La comisión se creó en la sesión extraordinaria del 30 de abril, por decreto municipal -N° 441/07 y N° 443/07-, y empezó a funcionar el 2 de mayo. Está formada por 4 miembros, porque el oficialismo dejó vacante el lugar que le correspondía.
La preside el concejal de la UCR-Encuentro, Jorge Henn, y sus pares Marta Fassino (Socialismo), Marcelo Ferreira (Santa Fe es el Centro) y Carlos Pereira (UCR) articulan como vocales.
La finalidad fue determinar si existió responsabilidad política de funcionario público durante las inundaciones del 27 de marzo pasado.
Una vez constituida, se divulgó una convocatoria a la ciudadanía, para que aportase pruebas y testimonios relevantes. A partir de entonces, comenzaron a desfilar afectados directos e indirectos, especialistas de la cuestión hídrica y hasta empleados del municipio.
La etapa de recolección de datos quedó cerrada en junio pasado, fecha a partir de la cual los 4 miembros se recluyeron para analizar la información obtenida.
Las bombas
Se hizo muy difícil conseguir los testimonios de los operarios municipales que actuaron en las casabombas. El 11 de mayo, la comisión denunció públicamente que el secretario de Asuntos Hídricos, Horacio Ruíz, "no trasladó la citación a los agentes".
Más allá de eso, algunos empleados se presentaron en forma espontánea y accedieron a hablar.
A medida que iban avanzando, aparecían escollos cada vez más grandes. En reunión con vecinalistas -unos diez representantes de la Federación-, los concejales se enteraron de que "nunca fuimos instruidos sobre medidas en caso de catástrofe".
Otras dos denuncias judiciales, de autoconvocados del barrio Las Flores II y un vecino de La Guardia, fueron recibidas por los ediles. También, a una delegación de la Marcha de las Antorchas.
Pero, sin dudas, el hecho más grave fue la imputación de que autoridades municipales convocaron a empleados de las estaciones de bombeo y -mediante abogados- les sugirieron "no presentarse a declarar" ante las citaciones recibidas.

































