El decreto tiene en sus primeras páginas, un amplio desarrollo argumental de la decisión, basado tanto en leyes como en citas teóricas. Una de las primeras normativas que menciona es la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, que dice que "la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social". También hace referencia a la Ley Nº 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), por lo que le corresponde al Estado "crear, promover y gestionar las condiciones necesarias para que aquellos derechos constitucionales sean reconocidos expresamente a niñas, niños y adolescentes".