Este martes, el gobierno de Santa Fe realizará el pago del incentivo mensual del programa "Asistencia Perfecta" correspondiente a agosto, beneficiando a casi 60.000 trabajadores de la educación.
Casi 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares recibirán el pago este martes. Del total, 52.778, esta vez 6.514 asistentes escolares recibirán el premio por primera vez. El monto total de inversión asciende a $ 6.148.525.970.

Este martes, el gobierno de Santa Fe realizará el pago del incentivo mensual del programa "Asistencia Perfecta" correspondiente a agosto, beneficiando a casi 60.000 trabajadores de la educación.
Se trata de una inversión total de más de 6.148 millones de pesos, destinada a docentes, directivos, secretarios, preceptores y, por primera vez, asistentes escolares que cumplieron con los requisitos de asistencia.
El programa, creado para reducir el ausentismo, premia a quienes no registraron inasistencias o solo tuvieron una falta durante el mes. En total, 59.292 agentes de la educación pública y privada recibirán este incentivo.
De este universo, 52.778 son docentes, directivos, secretarios y preceptores, mientras que los 6.514 restantes son asistentes escolares, quienes se suman al beneficio por primera vez.
Los montos varían según el cargo y la cantidad de inasistencias:
Este mes se destaca la inclusión de los asistentes escolares. Un total de 6.514 recibirán su primer incentivo. De ellos, 3.192 no tuvieron ninguna falta y cobrarán $54.125, que representa el 60% del monto para un docente de hasta 352 puntos sin inasistencias. Por su parte, los 3.322 que tuvieron una sola falta percibirán $27.063.
Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.
En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.




