Con la normativa laboral vigente, el empleo formal retrocede y sólo crecen los monotributistas y la informalidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos revelan, comparando el 3º trimestre del 2025 con igual período del 2023 -el trimestre anterior al inicio del gobierno de Milei- que el PBI aumentó en 1,3% mientras que el empleo urbano se incrementó en 2,3%.

Sin embargo, advierte el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, en ese contexto "el empleo no asalariado o por cuenta propia creció aproximadamente un 14%" mientras que "el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un -3%".

Para el Centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina, "el resto de las ocupaciones (la suma de empleo público más empleo asalariado no registrado) cayó un -1%".

¿Qué normativa es antiobrera?

La CGT ha calificado a la "modernización laboral" -que tiene despacho de comisión en el Senado nacional- como una "reforma regresiva, precarizadora y antiobrera", que constituye un "ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores".

La evidencia representa un problema para ese alegato. Es que con la normativa vigente, "mientras las empresas privadas destruyeron empleos, la totalidad de la expansión del nivel de ocupación fue autoempleo, es decir, trabajadores sin empleador".

Según información complementaria de la Secretaría de Trabajo expuesta por Idesa, de los nuevos puestos de ocupación, "el 80% son cuentapropistas informales, esto es, no inscriptos en el Monotributo".

Más aún, a mediano plazo las cuentas no son mejores. Santiago Bulat, el economista que presentó el informe laboral en el último Coloquio de Idea, expuso que la productividad está por debajo de principios de los '90; desde 2012 los asalariados privados crecieron 3%; el empleo público creció 34% y el empleo "independiente" -en particular el monotributo- creció 42% desde ese mismo punto de partida.

Para dejar en claro la magnitud del problema, en materia previsional hacen falta 27 monotributistas para equiparar lo que un solo trabajador formal y su empleador, aportan al sistema previsional.

No hay creación de empleo

"Ya no hay creación de empleos en relación de dependencia. El 100% del aumento del empleo se explica por el cuentapropismo. Que las empresas no generen empleo es consecuencia del deterioro productivo, la desactualización de las leyes del trabajo y la arbitrariedad con la que los jueces laborales la aplican". Un proceso verificable antes de que llegue Milei al poder.

Idesa expone que "el desafío no solo es reformar la legislación laboral sino lograr que la Justicia la aplique. En una reciente entrevista con El Litoral, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro admitió la existencia de la Industria del Juicio en la provincia, aunque reconoció los esfuerzos realizados con el fuero laboral y la necesidad de ajustes nacionales.

El diputado provincial José Corral es autor de un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Laboral. El legislador expresó que la "industria del juicio" le demanda al sector privado 100 millones de dólares por año.

Según sus cálculos, "la alícuota que se paga en Santa Fe" en concepto de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, es un 15% superior a la de Córdoba y casi 50% más que el promedio del país. Las PYMES santafesinas pagan una alícuota del 4% de la masa salarial mientras que Córdoba es 3,4% y el promedio país es 2,7%, es un verdadero impuesto al trabajo registrado".

El factor judicial

En línea con ese fenómeno, Idesa expone que "las decisiones de contratación de un trabajador por parte de las empresas dependen básicamente de dos factores. Uno es el crecimiento de la economía, lo que deriva en la necesidad de contratar trabajadores. El otro son las normas laborales y cómo los jueces la interpretan al momento de su aplicación.

"En la Argentina -confirmó el reporte- la producción está estancada desde 2011 y las instituciones laborales están caracterizadas por desalentar las contrataciones. Ambos factores explican por qué las empresas no generan empleo asalariado registrado".

Mientras el país económico discute si la Argentina crecerá en 2026 (4,5% según el FMI o 5,4% según el proyecto de presupuesto) presupuesto, Santa Fe es la provincia con más litigiosidad laboral del país.

"Las tasas de juicios iniciados por cada mil trabajadores presentan grandes diferencias: van desde 0,1 casos en Salta, hasta 24 y 23 juicios por mil asegurados en Santa Fe y San Luis, respectivamente.

"La consecuencia es un fenómeno de arbitrariedad territorial que erosiona el principio de igualdad ante la ley y profundiza la incertidumbre económica", señaló Laura Caullo en un reciente informe de la Fundación Mediterránea.

Reacción de subsistencia

Idesa deja entrever que no hay mucho para festejar en el oficialismo con la baja del desempleo. "En la mayoría de los casos, el aumento en el trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora sino a la necesidad de generar ingresos de subsistencia. Es clara la extrema necesidad y urgencia de dinamizar la producción y abordar una profunda reforma de las instituciones laborales.

"El proyecto en el Senado -sostiene el informe- responde a esta lógica. En su amplitud y complejidad aparecen varios puntos perfectibles que es recomendable que sean abordados en su tratamiento legislativo. Pero los desafíos no terminan con mejoras en la ley. Además, es crucial y decisiva la aplicación que las justicias laborales de cada provincia hagan de las nuevas normas laborales".

Idesa concluye que "es factible que la producción salga del aletargamiento de la última década e inicie una senda de crecimiento". Pero advierte que "para maximizar su impacto sobre la generación de empleos de calidad es fundamental mejorar y sancionar la reforma laboral".

Pero aún así, reconoce que "lo más desafiante será lograr que las justicias provinciales se apeguen a las normas. Que se asuma que ni la autonomía de las provincias ni la independencia del poder judicial legitiman que los criterios personales de los jueces prevalezcan sobre las leyes aprobadas por el Congreso".