Empresas constructoras denuncian imposición del gobierno provincial en la reparación de la ruta provincial 23

Mediante el presente comunicado, NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A. y LAROMET S.A., adjudicatarias de la obra vial identificada, hacemos pública nuestra posición frente a la postura unilateral del Gobierno Provincial de imponernos la ejecución de los trabajos de reconstrucción de la Ruta Provincial Nº23 por un monto que no cubre el costo real de la obra. La diferencia entre lo ofrecido por el Estado provincial y el costo efectivo genera una pérdida directa de más de $6.000 millones de pesos que deberá ser absorbida con recursos de nuestro propio patrimonio.

Los hechos

El costo real de la obra de reconstrucción que debemos ejecutar asciende a $44.000 millones de pesos. El Estado provincial impuso abonarnos $30.900 millones, lo que no solo elimina por completo nuestro margen de beneficio, sino que nos impone una pérdida directa de más de $6.000 millones de pesos que deberemos cubrir con recursos propios.

Una situación de grave injusticia contractual

Una vez finalizados los trabajos conforme al proyecto elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se detectaron deformaciones provocadas por deficiencias del propio proyecto original que no fueron previstas por esa repartición, e imposibles de detectar por esta contratista con la documentación provista para la ejecución del contrato, y que derivaron en la rotura prematura de la ruta. Estas anomalías son de carácter preexistente y completamente ajenas a nuestra responsabilidad como contratistas; sin embargo, la DPV se niega a reconocerlas y a asumir el impacto económico que sus propios errores generan.

Consideramos inaceptable que el Gobierno Provincial nos exija ejecutar con nuestros propios recursos una obra de reconstrucción de mayor envergadura, como consecuencia directa de las deficiencias del proyecto original. Ese proyecto no contempló adecuadamente las condiciones reales del terreno, y ahora el Estado Provincial pretende trasladarnos las consecuencias de esa falta de previsión.

Compromiso con el bien público

A pesar del flagrante perjuicio económico que implica esta situación, hemos decidido avanzar con la finalización de la obra, priorizando el cumplimiento de nuestros compromisos y la preservación de nuestra reputación. Lo vamos a hacer para salvar nuestro buen nombre, y acotar los perjuicios ocasionados ya que, a la fecha, nos encontramos con la imposición de la retención de los cobros de los certificados de esta y otras obras, impuesta por el gobierno. Pero que quede claro: lo hacemos a pérdida, con recursos propios y patrimoniales.

Asimismo, una vez concluidos los trabajos, solicitaremos formalmente los estudios técnicos necesarios para verificar y documentar el estado final de la ruta, con el objetivo de demostrar que la obra entregada supera ampliamente lo proyectado originalmente.