Los recientes movimientos en el extremo sur del globo ha reavivado la preocupación argentina por el futuro de una de las porciones más grandes del territorio nacional, la parte antártica.
En ese año finaliza el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y cada una de las partes consultivas puede solicitar su revisión.

Los recientes movimientos en el extremo sur del globo ha reavivado la preocupación argentina por el futuro de una de las porciones más grandes del territorio nacional, la parte antártica.
A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Inteligencia de Estado de la República Argentina (SIDE) compartió un comunicado genérico sobre las pretensiones soberanas de Argentina para con la Antártida y la preocupación de cara al 2048, una fecha clave en la discusión sobre el continente blanco.
“El Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe toda explotación de estos recursos salvo con fines científicos, pero a partir de 2048 cualquier Parte Consultiva podrá convocar una conferencia de revisión. Cuando eso ocurra, la posición de cada Estado dependerá de su historial de presencia, su infraestructura instalada y su contribución científica acumulada”, indicó la Secretaría de Inteligencia.
Dentro de 22 años no “vence” el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, pero si se habilita la posibilidad de que cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico pueda convocar una conferencia de revisión del funcionamiento del Protocolo
El documento en cuestión designa a la Antártida como una “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia” (art. 2). En el artículo 3 del Protocolo se establecen principios básicos aplicables a las actividades humanas en la Antártida. Mientras que el artículo 7 prohíbe todas las actividades relacionadas con los recursos minerales excepto las que tengan fines científicos. El Protocolo establece en su Apéndice el procedimiento para la constitución y funcionamiento de un Tribunal Permanente de Arbitraje.
“El Protocolo establece que si se convoca una conferencia de revisión, este puede ser modificado o enmendado por la mayoría de todas las Partes, incluidas las tres cuartas partes de las Partes Consultivas en el momento de la aprobación del Protocolo”, indica la Secretaría del Tratado Antártico y agrega: “Cualquier modificación o enmienda sólo entrará en vigor con el acuerdo de las 26 Partes Consultivas que aprobaron el Protocolo en 1991”. Argentina es una de ellas.
Actualmente hay 29 países con estatus consultivo en el Tratado Antártico: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chile, China, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Ucrania y Uruguay.
El mensaje compartido el pasado jueves apela a los inicios de la presencia argentina en la Antártida: “La presencia ininterrumpida de la República Argentina en la Antártida desde 1904 constituye un activo estratégico sin equivalente en la región y de creciente relevancia geopolítica global”, en alusión a la Base Orcadas, la instalación de mayor permanencia continua de toda la Antártida.
En relación a la eventual discusión de 2048, la SIDE refuerza: “Concentra recursos estratégicos de escala planetaria: el 70% de las reservas mundiales de agua dulce, enormes reservas de hidrocarburos, minerales críticos y krill (crustáceo)”.
Su reclamo en base a la pretensiones argentinas es concreto: “Argentina reclama soberanía sobre 1.461.597 km² del Sector Antártico Argentino, fue el primer país en establecerse de manera permanente en el continente y mantiene la red de bases más extensa entre todos los Estados con presencia antártica”.
Algunas de las cifras que comparten afirman que el país administra 13 bases antárticas, de las cuales 7 son permanentes y 6 de verano, “más que cualquier otro país del mundo”. En la Campaña Antártica de Verano actual hay desplegados un total de 1.365 efectivos de las tres Fuerzas Armadas junto a equipos científicos y técnicos.
A comienzos de este mes de febrero Chile encabezó mediante su Instituto Antártico una misión antártica a la par de Reino Unido y la presencia de diplomáticos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, con ejercicios conjuntos vinculados al acceso y logística bajo el nombre de Operación Austral Endurance.
Luego de tres días en la isla Rey Jorge, en el Territorio Chileno Antártico, se consolidó aún más el ya vigente Plan Estratégico Antártico 2026-2030, el cual representa un paso hacia adelante en relación al accionar argentino.
La Embajada Argentina en Chile a cargo de Jorge Faurie no emitió comunicados al respecto ni a modo de rechazo ni declinando una invitación que de momento se desconoce si existió.
Toma relevancia ante el hecho de que Argentina, Chile y Reino Unido mantienen reclamos territoriales superpuestos en la Antártida y un historial de incidentes relacionados a reclamos de soberanía, los cuales incluyen intervenciones militares británicas en el siglo pasado.
No es la primera vez que Argentina y Chile desde la coincidencia de las gestiones de Javier Milei y Gabriel Boric tiene cruces indirectos. En junio de 2024 la Armada Argentina inauguró un “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo” en Tierra del Fuego e instaló unos paneles solares utilizados para proveer electricidad tres metros dentro del territorio chileno, provocando una serie de advertencias.
En otro plano, pero también dentro del rubro diplomático, ambos gobiernos poseen sus propios candidatos al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas con firmes probabilidades de éxito y evidentes disidencias ideológicas: Rafael Grossi (Argentina) y Michelle Bachelet (Chile).




