Proyecto de ley de Laspina para eliminar las retenciones al agro

"Hoy presenté un proyecto de ley que impulsa una profunda liberalización y desregulación del sector agropecuario y elimina las retenciones en un plazo prudencial. Retenciones y cepo son el instrumental clásico para esquilmar exportadores. Eso debe cambiar ya", posteó el diputado nacional santafesino Luciano Laspina (PRO).

El legislador presentó la iniciativa horas antes de la reiteración de la promesa del presidente Javier Milei de rebajar las retenciones sobre las agroexportaciones agroindustriales durante 2025, en medio de reclamos por falta de rentabilidad de los productores, que asumen precios internacionales bajos y subas "dolarizadas" de costos.

Según el propio Laspina, su iniciativa "prohibe que el Estado pueda intervenir -con cualquier mecanismo- en la fijación de precios del mercado. Se deroga el artículo 755 del Código Aduanero que es el 'huevo de la serpiente', que permite al PEN establecer retenciones y regulaciones de todo tipo a los exportadores.

"¿Cómo eliminar las retenciones para siempre?", se preguntó el diputado santafesino, en clara referencia a la posibilidad implícita de que década nuevo gobernante dispone al respecto. "Cualquier discusión impositiva -dice Laspina- por justa que sea, no puede soslayar el equilibrio fiscal. Esto exige prudencia en la secuencia, priorizando impuestos con mejor ecuación costo-beneficio. Sin duda las retenciones figuran en primer lugar.

"Una reducción abrupta de las retenciones tendría un costo fiscal difícil de absorber. Sin embargo, una reducción drástica a largo plazo, aplicada de manera gradual y creíble por ley, permitirá obtener los beneficios de largo plazo, minimizando el costo fiscal de corto plazo", sostiene.

Explica que "esto explica la lógica secuencial del proyecto: fijamos una reducción mensual del 0,35% en todas las alícuotas. Esto equivale a una reducción anual de 4,2 puntos porcentuales. Para la soja, por ejemplo, las retenciones bajan a la mitad en 4 años y desaparecen totalmente en 7 años".

Detalla que "la senda de reducción de 4,2 puntos porcentuales anuales se fijó atendiendo a dos criterios: en primer lugar, la necesidad de resolver un problema de larga data con una prudente gradualidad", aunque advierte que "el Poder Ejecutivo podrá reducirlas antes si hay espacio fiscal", en clara referencia al superávit del sector público nacional.

Indica Laspina que "en segundo lugar, la tasa de interés" resultaría "libre de riesgo, medida por los Bonos del Tesoro Americano a 10 años -que rinden aprox. 4% anual- que es 'el costo de oportunidad' de retener exportaciones para beneficiarse del 'carry positivo' que genera la reducción de alícuotas".

Concluye apuntando que "la ley busca erradicar definitivamente el 'pecado capital' del subdesarrollo argentino que ha sido 'matar la gallina de los huevos de oro' asfixiando al campo argentino, el sector más dinámico de nuestra economía".

Millones que se van y no vuelven

Cabe recordar que el gobierno nacional recaudará US$ 5.500 millones por retenciones a las cadenas de producción y exportación de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, durante este año. Son cifras que no coparticipan, para una administración central que se ha desentendido de la inversión para que la logística lleve la producción a los puertos de exportación, en medio de un escenario de caminos en estado crítico.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la cifra que recaudará este año la administración Milei "representa un aumento del 80% con relación a la recaudación obtenida en 2023, que fue de US$ 3.070 millones". En pesos corrientes, la recaudación estimada del año que finaliza alcanza $ 5 billones considerando el tipo de cambio utilizado para liquidar los derechos de exportación correspondiente a cada producto durante el año.

Según las proyecciones de los economistas Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, en 2025 la recaudación por derechos de exportación a las principales seis cadenas agroindustriales del país, alcanzará unos US$8.165 millones si se mantienen las alícuotas actuales.

Durante una reciente reunión en la Sociedad Rural Argentina, el presidente Javier MIlei prometió: "en la medida que podamos consolidar esta tendencia a lo largo del año que viene y que se pueda verificar que el aumento de ingresos no es de tipo transitorio, sino de tipo permanente, más la reducción del gasto público porque la motosierra continúa, se va a traducir en baja de impuestos".

US$ 203 mil millones desde 2002

El economista Salvador Vitelli reveló a mediados de este año que el gobierno central recaudó US$203.000 millones en derechos de exportación al sector agroindustrial del país, recaudación que no se coparticipa. Los datos abarcan 34 años, pero refieren principalmente a lo que sucedió desde la salida de la Convertibilidad, cuando el gobierno nacional repuso el gravamen para financiar planes sociales.

Las retenciones a la agroindustria fueron dispuestas por Eduardo Duhalde en abril de 2002, cuando las llevó al 20% para granos y aceites, 10% para otros productos primarios y 5% para carnes. Néstor Kirchner las incrementó en enero y noviembre de 2007, para llevarlas al 35% en el caso de la soja, 32% aceites, 28% el trigo y 25% para el maíz. Cristina fracasó en su intento por las "retenciones móviles" sugeridas por su ex ministro y hoy presidente de la UCR, Martín Lousteau. Y Mauricio Macri eliminó las retenciones al trigo, el maíz y la carne, pero las repuso al 12% en 2018.

Según el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, los productores del Centro-Norte de la provincia aportaron una recaudación aproximada al fisco nacional -por la campaña 2022/2023- un total de US$313,2 millones, siendo el 27,3% por la comercialización de granos y el 72,7% restante en concepto de derivados. Ello representaría el 5,9% de la recaudación a nivel nacional de este tipo de tributos durante el año 2023.

Aquél informe recordó que las retenciones son "un impuesto no coparticipable, es decir, una vez recaudado por la nación, dicho monto no se incluye dentro de los fondos a entregar a las provincias. Lo anterior implica que las retenciones pueden ser vistas como recursos que la provincia no sólo no puede utilizar de manera directa (dada la naturaleza intrínseca de un impuesto), sino que tampoco puede utilizar de manera indirecta (dado que no se coparticipan)".