A pesar de la orden judicial, la usurpación de terrenos se consolida en B° Transporte

Mientras sigue sin cumplirse la orden de desalojo dispuesta por la justicia, y aprovechando el fin de semana largo, este sábado continuó la usurpación de un terreno fiscal en barrio Transporte.

Así lo manifestaron vecinos de Matheu y 1 de Mayo a El Litoral, quienes además enviaron a nuestro whatsapp imágenes de cómo llegaban en camioneta con materiales y empezaban a armar carpas y ranchos en el predio que ya lleva varios días tomado.

Hoy, además, tuvieron que llamar a los Bomberos “por el humo que hacen, hubo un principio de incendio” relató un vecino que aseguró que están “desesperados. Estamos viviendo un tormento”.

Asimismo, aseguró que quienes ocupan ese espacio “están muy organizados” y que “construyen de noche. Tuvimos una noche movida, con ruido a chapa todo el tiempo”.

Sin embargo, lo más grave es que denuncian hechos de inseguridad: “hoy amenazaron a una señora que vive frente a ellos. Es porque saben que no los queremos en el barrio y que también estamos movilizados”, además “desde que está esta gente hubo muchos casos de robos en La Esmeralda”.

Finalmente, quien se comunicó a El Litoral reclamó que se ejecute la orden de desalojo, “están dejando pasar el tiempo” y las usurpaciones “se consolidan”.

DISPOSICIÓN JUDICIAL INCUMPLIDA

El pasado fin de semana, cuando se cumplieron 10 días del comienzo de las usurpaciones de terrenos fiscales en distintos barrios del norte de la ciudad, la Justicia ordenó el desalojo de una de ellas, en barrio Transporte, pero hasta el momento no se concretó debido a la falta de una orden política hacia las fuerzas de seguridad, que deben ejecutar el operativo.

Desde la Municipalidad de Santa Fe estimaron que eran de 40 las familias que llevan adelante el acampe y asentamiento ilegal en barrio Transporte, más precisamente en lotes de un terreno fiscal delimitado por las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo, en el norte de la ciudad.

Mientras se aguardaba la intervención judicial en el tema, el Municipio realizó un relevamiento social de las familias que ocuparon el terreno y las censó para conocer sus barrios de origen y necesidades.

Posteriormente, llegó la orden judicial de allanamiento y desalojo -dispuesta por el juez federal Francisco Miño- para que la Gendarmería Nacional proceda. Así lo confirmó oportunamente Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social de la Municipalidad santafesina, quien sostuvo que esta fuerza pública se puso en contacto con las distintas áreas del Estado tanto municipal como provincial. “Mantuvimos una reunión operativa para comenzar hoy (por el pasado lunes 17) con una intervención que intente mediar desde las áreas sociales para no llegar a una situación violenta de desalojo”, explicó el funcionario.

“Las primeras acciones deberán estar orientadas al diálogo”, dijo Granato. Si llegaran a agotarse esta instancia, será la Justicia quien dictamine cómo sigue el operativo. “Abandonar el lugar es la condición innegable que dictó el juzgado federal”, remarcó el secretario.

Sin embargo, pasaron los días y la situación no solo que no fue resuelta sino que, como lo grafican las imágenes enviadas por vecinos al whatsapp de El Litoral, se mantiene.