca obtener una absolución.

Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera llegaron a la instancia del debate oral y público con el objetivo de lograr condenas a 9 años de prisión para los exjefes policiales, Rafael Grau y Omar Odriozola, a quienes acusan de haber comandado una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial por un monto que, actualizado, superaría los $250.000.000.

La estructura policial

Amaya, actualmente retirado de la fuerza, delineó su extensa carrera policial, que lo llevó desde la agrupación Cuerpos hasta ocupar los más altos cargos institucionales, incluyendo la Subjefatura y, finalmente, la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

El exfuncionario precisó que durante el período entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 en el que Grau fue jefe, se desempeñó como su segundo, puesto en el que continuó hasta su nombramiento como jefe de la policía en agosto de 2016.

“Nosotros lo que teníamos es una estructura orgánica”, que en ese momento “estaba compuesta de diecinueve Unidades Regionales y una plana mayor que es la que trabajaba en conjunto con la dirección de la institución policial”. Estos eran cinco departamentos: Personal (D1), Informaciones (D2), Operaciones (D3), Logística (D4) y Judicial (D5).

Amaya describió sus jornadas como "extremadamente dinámicas", sin un horario definido y con funciones que variaban constantemente, abarcando desde lo institucional hasta la supervisión directa de operativos en calle o la presencia en las diversas unidades regionales de la provincia.

También remarcó que su tarea, en ese cargo de conducción, no se centraba en labores de oficina o despacho de expedientes, sino en la dirección y gestión de la institución.

Responsables de controlar

En cuanto a los mecanismos de control, Amaya explicó que existía un control directo por parte de cada responsable de área en base a la Ley Orgánica Policial. De manera más general, la Dirección Provincial de Asuntos Internos ejercía un control constante e independiente sobre las distintas dependencias policiales, sin depender directamente del Jefe de Policía.

Respecto al Departamento de Logística (D4), que según la acusación fiscal fue clave en el esquema de defraudación, Amaya afirmó que su función era la gestión de inventarios, provisión de armamento y todo lo relacionado con los bienes muebles y móviles de la institución.

Sin embargo, no pudo recordar el trámite específico para la reparación de móviles, ya que señaló que esa tarea era llevada adelante por dicho departamento.

En cuanto a la reparación de móviles y la compra de repuestos, el testigo afirmó que la responsabilidad de controlar que aquello se efectuara de la manera correspondiente era del jefe del D4: “Cada responsable de área, cada jefe tiene su control directo".

La firma de cheques

Un punto relevante en la declaración de Amaya fue la firma de cheques. El exfuncionario indicó que esta tarea correspondía a quienes trabajaban en contaduría, y que los cheques eran firmados por el responsable de esa área y por el Jefe de Policía.

En esa línea, aclaró enfáticamente que, como Subjefe, él no firmaba cheques, y que aunque su firma había sido autorizada al inicio de su gestión no recordaba que el jefe alguna vez le pidiera ayuda con esa tarea.

Por este tema fue consultado por la fiscalía, que en su acusación sostiene que Grau y Odriozola, como jefes, firmaron cheques y rendiciones de cuenta que permitieron la "disposición patrimonial ilegítima" en el marco de la organización ilícita.

El juicio oral y público continuará el lunes próximo, jornada en la que está previsto que declaren los acusados.