Las huellas de la dictadura en Santa Fe, medio siglo después

La ciudad de Santa Fe parece tranquila cuando cae la tarde. El río avanza lento, los colectivos atraviesan el centro con su ruido habitual y la vida cotidiana continúa con una normalidad que, a simple vista, no deja ver lo que ocurrió aquí —como en el resto del país— hace medio siglo.

Durante los años de la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, ese mismo paisaje urbano santafesino fue escenario de una trama clandestina de secuestros, torturas y desapariciones. Un circuito del terror que operó en silencio entre comisarías, dependencias militares y casas operativas, y que formó parte del plan sistemático de represión desplegado en todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976.

Los operativos “antisubversivos”

Durante décadas quedaron marcadas en paredes y persianas las huellas de la balacera en el edificio de Ituzaingó y Las Heras, en barrio Candioti Sur. Allí, el 19 de enero de 1977, se produjo uno de los operativos más cruentos de los que el régimen denominaba “antisubversivos”.

Es sólo un ejemplo de lo que pasó.

El procedimiento, presentado entonces como un “enfrentamiento”, fue en realidad una emboscada. La manzana fue cercada por un amplio despliegue de fuerzas armadas que rodearon el departamento donde se encontraban militantes de Montoneros y dispararon durante horas con armamento pesado.

El saldo fue el asesinato de cuatro militantes —Osvaldo Pascual Ziccardi, Carlos Mario Frigerio, Jorge Luis Piotti e Ileana Esther Gómez— y también de una vecina, Elina Jagou de Carlen, alcanzada por los disparos desde su vivienda. Décadas después, la Justicia determinó que no hubo combate sino una ejecución planificada en el marco del terrorismo de Estado. El episodio quedó en la memoria local como la Masacre de Ituzaingó y Las Heras.

Como ese hubo otros operativos, igual de sangrientos o incluso más, en distintos barrios de la capital provincial.

La ciudad bajo vigilancia

Dentro de la estructura represiva de la dictadura, Santa Fe quedó bajo la jurisdicción del Área de Defensa 212, una zona militar controlada por el Ejército que coordinaba las tareas de inteligencia, persecución y represión política en gran parte de la provincia.

El dispositivo no era improvisado. Estaba integrado por militares, policías, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales que operaban de manera coordinada. Los secuestros se realizaban mediante operativos relámpago: irrupciones violentas en casas particulares, pensiones estudiantiles, fábricas, lugares de trabajo o en la calle.

Los testigos recuerdan siempre la misma escena: autos sin patente, hombres armados, golpes en la puerta en mitad de la noche. A veces bastaba una lista de nombres, una denuncia anónima o una simple sospecha.

Las personas detenidas eran subidas a vehículos —casi siempre con la cabeza cubierta por capuchas o frazadas— y trasladadas hacia un destino desconocido.

Ahí comenzaba el circuito.

Las estaciones del horror

Santa Fe no tuvo un único centro clandestino de detención. En cambio, varios lugares funcionaron como eslabones de un mismo sistema represivo. Distintas investigaciones contabilizaron al menos una veintena.

Entre los principales espacios señalados por sobrevivientes y causas judiciales se encuentran la Guardia de Infantería Reforzada, las comisarías 1°, 2° y la 4° —hoy Espacio de Memoria—, el ex Departamento de Informaciones de la Policía (D-2) de Obispo Gelabert y San Martín -actual Sitio de Memoria-, el Juzgado Federal de 1 de Mayo al 2000, y el centro clandestino conocido como La Casita, donde los secuestrados permanecían incomunicados y eran sometidos a torturas. Este último nunca se pudo identificar con precisión y aun persiste la duda si era uno solo o varios, con similares características. En sus declaraciones, las víctimas ubicaban el lugar entre la ruta 11 y la autopista a Rosario, en el Batallón de Ingenieros de Santo Tomé y en Rincón.

Muchos de los detenidos luego eran derivados a la Guardia de Infantería Reforzada, a la ex cárcel de mujeres N°4 Buen Pastor de barrio Sur y a la delegación policial del Tránsito de calle San José casi Buenos Aires (hoy Mons. Zaspe) para su “blanqueo” como presos políticos; otros permanecían desaparecidos dentro del circuito represivo que operaba bajo la órbita del Ejército y la policía provincial.

En esos lugares se realizaban interrogatorios bajo tormentos: picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento, el denominado “submarino”, y privación prolongada del sueño.

Los detenidos permanecían encapuchados, muchas veces atados, sin saber dónde estaban ni quién los interrogaba.

