Los antecedentes

En 2009, el Inadi emitió un dictamen bajo el título: “Las empresas El Norte SA y El Norte Bis SRL discriminan”.

“Fueron situaciones muy violentas, aberrantes”, recuerda Stella Vallejos, titular de la sede local del Instituto. Las empresas habían establecido un cupo, cosa que no figura en la ley: llovieron las denuncias por malos tratos y discriminación. Incluso habiendo asientos desocupados, la empresa aducía el concepto de cupo para impedir viajar a más de dos personas discapacitadas.

Algunos casos que constan en el expediente: el 21 de septiembre de 2007, cuando concurrió a la terminal de ómnibus con el fin de acceder a dos boletos con el beneficio para personas con discapacidad, a la señora Vázquez le informaron que había cupo sólo para una persona con discapacidad por coche, y que éste ya había sido cubierto. La mujer indicó que eran tres las personas con discapacidad que necesitaban viajar de Reconquista hacia el norte.

La señora Sotelo, quien tenía una hija con síndrome de down, contó que cuando tenía que viajar con ella, los choferes de la empresa le solicitaban el certificado médico de la niña delante de todos los demás pasajeros: “Se habían llevado Sensibilidad a marzo”, ironizó.

La señora López dijo que vivía en Villa Ocampo y que tenía que viajar a Buenos Aires para que su hijo recibiera tratamiento médico. Cuando presentaba el certificado de discapacidad, la maltrataban y le decían que para la fecha en la que ella solicitaba el pasaje ya estaba ocupado el cupo, y que debía esperar cerca de quince o treinta días.

“Recuerdo otro caso en el que a una persona en silla de ruedas le daban el pasaje en el nivel de arriba, que es más barato. Pataleamos y logramos que le dieran el asiento en planta baja. Pero mientras tanto, la persona es sometida a una situación desgastante, inhumana”, agrega Vallejos.

“Había un señor que llevaba a su hijo a hacer el tratamiento médico al Garrahan. Le pedían que sacara el pasaje con anticipación, y que ellos después destinarían el horario que le daban. El padre terminaba pagando el boleto, porque muchas veces tenía que trasladarlo de urgencia”, agrega.

En la terminal, atiende una persona de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la que se puede recurrir en casos como estos. Aunque lo ideal sería que la ley se cumpla, simplemente.