El Pozo: crece el asentamiento a fuerza de tiros y violencia

El miedo reina en el barrio El Pozo. Los vecinos escuchan tiros a toda hora y salen a la calle con temor. Es que en la zona ubicada sobre el bañado de la laguna Setúbal, sobre la playa Los Alisos, crece un asentamiento irregular de precarios ranchos habitado por unas 200 personas. Y algunos de ellos arreglan sus conflictos con violencia, viven del delito, y mantienen al barrio en vilo.

El fin de semana hubo tiroteos, un herido de bala, corridas, persecución policial, detenidos y hasta un rancho incendiado. Todo ello a la vista de los vecinos de las torres y los chalet, que deben esconderse para evitar que los alcancen las balas. Aquellos que tenían el privilegio de vivir frente a la playa Los Alisos hoy cambiaron ese paisaje natural por ranchos, humo y violencia. Los ocupas coparon la playa, que ahora se transformó en un asentamiento ilegal.

Lo del fin de semana no es nuevo. El asentamiento comenzó hace muchos años, con algunas carpas y reparos de pescadores canoeros que tiraban su espinel en la laguna en busca del sustento. Luego improvisaron carpas y ranchos, hasta que algunos se asentaron en el lugar, sobre todo en la zona noroeste del barrio. Pero a fines del año pasado un sector de la zona donde antes estaba la parada de colectivos 2 y 9 comenzó a poblarse de manera exponencial y se transformó en un gran asentamiento irregular no solo de pescadores, sino de personas involucradas en delitos. “Son cerca de 200 familias las que residen en ese sector”, aseguran los vecinos.

El FoNaVi El Pozo se inauguró en el año 1988. Tiene 600 metros de largo, por 400 metros de ancho, conformado por manzanas de chalet y 14 torres de 10 pisos, de departamentos. La obra demandó una década y sufrió demoras por la inundación de 1983. Allí viven alrededor de 11 mil vecinos de la ciudad.

A los tiros

Los habitantes de barrio El Pozo están preocupados además porque los ranchos fueron levantados sobre el terraplén de defensa, que fue “cavado y hubo movimiento de tierra, por ejemplo, para tener baños”, advirtió un vecino que pidió continuar en el anonimato. “No queremos dar nombres porque ya nos vinieron a buscar una vez, es gente de mal vivir”, advirtió.

“¡La noche del sábado acá hubo más de cien tiros! Primero estaban con la música a altísimo volumen, pero cerca de la medianoche se cortó la música y comenzaron los problemas. Escuchábamos que se gritaban ‘putos... cagones... cobardes’, hasta que empezaron los tiros”, le contó otro vecino a El Litoral. Su testimonio fue el eje de la crónica policial del lunes.

La mayoría de los antiguos vecinos del barrio aseguran que allí “circula la droga, y hay ‘personajes’ que venden parcelas a 30 mil pesos. Mucha gente paga ese dinero y se instala. Otros se demoran en el pago y allí surgen los enfrentamientos”, contó el vecino. “Durante la cuarentena es impresionante la cantidad de gente que llegó. Nosotros veíamos como se instalaban día a día”, comentaron.

Pedido de Informe

En ese marco la vida de barrio y la convivencia se hace insostenible. Pese a que uno de los vecinos de El Pozo es el jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, a los malvivientes poco les importa. Tras la publicación del lunes en las páginas de El Litoral “aparecieron varios patrulleros a toda hora”, le llamó la atención a un vecino. “Pero a ellos pareciera que no les importa, porque este martes quisieron levantar otro rancho, hasta que los advertimos, denunciamos y se frenaron”, contó el vecino.

El concejal Carlos Suárez se hizo eco de la preocupación de los vecinos de El Pozo y presentó un Pedido de Informe al Ejecutivo municipal. “El problema no es nuevo, pero en los últimos meses se agravó porque se metieron en la playa Los Alisos”, advirtió el edil de la UCR. En el mismo solicita al intendente Emilio Jatón que de cuentas sobre la situación jurídica de los terrenos, las actuaciones realizadas y si se hizo un relevamiento de las familias que ocupan dicho lugar. Por último, consulta sobre si se va a desalojar y si se piensa garantizar la seguridad de los vecinos.

“No se puede naturalizar que esta sea la forma de acceder a una vivienda. Me parece que el Estado debe evitar que ocurran estas ocupaciones”, finalizó Suárez.