El gobierno presentó un escrito ante la Justicia

El gobierno de la provincia presentó hoy un informe escrito ante la jueza, Sandra Valenti -que entiende en la causa de las usurpaciones-, como respuesta a un pedido de la magistrada, que solicitó la realización de informes relativos a la situación en los barrios Santa Rita II y Las Delicias. La provincia, además, ratificó su decisión de dialogar y resolver la situación de aquellas familias que tienen reales necesidades, siempre y cuando abandonen las viviendas.

En el escrito -presentado esta mañana y firmado por la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino-, el gobierno hace su propia reconstrucción del conflicto y plantea que “un grupo de personas, que se trasladaban en colectivos urbanos de la Línea 18, usurparon mediante la utilización de violencia y con el fin de apropiarse, destruyendo cerco perimetral y forzando las puertas de aquellas viviendas que las poseían, el predio propiedad del Estado provincial, el que se encontraba cercado y con policía adicional como custodia, encuadrando esta acción en lo tipificado por el artículo 181 inciso 1º del Código Penal” (delito de usurpación).

El informe también indica que el predio usurpado (Santa Rita II, de 180 viviendas) presentaba al momento de la ocupación un avance del 77,31% en el rubro vivienda y del 32,7% en infraestructura, por lo que las viviendas no se encuentran en condiciones de habitabilidad.

En este documento, el gobierno recuerda que el predio tenía custodia policial (desde 2009), y Pino relata que luego de tomar conocimiento de la usurpación, la Dirección de Vivienda formuló la denuncia pertinente y concedió audiencia a los usurpadores.

“En tal sentido -se reconoce en el escrito- se suscribió un acta en fecha 4 de abril, con el único objetivo de lograr la desocupación de las viviendas y de este modo hacer cesar los efectos del accionar ilícito. Pero en el transcurrir de ese día, se verifica la consolidación de la usurpación, mediante el arribo de más ocupantes, muebles, conexiones clandestinas de luz y agua, valiéndose de un abuso de confianza derivado del desconocimiento de lo acordado, no verificándose voluntad de desocupación pacífica de las viviendas, sino que se agravó la situación, lo cual dio origen a que la Dirección de Vivienda tuviera por decaída el acta acuerdo, por el incumplimiento de los ocupantes”.

Con relación al conflicto, el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone, aclaró: “Sabemos de las reales necesidades de muchas familias, que fueron utilizadas políticamente por la CCC. Queremos decirle a estas familias que estamos dispuestos a dialogar y encontrar juntos una solución, pero siempre y cuando devuelvan los bienes que son de todos”.