Los sobrevivientes recuerdan haber pasado días enteros escuchando los gritos de otros detenidos en habitaciones contiguas.

El mapa del circuito

En el marco de una investigación académica en curso, la profesora y licenciada en Historia Fiorella Acosta, investigadora de FHUC UNL y doctoranda de CONICET, elaboró un mapa del circuito de la represión en Santa Fe.

El mapa fue elaborado por Acosta en el marco de su investigación doctoral (CONICET) "El circuito represivo santafesino, 1974-1983”, dirigido por la Dra. Natalia Vega Rodríguez y la Dra. Laura Schenquer. Esta investigación se desarrolla bajo el proyecto PEICID-2023-158 "Terror de Estado, cultura represiva y resistencias en Santa Fe durante la última dictadura militar", dirigido por el Dr. Luciano Alonso.

La Comisaría 4ª

Uno de los centros clandestinos más emblemáticos del circuito represivo santafesino fue la ex Comisaría 4ª, ubicada en Tucumán y Zavalla.

Hoy el edificio está señalizado como Espacio de Memoria. Durante la dictadura funcionó como lugar de detención ilegal por el que pasaron cientos de personas (se contabilizan más de 250).

Quienes sobrevivieron relatan que llegaban encapuchados y eran alojados en celdas donde permanecían incomunicados. Los interrogatorios se realizaban en oficinas o habitaciones contiguas, con la participación de policías, militares y agentes de inteligencia.

Entre los represores que actuaron en ese circuito hubo también funcionarios judiciales. El caso más conocido es el del ex juez federal Víctor Hermes Brusa, condenado décadas después por participar en interrogatorios bajo tortura.

El campo de San Pedro

Para algunos detenidos, las comisarías eran apenas una escala.

Con el paso de los días podían ser trasladados a cárceles legales, como la prisión de Coronda, o directamente desaparecer.

Uno de los lugares más siniestros vinculados con ese circuito fue el Campo Militar San Pedro, ubicado cerca de Laguna Paiva.

Durante años, los vecinos hablaron en voz baja sobre movimientos nocturnos en ese predio del Ejército: camiones que entraban y salían, luces encendidas en medio de la oscuridad.

En 1985 los miembros locales de la CoNaDep recibieron la denuncia de un ex cuidador civil del campo y más tarde los miembros de los organismos de Derechos Humanos reclamaron ante la Justicia que se investigue la veracidad dicho testimonio.

Décadas después, en 2007 las investigaciones judiciales y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron lo que muchos sospechaban: allí había fosas clandestinas.

En 2010 se halló una de ellas con los restos de ocho personas desaparecidas durante la dictadura. A partir de estudios genéticos y peritajes forenses se logró identificar a seis: María Esther Ravelo, Gustavo Adolfo Pon, María Isabel Salinas, Carlos Alberto Bosso, Oscar Winkelmann y Miguel Ángel D’Andrea, todos militantes políticos secuestrados en 1977, en su mayoría en la ciudad de Rosario.

Otros dos cuerpos —un hombre y una mujer— aún permanecen sin identificar, mientras continúan las investigaciones para determinar si en ese mismo predio existen más enterramientos clandestinos.

Los desaparecidos

El terrorismo de Estado dejó una marca profunda en la provincia.

Se estima que al menos 300 personas vinculadas con Santa Fe fueron víctimas del aparato represivo, entre desaparecidos y asesinados. Sus nombres son recordados cada 24 de marzo en los actos llevados a cabo en la Plaza 25 de Mayo, junto a sus retratos que aparecen en pantallas gigantes.

Eran estudiantes universitarios, trabajadores, militantes políticos, docentes y sindicalistas. Muchos tenían poco más de veinte años.

Sus historias quedaron suspendidas en expedientes judiciales, en archivos de organismos de derechos humanos y en la memoria de familiares que durante décadas siguieron repitiendo la misma pregunta: dónde están.

Los niños robados

La represión tuvo también una dimensión silenciosa y brutal: la apropiación de cerca de 500 bebés nacidos en cautiverio.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo calcula que más de 300 personas aún podrían vivir sin conocer su verdadera identidad.

Hasta ahora se lograron restituir 140 identidades en todo el país. El último nieto recuperado, anunciado en julio de 2025, es un hombre, hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Nació en 1977 en el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca y fue buscado durante 47 años por su hermana Adriana.

En Santa Fe todavía hay familias que continúan buscando a hijos o hijas de desaparecidos nacidos en cautiverio o apropiados durante la dictadura.

