Panamá anuló la concesión de los puertos del canal a una firma de China tras la presión de EE.UU.

La Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el contrato que le permitía a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings operar las terminales de Balboa y Cristóbal, en las dos puntas del Canal de Panamá. Estados Unidos celebra la decisión y China salió a expresar protestas.

La sentencia invalida la concesión de Panama Ports Company, la filial que administraba desde los 90 dos terminales estratégicas: Balboa (lado Pacífico) y Cristóbal (lado Atlántico), separadas de la operación del canal en sí, pero clave para el negocio de contenedores y transbordos.

El pronunciamiento llegó después de una auditoría de la Contraloría panameña que cuestionó la prórroga por 25 años otorgada en 2021 y señaló irregularidades en el proceso. En esa línea, la Corte declaró inconstitucionales las normas y actos que sustentaban el contrato.

El trasfondo político indica que la administración de Donald Trump Casa Blanca convirtió el tema en prioridad hemisférica y empujó la decisión como asunto de “seguridad nacional”, con participación del secretario de Estado Marco Rubio. Panamá, por su parte, venía insistiendo en que Pekín no controla el canal. Pero el conflicto igual escaló.

Protesta de China

La medida disparó rechazo en Hong Kong y en Beijing. Reuters reportó que voceros chinos dijeron que tomarán medidas para defender los intereses de sus empresas, y que autoridades hongkonesas criticaron el uso de “métodos coercitivos” en disputas comerciales.

"El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas", afirmó el Ministerio de Exteriores Guo Jiakun, sin entrar a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño.

La operadora, en tanto, sostuvo que el fallo “carece de base” y advirtió que podría iniciar acciones legales en Panamá y en el plano internacional; también recordó inversiones realizadas en las terminales.

Qué pasará ahora

El presidente José Raúl Mulino buscó llevar calma: dijo que los puertos seguirán operando sin interrupciones ni despidos mientras se ejecuta el fallo y se arma el esquema de reemplazo.

En ese plan aparece un nombre fuerte: una subsidiaria local de A.P. Møller–Maersk (APM Terminals) manifestó disposición para operar temporalmente las terminales durante la transición hasta una nueva concesión.

El caso, además, mete ruido en una operación global: la decisión judicial complica el plan de CK Hutchison de vender un paquete de puertos por US$ 23.000 millones a un consorcio que incluía a BlackRock y a Mediterranean Shipping Company, justamente porque los activos panameños son los más sensibles del lote.