Los ajustes a jubilaciones en un escalón hacia la nueva ley

Las prestaciones a la Seguridad Social crecieron en septiembre -en términos nominales- 32,4% interanual, lo que supone un recorte real del 3,1%, incluyendo los efectos de la decisión del gobierno nacional de suspender las actualizaciones automáticas que ordena un fallo de la Corte. Los salarios del sector público perdieron por su parte 9,3 % de su poder de compra, siempre tomando como base los datos del Indec.

Es parte del ajuste que ya está en marcha (este martes llegan los emisarios del FMI) y que también tiene definiciones expresas en el Congreso, donde Diputados eliminó del Presupuesto 2021 un subsidio de $ 30 mil millones a las petroleras, preanunciando la suba de tarifas atrasadas, que en el caso de los sectores más postergados podría compensarse selectivamente en el diseño político que viene.

El aumento de la recaudación que se registra en los dos últimos meses se debe menos a la recuperación económica que a los nuevos impuestos. Los principales gravámenes vinculados a la actividad económica interna y al bienestar de los ciudadanos se mantienen negativos: -7,9% el impuesto al cheque y -7,5 % el IVA, que naturalmente refleja el nivel de consumo.

A pesar de celebrarse hoy el día del trabajador Legislativo, los presidentes de bloques legislativos de ambas cámaras, directivos de Anses y de los ministerios de Trabajo y Economía y miembros de la comisión bicameral que analizó la propuesta de una nueva fórmula, convergerán por zoom para comenzar a analizar cómo sería la actualización de las prestaciones jubilatorias y de planes como la AUH.

Fuentes parlamentarias sugirieron que el estudio preliminar a partir del cual se formularía la nueva ley, se basa en un esquema de actualización de prestaciones con 70 % de actualización salarial y 30 % de recaudación de prestaciones previsionales. Si se toma en cuenta la recesión económica y el retraso salarial señalado, más la rigidez para nuevos empleos formales que aporten al sistema, se conforma un esquema de haberes y subsidios que perderán frente a la inflación y sólo recuperarán valor si se recupera la economía.

Pero así como en el caso de las tarifas, la intención del Frente de Todos es reservar para la Casa Rosada la posibilidad de pagar bonos especiales para los sectores más postergados, siempre bajo el criterio de solidaridad en crisis, achatando escalas o méritos de aportes previos.