El proyecto fue ingresado al Cuerpo Deliberativo local por los Concejales del PRO (Juntos por el Cambio), Luciana Ceresola y Sebastián Mastropaolo. El texto hace referencia a la necesidad de establecer un mecanismo sancionatorio para aquellas personas (físicas o jurídicas) que gozan de algún beneficio o ayuda social monetaria por parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal y cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas. La norma apunta fundamentalmente al delito de entorpecimiento de la normal circulación del transporte y peatones en la vía pública, dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe.

































