Educación técnica: incertidumbre ante la eliminación del fondo nacional

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional encendió luces de alarma en todo el país. En Santa Fe, hay 172 escuelas entre públicas y privadas, de las cuales 145 son de gestión estatal. La derogación del Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), incluida en el Presupuesto 2026 de Nación, dejó sin el piso mínimo de financiamiento que estaba destinado a compra de equipamiento, mantenimiento de máquinas, desarrollo de proyectos institucionales y mejoras edilicias de las instituciones de esta modalidad.

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe dijeron que se está esperando qué decisión toman desde Nación al respecto para analizar realmente cuál va a ser el impacto, según indicaron a El Litoral fuentes de la cartera.

La preocupación ya comenzó a traducirse en acciones judiciales. Según informaron diarios nacionales, días atrás, los padres de dos estudiantes presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. La demanda sostiene que una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que garantizan derechos fundamentales como la Ley de Educación Técnico Profesional.

Impacto futuro

El artículo derogado establecía que el financiamiento para la ETP no podía ser inferior al 0,2% del presupuesto nacional, un mecanismo que complementaba otros programas de inversión. De acuerdo con los datos citados por Página/12, el recorte implica una caída del 93% del presupuesto destinado a la modalidad respecto de valores equivalentes a 2023.

En tanto, el diario Perfil advierte que la eliminación del Fondo Nacional perjudicará a más de 1,4 millones de alumnos que asisten a unas 3.800 instituciones técnicas en todo el país. Solo en 2025, el fondo había ejecutado 37 mil millones de pesos para equipamiento, insumos y mantenimiento de escuelas secundarias técnicas, institutos superiores no universitarios y centros de formación profesional, recursos que ahora quedan sin respaldo legal.

Advertencias previas

Ya en septiembre de 2025, durante un Congreso Nacional de Amet -gremio que nuclea a los docentes de técnica- realizado en Catamarca se había advertido que la eliminación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional implicaba "un golpe directo al corazón del sistema de educación técnica del país, al suprimir el fondo que durante dos décadas garantizó el funcionamiento de talleres, la compra de insumos y el equipamiento de las escuelas".

Y había alertado que la medida -que aún no había sido sancionada- ponía "en riesgo la formación y el futuro laboral de miles de jóvenes, al debilitar una modalidad clave para el desarrollo productivo, comprometiéndose a impulsar todas las acciones necesarias para frenar su aprobación".

El artículo 30 del Presupuesto 2026, aprobado en el Congreso, derogó -además de este- otros dos artículos fundamentales para la educación argentina: el 9 de la ley 26.206, que establece el piso del 6% del PBI destinados exclusivamente a educación; y los artículos 5, 6 y 7 de la ley 27.614, que establecen un incremento gradual con una meta de un 1% del PBI en Ciencia, Tecnología e Innovación, y la imposibilidad de recortar la proyección del presupuesto, respecto a un año previo.