Uno de los casos vinculados con la capital provincial es el de la familia Cortassa-Zapata, que busca a un nieto o nieta que debió nacer en febrero de 1977. Sus padres, Blanca Josefa Zapata y Enrique Cortassa, fueron secuestrados el 11 de febrero de ese año en un operativo perpetrado en Castelli al 4500 cuando ella estaba embarazada de nueve meses y tenían una beba.

Blanca y Enrique continúan desaparecidos. La niña —Carolina— recuperó su identidad a los 22 años y supo entonces que sus padres le habían puesto Paula. Su hermano o hermana nacido en cautiverio aún es buscado por la familia y por Abuelas de Plaza de Mayo.

Existen además otros casos vinculados con familias santafesinas que continúan la búsqueda de nietos apropiados, como Busaniche-Delgado, Valenzuela-Negro —Sabrina recuperó su identidad y busca a su mellizo—, Carlucci-Fina, Capoccetti-López Torres, Coutada-Lagrutta, Machado-González y Ayastuy-Bugnone.

Cada restitución es una historia que vuelve a empezar: un nieto que descubre su origen y una familia que recupera una parte de lo que le fue arrancado.

El camino hacia la justicia

Durante años, los responsables de estos crímenes permanecieron impunes.

Recién a partir de los años 2000, tras la anulación de las leyes de impunidad, comenzaron en Santa Fe los juicios por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad juzgó a militares, policías y civiles que participaron del circuito represivo del Área 212.

Uno de los procesos más emblemáticos fue la causa que terminó con la condena del ex juez Brusa y de varios policías por secuestros y torturas. El 23 de diciembre de 2009 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Brusa a 21 años de prisión y a varios integrantes de la policía provincial —Juan Calixto Perizzotti, Héctor Colombini, Eduardo Ramos, Mario José Facino y María Eva Aebi— por secuestros, tormentos y privaciones ilegales de la libertad cometidos contra 14 víctimas.

Desde entonces se realizaron múltiples juicios en los que se dictaron condenas —muchas de ellas a prisión perpetua— contra ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Los lugares donde la memoria permanece

Con el paso del tiempo, algunos de los edificios donde funcionaron centros clandestinos comenzaron a transformarse.

Donde antes hubo celdas, hoy hay placas. Donde hubo silencio, hay recorridos guiados, archivos y actividades educativas.

En la ciudad y la región existen varios sitios señalizados como espacios de memoria: la ex Comisaría 4ª, el campo de San Pedro y otros lugares vinculados al circuito represivo.

Son marcas en el territorio que recuerdan que lo ocurrido no fue un rumor ni una exageración: sucedió allí, en esas mismas calles.

Lo que queda

A casi cincuenta años del golpe militar, la memoria sigue siendo una tarea en construcción.

Cada juicio que termina, cada identidad recuperada y cada testimonio que se escucha en una escuela o en un tribunal vuelve a abrir la misma pregunta colectiva: qué ocurrió en esos años y cómo fue posible.

Hoy el contexto nacional es desfavorable. El gobierno encabezado por Javier Milei ha sido señalado por organismos de derechos humanos como negacionista. Funcionarios del oficialismo —en especial la vicepresidenta Victoria Villarruel— han relativizado o puesto en duda aspectos centrales del consenso social construido en torno al terrorismo de Estado.

Niegan la cifra de 30 mil desaparecidos, reivindican la llamada “teoría de los dos demonios” y han recortado áreas estatales dedicadas a políticas de memoria, verdad y justicia construidas desde el retorno democrático en 1983.

Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y el CELS sostienen que estas posturas implican una relativización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, mientras que el gobierno argumenta que busca revisar el relato histórico dominante sobre ese período.

Sin embargo, cada 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada busca mantener viva la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, rendir homenaje a los desaparecidos y reafirmar el compromiso democrático para que esos crímenes no se repitan.

Es que la democracia argentina se construyó sobre una convicción nacida del dolor y de la lucha de los organismos de derechos humanos: que los crímenes del terrorismo de Estado no prescriben, que los desaparecidos no pueden ser olvidados y que la memoria no es un ejercicio del pasado, sino una forma de proteger el futuro.

Porque allí donde hubo silencio todavía quedan voces que insisten en contar lo que pasó.

Y mientras esas historias sigan contándose, la ciudad de Santa Fe seguirá trazando —sobre el mapa de su propio territorio— las marcas de la memoria, la verdad y la justicia.