Funcionaria expulsada por ser la autora de leyendas antisemitas en boletas de impuestos

La jefa de Rentas de la municipalidad de General Campos, Marta Troche, admitió hoy ser la responsable de la aparición de leyendas antisemitas en una de las boletas de impuestos de ese municipio del noreste entrerriano.

El intendente de la localidad, Pablo Martínez, reveló esta tarde que la funcionaria fue la primera en declarar ante el asesor legal del Municipio, Juan Pablo Arlettaz, y que en la entrevista reconoció haber sido la autora del hecho que conmocionó a esa localidad cercana a Concordia.

Martínez reveló que en una de las boletas municipales distribuidas en una casa de calle Mitre apareció la leyenda: “Haga Patria, Mate un Judío“.

Martínez explicó que General Campos es un pueblo de 4.000 habitantes, ‘fundado casi por judíos“ y recalcó que hasta ahora ‘hay una sola boleta que se ha entregado con esta leyenda‘.

‘Estamos viendo si aparece alguna más y por eso pedimos a los vecinos que nos acerquen las pruebas que posean‘, dijo el jefe comunal.

Martínez comentó también que la jefa de Rentas presentó su renuncia al cargo, luego de hacerse responsable del hecho.

El intendente recalcó que la funcionaria ‘será expulsada del municipio‘ y que se continuará con la investigación para determinar si existen otros implicados.

Apenas salió a la luz el hecho la DAIA, entidad representativa de la comunidad judía argentina, expresó su ‘más enérgica condena‘ frente a un ataque antisemita de una ‘gravedad sin precedentes‘ perpetrado en la localidad entrerriana de General Campos.

‘Este hecho inédito por su gravedad e implicancias, sólo puede merecer la condena unánime de las autoridades y de todos los sectores sociales y la exhaustiva investigación para individualizar a los funcionarios culpables y castigarlos con todo el peso de la ley‘, sostuvo la DAIA en un comunicado.

En ese sentido, antes de ser expulsada la funcionaria, la entidad había señalado que ‘las autoridades municipales son responsables de lo ocurrido y más allá de la investigación judicial se deben aplicar todas las sanciones administrativas y la consiguiente remoción del cargo a quien corresponda‘.

‘No puede ocupar la función pública quien por acción u omisión promueve o tolera el odio racial y religioso al extremo de impulsar el crimen‘, afirmó la DAIA. (Télam)

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