EcoBullying: llegan a vivir al campo y pretenden desplazar a productores que llevan generaciones cultivando

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Unos 60 agricultores y contratistas de la localidad santafesina de Coronel Domínguez, ubicada 30 kilómetros al sur de Rosario, se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas regulaciones que les impidan seguir utilizando productos fitosanitarios en los campos linderos al casco urbano, situación que los forzaría a abandonar la actividad. La suposición se basa en la creciente conflictividad con nuevos vecinos que en los últimos años avanzaron con edificaciones sobre el área rural y ahora demandan el alejamiento de las pulverizaciones.

Los chacareros fueron convocados por las autoridades locales mañana viernes a una reunión en la sede comunal y temen que sea para comunicarles mayores restricciones. Sospechan que la administración de la socialista Mónica Adriana Villegas podría encarar acciones drásticas en respuesta a “un estado de psicosis” que reina entre los habitantes, acentuada a partir de una campaña de demonización del sector que incluye la distribución domiciliaria de volantes con mensajes atemorizantes y el hostigamiento a los operarios de máquinas agrícolas mientras realizan sus tareas.

En este contexto, productores, asesores, prestadores de servicios y dirigentes agropecuarios sospechan que detrás de estas acciones se oculta la intención de expandir negocios inmobiliarios, ya que la localidad se ha consolidado como un lugar de retiro de los rosarinos que encontraron allí un espacio “campestre” para casas de fin de semana. Luego, al experimentar la vida sin la inseguridad que reina en la gran ciudad puerto, decidieron radicarse en forma permanente. Los oriundos de Coronel Domínguez afirman que en poco años la cantidad de habitantes habría crecido de 800 a 1.300. Esto hizo que la urbanización se expanda sin planificación, por lo que el principal reclamo de los productores es un ordenamiento territorial para evitar que los loteos avancen sobre sus campos y su derecho de seguir siendo agricultores.

Un dato llamativo es que desde 2011 la localidad -relatan los productores- cuenta con una ordenanza que garantiza la salud y el ambiente en el área periurbana. Por ejemplo mediante la fiscalización de cada pulverización por parte de un funcionario comunal dentro de un anillo circundante de 500 metros. Incluso establece una franja de 50 metros libre de pulverizaciones. A pesar de ello, por efecto del miedo y la agitación entre los vecinos, la comuna trabaja en una nueva ordenanza.

Los chacareros vienen trabajando con el apoyo de la Regional Sur de Federación Agraria Argentina y la AER Arroyo Seco del INTA para aportar argumentos técnicos a la discusión en la búsqueda de consensos, pero no lograron ser escuchados. “No hay un ordenamiento territorial y a medida que se expanden los loteos en las afueras del pueblo sin control van corriendo la línea agronómica; y la gente que lleva generaciones produciendo en el lugar de repente no puede trabajar”, indicó Cristian Roca, vocero federado en el sur provincial. Por lo tanto el pedido es que las autoridades locales determinen hasta donde llega el límite urbano, para que quien decide edificar en zona rural asuma esa condición y no pretenda luego obstruir el trabajo de sus vecinos.

Roca relató que los activistas además ejercen una presión constante que empiezan a cansar emocionalmente a los productores. Por ejemplo irrumpen en propiedades privadas al observar la presencia de una pulverizadora y hostigan a operarios, asesores e incluso funcionarios comunales, filmándolos con sus teléfonos al tiempo que lanzan acusaciones, impidiéndoles trabajar. Las escenas se repiten cada vez con mayor frecuencia e incluyen la intervención de móviles policiales en los campos, como está documentado por los damnificados. “Creemos que detrás de esto hay una intención de obligar a los productores a vender; en Arroyo Seco conozco un caso”, afirmó. Por eso anticipó que mañana la entidad se movilizará a la sede comunal en apoyo a los chacareros.

Uno de los productores afectados, Sergio Dipego, es cuarta generación de agricultores en Coronel Domínguez. Cuenta con varios lotes en los alrededores, en los que produce mayormente legumbres que envasa en una industria que emplea 40 personas en el pueblo. “Se loteó sin límite y sin regulación y perjudican nuestra actividad”, se lamentó. “Hay gente que no está bien informada; vinieron de la ciudad para vivir mejor y ahora hay como una psicosis casi enfermiza: ven la pulverizadora y entran en pánico; nos empiezan a filmar, sacan fotos; se acercan y le explicamos pero desconfían hasta de lo que cargamos en la máquina”, relató, pese a que el trabajo se hace bajo fiscalización de un funcionario comunal y con la receta agronómica a la vista.

Dipego señala que desde 2011 adecuaron su trabajo a la normativa y sin embargo nunca pueden dialogar ni acordar con los nuevo vecinos. “El pánico que se está sembrando es injusto con nosotros, desde mi tatarabuelo somos productores en Coronel Domínguez; desde 2004 industrializamos arvejas y nos sentimos un poco frustrados, desanimados; los productos y el método que usamos no dañan el medioambiente, lo dicen los propios asesores de la municipalidad; entonces no entendemos porqué entran en pánico”, dijo. “Creemos que algunos pueden estar movilizando vaya a saber con qué intereses”, agregó. A eso añadió que son señalados en el pueblo: “sentimos el odio”.

“El miedo a perder los campos hizo que empecemos a juntarnos y se formó un grupo junto con FAA e INTA, que nos está ayudando mucho, para poder llevar ideas nuevas a la comuna”, indicó el productor, quien estimó en más de 60 los actores amenazados, entre productores y prestadores de servicio. La intención de los activistas es dejar 1.000 libres de fitosanitarios y reconvertir el área a la agroecología. “Pero te dicen que recién puede ser rentable en tres años… y quien va a bancar esa pérdida durante ese tiempo alrededor de todas las localidades? Quien aceptaría trabajar tres años sin cobrar su sueldo”, planteó Dipego.

Silvia Medina y su marido Mario Pollacchi brindan servicio de pulverización (lo hacen ellos, no tienen empleados) y sufren la angustia de ser demonizados. Malestar que se traslada hasta su hijo de 14 años, a quien acosan en la escuela por tener padres aplicadores. Mostraron a Campolitoral todos los certificados que acreditan su idoneidad y no dudan en asegurar que “con Buenas Prácticas Agrícolas se puede trabajar sin problemas”. Incluso se han hecho análisis en sangre y orina con resultados negativos a cinco principios activos (herbicidas e insecticidas). Sin embargo relatan que mientras realizan sus labores “caen patrulleros a impedirlo y los policías no están capacitados, no entienden del tema”.

Ella suplica “queremos seguir trabajando” y declara: “nos hace mal esta situación, mi marido quiere vender las herramientas y dejar todo”. Pero no está dispuesta a resignar 16 años de trabajo. Entonces se plantó y dijo “algo tenemos que hacer” y así recurrieron a FAA. Con la entidad, más el INTA y otros productores, asesores y contratistas asistirán mañana a la comuna, con la esperanza de encontrar en los gobernantes la cuota de cordura y voluntad política que les permita, a todos, recuperar la calidad de vida que hasta poco tiempo atrás reinó en Coronel Domínguez.