El único condenado por el triple crimen de Alcasser, otra vez en la mira de la justicia

Una juez de Barcelona ha acordado este jueves dejar en libertad al único condenado por el crimen de Alcàsser, Miguel Ricart, que fue detenido el pasado martes por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana por estar al frente de un narcopiso de la calle Aurorar del barrio del Raval.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado, la titular del Juzgado de instrucción número 18 ha dejado en libertad con cargos a Ricart y al otro detenido, ambos por un delito contra la salud pública, después de que la Fiscalía no haya solicitado ninguna otra medida. Ambos detenidos han designado un domicilio en Barcelona y no tienen antecedentes que cuenten para esta causa. Ambos están obligados a comparecer quincenalmente en el juzgado.

Ricart, de 53 años, fue detenido el pasado martes por la tarde en el interior de un narcopiso del número diez de la calle Aurora, donde los agentes intervinieron 26 gramos de cocaína, 7 gramos de heroína y pequeñas cantidades de hachís. También localizaron una báscula de precisión y una pequeña cantidad de dinero en metálico. Ni Ricart ni el otro detenido se han negado a declarar.

El caso Alcasser

El caso conmocionó a España: tres adolescentes desaparecieron en la localidad valenciana de Alcácer (Alcasser), mientras hacían dedo para asistir a una fiesta estudiantil. Fueron halladas, días después, semienterradas en una fosa del paraje La Romana, a unos treinta kilómetros del lugar donde fueron vistas por última vez. Los cuerpos estaban envueltos en una alfombra, maniatados y en avanzado estado de descomposición, pero -a simple vista- habían sido mutilados. Después de las autopsias, se supo que las tres chicas habían sido abusadas sexualmente y torturadas antes de morir. Se trataba de Míriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folch (Desirée), de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez (Toñi), de 15 años, quienes habían salido juntas en la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992.

La pista para dar con el primer sospechoso fue el resultado de un análisis de sífilis hallado en la misma fosa. En el documento, constaba el nombre de Enrique Anglés, en quien se centró la investigación. Sin embargo, el tal Enrique sufría una discapacidad intelectual y los detectives sospecharon que su hermano Antonio -ya fichado por delitos anteriores- podría haberlo sustituido en el efector sanitario para realizarse la prueba de sangre.

Mientras, las autopsias determinaron que al menos cinco hombres estuvieron involucrados en la violación y posterior asesinato y disposición de los cadávares de las chicas: posteriores estudios de ADN determinaron la participación de los dos hermanos más un tercero, Mauricio Anglés, quien por entonces era menor de edad, y un cuarto hombre, Miguel Ricart, quien finalmente reconoció su participación en los hechos y fue el único condenado en el caso.

Ricart fue sentenciado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato, con los agravantes de “despoblado” y “ensañamiento”; además, se le impusieron las costas judiciales y una indemnización monetaria para las familias de las víctimas. Sin embargo, Ricart salió en libertad en 2013 por una reducción de penas que en España se conoce como Doctrina Parot, paralela al argentino “dos por uno”.