Una ONG plantea una ley para que en las facturas se detallen los impuestos

La asociación civil Lógica exhortó a que el Senado sancione el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que apunta a que las personas puedan tener el detalle de todos los impuestos que pagan cuando compran bienes. Ese régimen está incluido en el proyecto de "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", que recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada.

"Es insostenible que desde hace 50 años tengamos una ley y regulaciones vergonzosas que prohíben mostrar los impuestos al consumidor, quitándole toda conciencia fiscal a los argentinos", dijo el presidente de la ONG, Matías Olivero Vila.

En el proyecto que debe tratar el Senado, se incluyen cuatro normas:

-- En los tickets de consumo deberá detallarse el precio discriminando el IVA y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios (por ejemplo, impuestos internos, impuesto al cheque, entre otros).

-- Los precios deberán exponerse por su importe final y precio neto (es decir, sin IVA y otros impuestos).

-- Se invita a las provincias y CABA a que adhieran a este régimen, para visibilizar el impuesto sobre los ingresos brutos y los tributos municipales.

-- Para servicios estatales, no se permite utilizar la palabra "gratuito" sino el giro "libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes".

Lógica consideró que una de las principales causas de la "tragedia fiscal argentina" es la "falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, generada por un régimen que oculta sistemáticamente los impuestos a los ciudadanos". "La forma más directa está en el artículo 39 de la Ley de IVA, con la prohibición –desde 1973- de mostrar ese impuesto al consumidor. La otra consiste en 'esconder' los otros impuestos indirectos detrás del vendedor, luego trasladados al consumidor.

Se trata de un régimen diseñado para el ocultamiento", se quejó Olivero. Y añadió que "la falta de conciencia fiscal llevó a no exigir a los políticos conducta en el gasto y en impuestos, lo que fue funcional a la tragedia fiscal".

Olivero añadió que "la clave, como en Brasil, es que el cálculo sea aproximado, no importa si es un par de puntos más o menos. Sí importa que sepa que no es 0% ni el 21% del IVA sino más del 40%. El fin no es que el ciudadano se lleve un pago a cuenta de impuestos sino su concientización." .

Por último, el directivo consideró que Brasil implementó este régimen "teniendo el sistema tributario -por muy lejos- más complejo del mundo, por lo que para Argentina debería ser mucho menos difícil. Al final, se trata de bajar datos de una tabla oficial actualizada por sector, tamaño y ubicación." .

Un tributarista a la Corte

"Desde Lógica exhortamos a que se designe un/a tributarista" en la Corte. La entidad sostiene que "tenemos los impuestos más altos del mundo" y "la inflación más elevada", producto del "descontrol del gasto público". Recuerda que el 50% de las propuestas para el Pacto de Mayo incluyen equilibrio fiscal, gasto público, reforma tributaria, coparticipación de impuestos y reforma previsional, por lo que "si se suscribiera, se dictarán leyes y normas reglamentarias, por lo que es necesario que las sentencias, en especial de la Corte, no traicionen total o parcialmente lo allí decidido".

Reclama por jueces "demasiado tolerantes con los impuestos más altos", por lo que "los poderes políticos sancionan normas cada vez más violatorias de los principios constitucionales". Reclama que una sentencia no dirime entre Estado y empresas sino sobre impuestos en el ciclo productivo que "terminan siendo afrontados por los consumidores finales, en una porción mayor al 40% (alimentos, bebidas, nafta, etc) y hasta más del 50% (indumentaria, autos, celulares, etc) del precio final".

"La Corte Suprema ha sido el tribunal que mejor (o menos mal) aplicó los principios constitucionales tributarios en defensa de los contribuyentes. Pero no lo hizo con la impecabilidad e implacabilidad que se exige en un país que tiene los impuestos más altos". Concluye la ONG señalando el efecto ejemplificador en fallos "tanto tributarios como los político-fiscales vinculados a la coparticipación".

Generadoras de Energía rechazan un bono

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) rechazó el bono que el ministro de Economía, Luis Caputo, impuso a las empresas del sector para cancelar deudas atrasadas y consideró "inaceptable" que pagos pendientes se condicionen a aceptar esta propuesta.

"Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta", señaló la nota que la entidad le envío al jefe del Palacio de Hacienda para comunicar la posición del sector. El Gobierno decidió cancelar las deudas de diciembre y marzo con el bono AE38 en dólares cuyo vencimiento es en 2038, pero que a su vez cotiza al 50% de su valor. Esto implica una pérdida de similar para las empresas ya que el bono deberá ser aceptado al 100% de su valor. .

El monto involucrado en esta operación alcanzaría a los $600.000 millones. Desde febrero los pagos se realizarían con el flujo de caja de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). En su nota, AGEERA esgrimió las siguientes razones para rechazar la imposición de Economía:

1) Resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada.

2) Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales.

3) Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses.

4) Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados.

5) Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado.

6) Compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad.

7) Afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento.

Tras recordar las inversiones realizadas en un marco de promoción de inversiones, las generadoras cuestionaron "una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos", lo que constituiría un "fuerte signo de falta de seguridad jurídica".

AGEERA sostuvo que "resulta de suma gravedad el hecho de que CAMMESA, contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional no efectuó los pagos correspondientes, lo que representa un grave incumplimiento de sus deberes.