Londres congela la entrega de las Islas Chagos a Mauricio por presión de Trump

Londres había aceptado en mayo del año 2025 iniciar la restitución de la soberanía de las Islas Chagos tras décadas de disputa y una recomendación clave de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitida en 2019.

El pacto original estipulaba que el Reino Unido entregaría el archipiélago pero mantendría el control operativo de la base de Diego García por un periodo de 99 años a cambio de un canon económico.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Si bien inicialmente hubo señales de consenso, el mandatario estadounidense endureció su postura en los últimos meses, convirtiendo el acuerdo en un punto de fricción directa entre Londres y Washington.

Ante esta falta de sintonía, un portavoz de Downing Street fue tajante: "Solo avanzaríamos con el acuerdo si contaba con el apoyo de EE. UU.".

Diego García: El portaaviones inhundible del Índico

La relevancia de este archipiélago no es meramente territorial, sino militar. La base de Diego García se ha convertido en un activo indispensable para el Pentágono, especialmente en el marco de la actual guerra en Oriente Medio.

Actualmente, es una de las dos plataformas que el Reino Unido autorizó para las operaciones de Washington contra objetivos en Irán.

Históricamente, la base ha sido el punto de lanzamiento fundamental para las incursiones en Irak (1991 y 2003) y los bombardeos en Afganistán en 2001.

Para el gobierno de Starmer, garantizar la seguridad operativa a largo plazo de este "activo militar fundamental" es la prioridad absoluta, incluso si eso implica postergar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.

El dilema legal y el drama humano de los chagosianos

La pausa en el acuerdo reabre un capítulo oscuro en la historia de la descolonización británica. Cuando Mauricio se independizó en la década de 1960, Londres mantuvo el control de Chagos y expulsó a miles de habitantes autóctonos para facilitar la instalación de la base militar.

Desde entonces, los nativos han librado una batalla legal en las cortes británicas buscando indemnizaciones y el derecho al retorno.

Keir Starmer ha defendido en el pasado que la transferencia de soberanía era la única vía para dotar de seguridad jurídica a la base ante los cuestionamientos de la legislación internacional. Con esta marcha atrás, el estatus del archipiélago vuelve a quedar en un limbo diplomático, supeditado a las exigencias estratégicas de la administración Trump y a la creciente tensión global.